Ley que restituye el financiamiento de empresas a partidos políticos no evita el ‘pitufeo’
La norma aprobada en el Congreso argumenta que quitar la restricción a los grupos empresariales evitará el ingreso de dinero mal habido, sin embargo, esto no tiene sustento en la realidad, según especialistas consultados por La República
Haciendo uso de falsos argumentos, las bancadas que dominan el Congreso lograron la aprobación de la ley que restituye el financiamiento privado de empresas a los partidos políticos.
Así lo confirma Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP), quien explicó a La República que la narrativa construida por Renovación Popular y sus aliados sobre que la Legislación del 2017 abrió las puertas para el ingreso de dinero mal habido, al impedir que empresas aporten a los partidos, es falsa.
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Prueba de ello, explica el especialista, es que aún cuando se permitía el aporte de personas jurídicas con fines de lucro, estas no lo hacían a título directo, sino por medio de terceros.
“Digamos, nunca aparecía el Banco de Crédito, sino personas ligadas a él”, ejemplifica Tuesta, quien hace referencia a los aportes irregulares que hizo Dionisio Romero, del grupo Credicorp, a Keiko Fujimori para su campaña electoral del 2011. Se trata de 3 millones 600 mil dólares entregados en 17 partes en beneficio de Fuerza Popular.
Lo mismo postula el experto en derecho electoral José Jauregui, quien indicó para este medio que, en la práctica, cuando una empresa inyecta capital a un partido no lo hace directamente para no ser vinculado a ninguna agrupación política que luego resulte “antipática” a la población.
Para ello recurren a la modalidad criminal de ‘pitufeo’, precisa Jauregui. En esta práctica la empresa recurre a varios aportes menores o fraccionados, realizados por personas naturales, para que no llamen la atención de los mecanismos de control en el sistema bancario
“Se trata de aportantes fantasmas para explicar una donación más grande. Lo mismo que hizo el grupo Romero, lo hizo la empresa brasileña Odebrecht, que entregaron dinero a Fuerza Popular y el partido se habría encargado de ‘lavarlo’ por medio de aportantes anónimos y actividades proselitistas”, indica el especialista.
Asimismo, alerta de que a pesar de que la norma aprobada por el Congreso permita los aportes de grupos comerciales, probablemente se siga optando por el ‘pitufeo’ porque el sector privado no quiere tener conexión con la política.
“Ellos nunca querrán abiertamente vincularse a la política porque perjudica su imagen. Decir que ahora van a donar y que eso generará una gran transformación es falso. Es un argumento cínico respecto a aceptar que la democracia es pagada por alguien. Tiene más de cinismo que de realidad. Sin ningún reparo se está aceptando que grandes empresas controlen el país y la agenda pública, que es algo que ya se hace”, enfatizó.
En ese punto, Jauregui remarca que el efecto del dinero privado en la política es nocivo, pues se convierte en una forma de controlar a los partidos y de pagar la democracia peruana. “Produce condiciones de oligarquías o élites que tienen acceso a controlar el poder”, expresa.
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Respaldo a la criminalidad y falta de transparencia
Por otro lado, la norma aprobada por el Congreso también restituye los aportes anónimos argumentando, según se lee en la iniciativa legislativa, que el “anonimato puede resultar saludable en los casos en los que el partido político que recibe la donación desconoce el origen del dinero que recibe y la identidad del aportante”.
Una vez más, esto es objeto de alerta por parte de la mirada experta.
El sociólogo Fernando Tuesta precisa que con ello se estaría faltando al principio de transparencia. “Se está permitiendo que las personas depositen a través del Banco de la Nación y, así, el partido no sabe quien ha aportado. ¿El partido no sabe? No sabrá porque no se lo dirá la ONPE, pero sí se lo podrá decir el aportante, finalmente tiene un comprobante, por el contrario no se va a conocer dichos nombres lo cual atenta con la transparencia”, dijo.
De la misma forma, el letrado José Villalobos coincide en que se estaría negando a la ciudadanía el derecho a saber quiénes fueron los aportantes.
“Deberían ser aportes públicos, no puede haber confidencialidad. Eso se ha querido combatir antes, el secretismo y aporte bajo la mesa. Si el elector no sabe quien aportó no puede hacerse un juicio de valor para emitir un voto. Es la parte perversa de la ley”, resalta.
