Los promotores del despojo en la Amazonía peruana
Grave. Deforestación, narcotráfico e intereses empresariales se superponen en las tierras ancestrales de los últimos indígenas kakataibo. Además, el Estado actúa contra esta etnia al haber otorgado concesiones en la Comunidad Unipacuyacu y la Reserva Kakataibo Sur cuando ya era zona intangible.
Por Elizabeth Salazar y Geraldine Santos
En los caseríos amazónicos de la región Huánuco, donde los días son cortos por la falta de fluido eléctrico, que un celular suene cerca de la medianoche es casi siempre señal de mal augurio. Édgar –lo llamaremos así por seguridad– contestó somnoliento. Apenas logró escuchar la voz al otro lado de la línea antes de que se cortara, pero el mensaje era claro: lo estaban vigilando.
El interlocutor sabía que al día siguiente unas personas llegarían a su chacra y le ordenó cancelar el encuentro porque ‘su vecino’ no quería visitas. Ese vecino es una pista de aterrizaje clandestina construida por el narcotráfico para enviar droga a Bolivia y Brasil. Una grieta abierta en el bosque que habitan los últimos indígenas kakataibo del Perú.
Este pueblo de tradición guerrera vive entre las regiones de Huánuco, Ucayali y Loreto, alrededor de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, un área intangible donde habitan indígenas en aislamiento voluntario de la misma etnia, y que recién fue reconocida por el gobierno en 2021.
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Desde la pandemia, los invasores y redes criminales se han extendido en la zona, cobrando la vida de los kakataibo que luchan por proteger sus tierras. Solo en el sector Kakataibo Sur, que atraviesa los distritos de Codo del Pozuzo (Huánuco) y Padre Abad (Ucayali), cinco de sus habitantes fueron asesinados desde el año 2020 tras recibir amenazas del narcotráfico.
En este reportaje se expone a los promotores del despojo de la selva Kakataibo Sur, donde existen seis comunidades nativas: Santa Martha, Sinchi Roca I, Sinchi Roca II, Puerto Nuevo, Unipacuyacu y Puerto Azul.
El cruce de datos georreferenciados, obtenidos a través de pedidos de acceso a la información y el scrapeo de portales públicos y plataformas de la sociedad civil, muestra el daño provocado por los invasores y el crimen organizado, pero también la responsabilidad del Estado al seguir otorgando permisos extractivos y títulos privados en un territorio que históricamente le pertenece a los indígenas.
Narcopistas y nuevas concesiones mineras
En esta porción de la Amazonía, los ilegales han construido 11 pistas de aterrizaje clandestinas. Tres de los aeródromos ilegales se ubican a solo 12 y 8 kilómetros de distancia del Área de Conservación Regional, a orillas del río Pozuzo.
Esta ubicación les permite conectar con caminos de trocha por las que se transporta la droga desde la capital de la provincia de Puerto Inca.
El narcotráfico construyó su cuarta y quinta pista en el área de ampliación solicitada por Puerto Azul, mientras que un sexto aeródromo ilegal se ubica dentro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en el límite con la Reserva Indígena Kakataibo Sur.
Las últimas cinco pistas están esparcidas dentro del área que logró titular la comunidad Santa Martha y del territorio que sus líderes reclaman como zona de ampliación.
Desde hace tres décadas las plantaciones ilegales se propagan en todos los pueblos kakataibo y hoy están presentes incluso dentro de la Reserva Indígena, especialmente en el tramo que limita con el área de ampliación de Puerto Azul hasta la frontera con la comunidad nativa de Unipacuyacu, el único que no ha sido titulado.
La pérdida de cobertura forestal en estos bosques se debe a los cultivos ilícitos de coca, y a la presencia de madereros ilegales, agricultores y ganaderos que siembran pastizales para alimentar a sus animales.
Al menos el 19,3% de las 275.203 hectáreas que ocupan las comunidades nativas, sus zonas de ampliación, el Área de Conservación Regional y la Reserva Kakataibo Sur están deforestadas.
Al impacto causado por los invasores y las actividades ilícitas se suma el Estado: en el área analizada hay dos concesiones petroleras y una forestal vigente, otorgadas antes del reconocimiento de la Reserva Kakataibo Sur, pero imágenes satelitales y documentos analizados confirman que el Estado aprobó cuatro concesiones mineras en este territorio cuando ya se había declarado su carácter intangible.
Estas cuatro concesiones mineras que se superponen con la Reserva Indígena Kakataibo Sur y la comunidad nativa Unipacuyacu, fueron autorizadas por Henry Luna Córdova, presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet); y por Vilma Vilcas Melchor, de la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco, entre mayo de 2023 y julio de 2024. El área total es de 2.000 hectáreas.
