Un año después del crimen de dirigente comunal la policía solo tiene 3 hipótesis
Un caso sin resolver. La División de Homicidios sostiene que los que pagaron a los sicarios para ejecutar a Santiago Guardamino, buscaban quebrar el juicio que la víctima inició para recuperar 10.000 hectáreas de su comunidad campesina vendidas mediante fraude a una empresa de recojo de residuos en varios distritos.
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El martes primero de abril, en la misa que se celebró para recordar un año del brutal asesinato de Santiago Guardamino Gonzáles, los familiares y amigos no solo se reunieron para abrazarse en memoria del presidente de la comunidad campesina de Quipán (Canta, Lima). La ocasión también sirvió para que se juntaran sus voces de protesta porque al día de hoy los autores intelectuales y materiales, los instigadores y los ejecutores del crimen, todavía no han sido identificados.
En lo que han avanzado los agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional, es en determinar que los que ordenaron la muerte de Guardamino, están relacionados con los procesos judiciales que inició la víctima para recuperar un predio de la comunidad, que había sido vendido con documentos fraguados y a espaldas de los pobladores. Desde que emprendió las acciones legales contra el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, que montó el fraude, y la empresa Industrias Argüelles, que hizo la adquisición, el dirigente comunal recibió varias veces amenazas de muerte.
De hecho, los sicarios que ejecutaron de 9 balazos a Santiago Guardamino, alrededor de las 11 de la noche del lunes primero de abril de 2024, le arrebataron el arma que portaba para defenderse. El hecho ocurrió cuando el comunero estaba por llegar a su casa, a la altura del kilómetro 18.5 de la avenida Túpac Amaru (Carabayllo).
“No hay responsables hasta ahora. No hay ni un solo detenido. Las investigaciones no han logrado identificar a los autores del asesinato de mi esposo. Invocamos a las autoridades que esclarezcan este caso”, expresó el día de la misa, la viuda Maribel Guardamino.
Comunidad campesina de Quipán despide a su presidente Santiago Guardamino Gonzáles. Foto: Familia Guardamino
Bajo la sombra de un millonario negocio
Cuando se perpetró el crimen de Santiago Guardamino Gonzáles, el dirigente comunal de Quipán (distrito de Huamantanga, Canta), había logrado la sentencia del expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz. La justicia encontró culpable a Mosquera por haber fraguado actas comunales que supuestamente lo autorizaban a vender 10.000 hectáreas a Industrias Argüelles, del empresario Aniceto Argüelles Loayza.
Al momento del asesinato, Santiago Guardamino luchaba en un proceso civil para que el predio en poder de Industrias Argüelles sea revertido a la comunidad de Quipán.
Fuentes de La República en la División de Homicidios señalaron que manejan tres hipótesis sobre los autores intelectuales del crimen. La primera relaciona a Industrias Argüelles, que pagó S/600 mil por el terreno y que perdería la propiedad si el Cuarto Juzgado Civil, donde se encuentra el caso, resuelve a favor de la comunidad de Quipán. Justamente, el 20 de enero de este año, el juez Christoffer Chávez Parra, rechazó un pedido de nulidad de Industrias Argüelles contra el expediente del caso.
Según las fuentes policiales, la eventualidad de perder el juicio, pudo haber sido la motivación de personas vinculadas a Industrias Argüelles, para desaparecer a Santiago Guardamino.
De acuerdo con el Sistema Electrónico de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado (SEACE), Industrias Argüelles es un importante proveedor de servicios de alquiler de camiones de recojo de desperdicios en varios distritos limeños. Los más recientes y más cuantiosos contratos fueron con Comas (S/101,9 millones), Santiago de Surco (S/80,5 millones), Miraflores (S/73,8 millones) y La Victoria (S/69,7 millones). Con la municipalidad provincial del Callao cifró en S/96,7 millones.
Ubicación. En la zona de Quipán, la empresa Industrias Argüelles instaló el relleno sanitario “Kurumi”, en 2023. Foto: Industrias Argüelles
Una compra “de buena fe”
Sin embargo, fuentes de la empresa Industrias Argüelles rechazaron relación alguna con el homicidio de Santiago Guardamino y ratificaron que compró el predio de Quipán conforme a las normas. También indicaron que hasta el momento ni la fiscalía a cargo del caso, ni la División de Homicidios, han citado a alguno de sus representantes y que están dispuestos a responder las preguntas que sean necesarias como testigos.
