Congresista Roberto Chiabra deslegitima el paro y califica protestas como "una victoria de los extorsionadores"
El congresista de Alianza para el Progreso comparó el paro de transportistas con la situación de resguardo domiciliario que se vivió en la pandemia por COVID-19.
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El congresista Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso (APP), se refirió al paro de transportistas convocado por el gremio de trabajadores de este sector ante el incremento de las extorsiones. Lejos de mostrar una postura empática con los trabajadores afectados por esta problemática, el parlamentario afirmó que el paro representaba "una victoria" para los delincuentes. Así, en lugar de comprender la naturaleza de la protesta, optó por deslegitimar esta manifestación ciudadana.
"La paralización del transporte es una victoria de los extorsionadores. Eso es lo que buscaban los terroristas: que cambiáramos nuestro estilo de vida. La COVID-19 nos mantuvo secuestrados durante dos años y nos cambió la vida. Si se paraliza el transporte, se paraliza la educación, el trabajo; eso indica que nos están ganando", declaró.
Chiabra aprovechó también la intervención para referirse al discurso del primer ministro Gustavo Adrianzén durante su interpelación ante el Pleno del Congreso. Para el parlamentario de APP, lo expuesto por el jefe del Gabinete no fue relevante, ya que —según indicó— se limitó a "generalidades".
"Lo que ha dicho son generalidades, cuestiones que van a ver, que están aplicando. (…) No hay una estrategia de ejecución inmediata. (…) Hace tiempo que Lima y Callao están en estado de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado de derecho y uno de emergencia? Ninguna. Vemos que los delincuentes, a plena luz del día, no tienen ningún problema en cometer actos violentos", explicó.
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Alejandro Aguinaga también hizo declaraciones polémicas sobre el paro
Chiabra no fue el único que se pronunció de forma crítica respecto a la protesta. El legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, minimizó la movilización liderada por transportistas y las demandas de miles de ciudadanos que exigen acciones concretas del Congreso y del gobierno de Dina Boluarte frente al incremento de la inseguridad. Durante una entrevista concedida a un medio nacional —en medio de la investigación que enfrenta por su presunta participación en casos de esterilizaciones forzadas—, Aguinaga afirmó que la población "ha hecho mucha bulla", y señaló que, en el Parlamento, lo que se busca es preservar la "tranquilidad".
"¿Quiénes se aprovechan con estas marchas? Grupos antauristas, grupos vizcarristas que están generando violencia, y lo que queremos es que haya tranquilidad. No ha habido violencia el día de hoy, ¿usted cree que ha habido violencia?, pregunta el periodista. "Han hecho, por lo menos, mucha bulla. ¿Cree que han hecho mucha bulla? Yo creo que sí, el fondo es el correcto, que no sigan matando, que las autoridades del ministerio (del Interior) actúen con los resultados que se están solicitando", respondió Aguinaga.
La bancada fujimorista, a la que pertenece Aguinaga, ha mostrado su respaldo a una serie de normativas que han recibido duras críticas. Entre ellas destaca la Ley 32108 sobre crimen organizado, que limita su aplicación solo a delitos con penas superiores a seis años y exige la presencia obligatoria de un abogado durante los allanamientos fiscales. Asimismo, apoyaron la Ley 31990, que reduce el plazo del proceso de colaboración eficaz a ocho meses, y una norma adicional que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Esta última ha sido señalada como un posible mecanismo de impunidad para actores involucrados en el conflicto armado interno, como militares y grupos subversivos.