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Dentro de Unipacuyacu identificamos un pedido de concesión minera que se superpone con 400 hectáreas de la comunidad nativa, y otra solicitud de 100 hectáreas que cruza parcialmente la Reserva Indígena.
También se identificaron tres petitorios dentro del territorio titulado por la comunidad nativa de Puerto Azul, otros seis en sus bosques colindantes y en la zona solicitada como ampliación, y uno más que atraviesa la comunidad de Puerto Nuevo.
Unipacuyacu es el único de los pueblos kakataibo que no ha sido titulado. El trámite está encarpetado en el Gobierno Regional de Huánuco desde hace casi tres décadas. Su territorio ancestral comprende 22.946 hectáreas, pero el tráfico de tierras, narcotráfico y tala ilegal los han arrinconado en el 0,01% de esta área.
“Hay caminos que no podemos pasar porque hay personas armadas. Nos han despojado de nuestra propia tierra”, dice uno de los comuneros.
Ellos mantienen vivo el recuerdo de su líder Arbildo Meléndez, activo promotor de la titulación de Unipacuyacu, y el primer defensor ambiental asesinado durante la pandemia. En 2008, el entonces alcalde de Puerto Inca, Leonidas Núñez Vera, creó el centro poblado Nueva Libertad dentro del territorio de la comunidad y, con ello, permitió el avance de ganaderos y agricultores.
Hoy, los datos satelitales y mapas de Devida muestran que las plantaciones ilegales se han expandido en la zona ocupada.
El empresario con más tierras
Santa Martha fue la tercera comunidad kakataibo en obtener un título y el único que esta etnia consiguió en Huánuco. En 1986, los líderes indígenas inscribieron 14.699 hectáreas de su territorio ancestral y seis años después, en 1992, pidieron una ampliación de 18.596 hectáreas, pero casi en paralelo dicho territorio se convirtió en zona de disputa: indígenas y foráneos empezaron a parcelar y vender los lotes sin acreditar la posesión.
Los datos del Sistema Catastral para Predios Rurales (Sicar) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego revelan que el 91,7% de la zona de ampliación Santa Martha ya fue entregado a terceros. En total, 318 predios obtuvieron su inscripción en Registros Públicos y en el catastro rural de Huánuco.
De acuerdo con nuestro análisis georreferencial, el dueño de la mayor cantidad de hectáreas en esta zona de ampliación Santa Martha es Ricardo Cillóniz Champín, presidente ejecutivo de Corporación Aceros Arequipa, la principal siderúrgica del Perú.
Aceros Arequipa no tiene inversiones en Huánuco, pero sí una de sus socias: Celepsa, una subsidiaria del grupo Unacem que opera en esta región la Central Hidroeléctrica del Marañón a través de su filial Celepsa Renovables S.R.L. Precisamente, Cillóniz Champín es miembro del directorio de Celepsa y Aceros Arequipa es dueño del 10% de acciones.
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Ricardo Cillóniz es dueño de dos parcelas en la zona reclamada por los kakataibo de Santa Martha: una mide 790,3 hectáreas y la otra 17,9 hectáreas. Solo la extensión de la primera es dos veces el distrito limeño de Magdalena. Aunque otros poseen hasta siete terrenos en el mismo sector, no miden ni la mitad de las 808 hectáreas del empresario.
Cillóniz y sus vecinos se convirtieron en dueños de estas tierras en el marco de la campaña de titulación masiva que impulsó el Gobierno Regional de Huánuco. Dicha entidad adjudicó terrenos supuestamente libres y los inscribió en Registros Públicos. Luego los dividió a favor de 13 personas: madereros, ganaderos y el mencionado empresario.
Para concretar este trámite, ellos debieron demostrar que ocupaban estas tierras, pero en los archivos de Puerto Inca no hay información al respecto. La entrega de los predios se realizó entre el 2014 y 2015, durante las gestiones del actual congresista Luis Picón Quedo y Rubén Alva Ochoa. El empresario ni los exgobernadores respondieron a nuestros pedidos de entrevista.
La Agencia Agraria de la provincia de Puerto Inca es la que tramita las constancias de posesión en Huánuco. Sin embargo, sus expedientes se almacenan en viejos estantes de madera o en el suelo.
Hay folios cubiertos de telarañas y excremento de roedores, otros tienen la tinta corrida por la lluvia que se filtra del techo. Es imposible conocer la identidad de todos los que comercializaron las tierras que reclaman los kakataibo de Santa Martha.