En una comunicación pública, Industrias Argüelles señaló que la compra del predio lo hizo de buena fe para destinarlo a un relleno sanitario.
“En 2016 adquirió en forma lícita un terreno rústico de la Comunidad Campesina de Quipan, a fin de implementar exclusivamente un relleno sanitario. Es así que la transferencia del bien se realizó de buena fe. (…) En este terreno la empresa tiene implementado un relleno sanitario denominado ‘Kurumi’ que cuenta con autorización de funcionamiento otorgado por las autoridades competentes, cuyo operatividad data del mes de agosto de 2023”, indicó Industrias Argüelles.
El exdirigente Abel Mosquera Ortíz, quien recibió sentencia por vender terreno mediante una operación fraudulenta por S/600.000. Foto: Comunidad de Quipán
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Otros sospechosos
La compañía también reconoció que “existe un proceso civil instaurado por la Comunidad Campesina de Quipán, sobre nulidad de acto jurídico en el año 2017, pero no existe aún pronunciamiento judicial, sobre el particular”, añadió la empresa. Precisamente, Santiago Guardamino fue quien encabezó a la comunidad para emprender la mencionada acción judicial con el propósito de la restitución de las 10.000 hectáreas.
La segunda hipótesis de la División de Homicidios de la Policía señala al expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, como sospechoso del crimen de Santiago Guardamino. Mosquera fue quien organizó la venta fraudulenta de las 10.000 hectáreas a Industrias Argüelles, y fue expuesto, denunciado y enjuiciado por Guardamino a nombre de la comunidad. Las fuentes policiales consultadas manifestaron que según testigos, Abel Mosquera lo retó en diferentes ocasiones. Se desconoce de dónde obtenía el dinero para pagar a los abogados, indicaron las fuentes. Por lo que no se descarta que pudo haber sido estimulado por la venganza.
La República buscó reiteradas veces a Abel Mosquera Ortíz, quien recibió 4 años de prisión suspendida por la venta ilegal del terreno de su propia comunidad, Quipán. Pero no respondió. Héctor Mosquera, su hijo, es el actual presidente de la comunidad. Contestó, aunque brevemente. No estaba interesado en hacer comentarios sobre su padre.
“En estos momentos ejerzo el cargo de presidente de la comunidad. Yo no tengo mucha comunicación con él por sus temas que él tuvo con la comunidad (los procesos judiciales). No sé verdaderamente dónde está. Yo, por un respeto a mi comunidad, y por el tema que pasó (el homicidio de Santiago Guardamino), verdaderamente yo marco distancia”, respondió Héctor Mosquera.
La tercera hipótesis policial involucra al exabogado de la comunidad, Jaime Minchán Sánchez, a quien Santiago Guardamino apartó del caso por sospechar que tenía tratos clandestinos con la empresa. Supuestamente, filtraba información a la contraparte. Pero Minchán lo niega (ver nota aparte). Reveló también que se alejó del pleito judicial por amenazas de muerte.
El crimen de Santiago Guardamino, ejecutado por intentar recuperar el terreno de su comunidad, continúa impune.
Se confirman las amenazas a los comuneros
- “Yo he sido abogado de la comunidad campesina de Quipán. Nunca he trabajado para la empresa Argüelles”, dijo Jaime Minchán a La República.
- “Con relación al tema de lo que pasó con Santiago Guardamino, a mí no me despidieron. Lo que sucede es que yo ya no quise subir a la comunidad Quipán por seguridad de mi vida”, aseguró Minchán, confirmando que los comuneros y sus abogados estaban bajo amenaza.
- “Nunca conocí a Argüelles ni a nadie de esa gente, porque yo he peleado en defensa de la comunidad. Es más, yo he ganado casos”, afirmó Jaime Minchán.
Santiago Guardamino emprendió juicio a Industrias Argüelles para que le restituya terreno de 10.000 hectáreas
Otro sospechoso es el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, condenado por vender con fraude el terreno de Quipán.
