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Departamento de Elon Musk tendrá acceso a datos personales de inmigrantes en Estados Unidos

El DOGE, dirigido temporalmente por Elon Musk, obtuvo acceso a bases judiciales que contienen información confidencial sobre inmigrantes. Expertos advierten posibles riesgos de vigilancia masiva y violaciones a la privacidad.

El DOGE podrá acceder a datos sensibles de inmigrantes en Estados Unidos. Foto: EFE
El DOGE podrá acceder a datos sensibles de inmigrantes en Estados Unidos. Foto: EFE

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una polémica entidad del gobierno estadounidense actualmente liderada por Elon Musk, recibió autorización para acceder al Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (ECAS). Este repositorio contiene registros sensibles de inmigrantes documentados y sin estatus legal en Estados Unidos, incluyendo testimonios judiciales, datos de contacto e interacciones con autoridades.

Según documentos revelados por The Washington Post, un grupo de asesores del DOGE podrá consultar este sistema sin restricciones aparentes. Aunque no se ha especificado el propósito exacto de este acceso, la iniciativa se alinea con otros esfuerzos recientes del DOGE para recopilar información de distintas agencias gubernamentales. Organizaciones defensoras de los derechos civiles han manifestado su preocupación por el uso de estos datos en prácticas de vigilancia y persecución, particularmente hacia comunidades vulnerables.

DOGE recibe autorización para buscar información personal de inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha autorizado a aproximadamente media docena de asesores del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a acceder al Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (ECAS). Este sistema contiene registros detallados de inmigrantes que han interactuado con el sistema de inmigración estadounidense, incluyendo nombres, direcciones, testimonios ante las cortes y sus interacciones con las fuerzas del orden.

El acceso del DOGE a ECAS ha suscitado preocupaciones entre expertos en privacidad y derechos civiles. De acuerdo a un informe de Wired, la American Civil Liberties Union (ACLU) ha presentado una demanda federal contra la Administración del Seguro Social y el Departamento de Asuntos de Veteranos, alegando que estas agencias ignoraron solicitudes de información relacionadas con los intentos del DOGE de acceder a bases de datos federales sensibles. La ACLU argumenta que tales acciones podrían violar la Ley de Privacidad y poner en riesgo la información personal de millones de personas.​

¿De qué otras agencias está recogiendo datos DOGE?

Además del acceso al ECAS, el DOGE ha incorporado datos procedentes de la Administración del Seguro Social (SSA), la Agencia Tributaria (IRS) y registros electorales estatales, como los de Pennsylvania y Florida. Fuentes del DHS confirmaron a Wired que esta información ya está siendo transferida a una base centralizada alojada en plataformas como Palantir Foundry, empresa conocida por su colaboración con fuerzas de seguridad.

Los registros del IRS y la SSA contienen datos como números de Seguridad Social, historial médico, situación financiera, direcciones residenciales, y detalles sobre estatus migratorio. La magnitud de esta consolidación ha generado preocupación entre legisladores demócratas. El congresista Gerald Connolly solicitó formalmente una investigación sobre la creación de lo que denominó una “base de datos maestra”, que presuntamente ya incluiría perfiles de millones de personas.

Adicionalmente, el DOGE ha obtenido permisos para conectarse al sistema myUSCIS, una plataforma donde inmigrantes gestionan trámites de visado, solicitudes de asilo o residencia. La combinación de estos registros con direcciones IP permitiría ubicar físicamente a individuos con gran precisión. Expertos en privacidad advierten que esta posibilidad representa una amenaza directa a los derechos fundamentales y podría dar pie a deportaciones masivas sin supervisión judicial adecuada.