A un año de las elecciones, Perú desgarrado por el crimen: 4.256 asesinatos y 6.412 denuncias por extorsión
Mientras, los homicidios, la extorsión y el sicariato alcanzan cifras sin precedentes, los partidos en el gobierno prosiguen con una agenda que busca mantenerlos en el poder y donde la vida y la seguridad de los peruanos no tienen un lugar.
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El Perú se desangra, pero a los partidos que gobiernan de facto el país esto los tiene sin cuidado. La vida no importa, solo las ansias de poder y control les interesa. Los homicidios, la extorsión y el sicariato alcanzan cifras sin precedentes y nadie se siente seguro de salir de casa y regresar con vida.
Entre el 1 de enero y el 8 de abril de 2025, el Sistema de Información de Defunciones, SINADEF registró 597 homicidios, cifra muy superior a cualquier año anterior durante el mismo período. Respecto al 2021 son 244 homicidios más. El Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional informa que se han presentado 6,412 denuncias por extorsión hasta el 31 de marzo de 2025. Un 14% más que en el mismo periodo del 2024.
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“Cada 49 minutos se ha registrado una denuncia, en promedio, por extorsión entre enero y marzo del año 2025. En los 3 primeros meses del año 2025 en comparación con el mismo período del año 2024, las denuncias por extorsión se han incrementado en 27.8% en Lima Metropolitana”, advierte el ingeniero y analista de datos Juan Carbajal.
4,256 asesinatos en el gobierno de Dina Boluarte
Presidenta Dina Boluarte considera que no es su responsabilidad enfrenta la violencia en el país
El registro diario de asesinatos que realiza La República contabiliza 4,256 personas que perdieron la vida de forma violenta en el gobierno de Dina Boluarte, desde diciembre de 2022. No existe evidencia que indique que estas personas murieron en una sangrienta guerra de pandillas, bandas, barras bravas o mafias criminales. Se trata de asesinatos que ocurren en cualquier calle, parque, restaurante, discoteca, bar, bus de transporte público, en la puerta de una casa, sin conexión entre unas y otras.
Desde septiembre de 2024 se contabilizan 30 conductores de transporte público asesinados, en varios casos, cuando conducían los autobuses con pasajeros. Una situación que llevó al 98% del transporte público a realizar un paro de 24 horas, el pasado 9 de abril, que detuvo la ciudad.
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Pese a todo los congresistas se negaron a recibirlos. Una falta de sensibilidad con los colegas, amigos y familiares, de las víctimas que no es un hecho aislado. El gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República siguen una agenda propia en la que no se incluye mirar ni escuchar el clamor ciudadano para proteger la vida y dar seguridad y paz a los peruanos.
Los partidos en el gobierno no escuchan ni ven nada
Los partidos de gobierno legislan para asegurar su permanencia en el poder
“No es responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo” brindar seguridad a los ciudadanos", afirmó Dina Boluarte, mientras la ciudad estaba paralizada por el paro del transporte público. “Paralizar Lima y Callao significa mucho dinero al Estado”, se quejó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, horas antes de presentarse en el Congreso. Sin embargo, en el hemiciclo se le vio más bien preocupado por defender a la presidenta Boluarte de las investigaciones por corrupción y asesinato que le realiza el Ministerio Público.
En el Congreso, las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, lideradas por Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Rafael Lopez Aliaga y César Acuña solo están interesados en auto protegerse de cara al proceso electoral que arranca este 12 de abril y a favor de los grupos económicos que financiaran la propaganda electoral.
Modifican la ley de extinción de dominio a favor de la corrupción y el lavado de activos
Mesa de Trabajo sobre seguridad en el transporte público
Un día después del paro del transporte y mientras seguían los asesinatos, el Congreso aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio que exige una sentencia previa, en casos de lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Esto provocará el archivo de unos 5 mil expedientes informó la fiscalía de la Nación.
En tanto, hicieron oídos sordos al clamor del Ministerio Público y el Poder Judicial para revisar leyes a favor del crimen organizado que han debilitado e incluso paralizado la investigación al crimen, bajo la excusa de potenciar a la Policía Nacional. En lugar de eso, el 9 de abril, La Comisión de Constitución del Congreso aprobó modificar su reglamento para que sea posible suspender por tiempo indefinido a los altos funcionarios, en especial, a fiscales supremos, jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con 50 votos, en lugar de los 67 que pide la norma actual.
Una forma encubierta para someter al interés político al sistema judicial y electoral. Esto quedó claro en la decisión del JNE de ejecutar la inhabilitación que el Congreso impuso al expresidente Martín Vizcarra para ejercer cargo público, más allá de lo que manda la Constitución. El JNE, para no ser acusado por el Congreso, interpretó que la inhabilitación también incluía realizar actividad política como militante y fundador de Perú Primero. Una decisión que también alcanza al exministro de Salud Víctor Zamora, como militante de Fuerza Ciudadana.
Mientras, en los siguientes días los parlamentarios discutirán las acusaciones contra el exministro Salvador del Solar, por la disolución del Congreso en 2019, y el expresidente Francisco Sagasti, por pasar al retiro a altos mandos de la Policía, que tienen como único objetivo impedirles realizar actividad política y ser candidatos.
Una interpretación auténtica a favor de la presidenta
De otro lado, el 11 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) reinterpretó el artículo 117 de la Constitución para concluir que un presidente en ejercicio no puede ser investigado por un delito común mientras ejerce el cargo. Con esta interpretación auténtica archivaron la denuncia contra Dina Boluarte por el caso de los Rolex de su wayki, Wilfredo Oscorima. Antes del 11 de abril, el Congreso creía que un presidente si podía ser investigado, como en el caso del detenido expresidente Pedro Castillo o la inhabilitación, anulada por el Poder Judicial, de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Inmediatamente, después enviaron al archivo la denuncia contra seis congresistas por usar fondos públicos para asistir al cumpleaños de un legislador en Trujillo, región La Libertad. Previamente, aprobaron una norma que les permite, a diferencia de otros funcionarios, ser candidatos al nuevo parlamento sin renunciar previamente al cargo, lo que les permitirá utilizar fondos públicos en sus viajes de campaña. Solo ellos importan, el resto que se desangre.
