Estados Unidos

Buenas noticias para inmigrantes de Florida: fiscal general ordena pausar arrestos a indocumentados

La ley SB-4C, que penaliza a inmigrantes indocumentados en Florida, fue suspendida temporalmente tras un fallo judicial que cuestiona su constitucionalidad.

La legislación SB-4C crea delitos estatales para los inmigrantes indocumentados que entraran o reingresaran a Florida. Foto: agencia Andina.
La legislación SB-4C crea delitos estatales para los inmigrantes indocumentados que entraran o reingresaran a Florida. Foto: agencia Andina.

Tras la implementación de la ley SB-4C en Florida, diseñada para penalizar la entrada de inmigrantes indocumentados al estado, el fiscal general James Uthmeierel ordenó a las fuerzas del orden acatar una resolución judicial que bloquea temporalmente su aplicación. La decisión responde a un fallo de la jueza de distrito Kathleen Williams, quien señaló que la norma podría contravenir la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, al invadir competencias federales.

La ley SB-4C, que desató controversia entre activistas a favor de los derechos de inmigrantes y autoridades estatales por sus estrictas sanciones contra quienes ingresaran o reingresaran a Florida sin pasar por controles migratorios, fue temporalmente suspendida. La jueza Kathleen Williams determinó que la norma invadía las atribuciones exclusivas del gobierno federal en asuntos migratorios, lo que llevó a frenar su aplicación de forma provisional.

La ley SB-4C y su impacto en los inmigrantes indocumentados

La ley SB-4C impone sanciones para los inmigrantes que ingresaran a Florida sin someterse a controles migratorios oficiales. La normativa especificaba que cualquier adulto mayor de 18 años que evadiera dichos procedimientos cometería un delito menor de primer grado, con una condena obligatoria de hasta nueve meses de prisión. Además, para reincidentes, la ley estipulaba castigos más severos, como un encarcelamiento de un año.

La normativa contó con el apoyo de grupos que promovían políticas migratorias más estrictas, justificando su implementación como una medida para salvaguardar la seguridad pública. Sin embargo, recibió una fuerte oposición por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Coalición de Inmigrantes de Florida, la cual señaló que la ley fomentaba un clima de temor e inseguridad dentro de las comunidades de inmigrantes.

Decisión judicial: un freno a la ley SB-4C en Florida

La jueza Kathleen Williams resolvió el 4 de abril que la ley SB-4C infringía las atribuciones exclusivas del gobierno federal en materia migratoria. En su fallo, señaló que la normativa interfería con la capacidad de las autoridades federales para gestionar casos de inmigración, incluyendo la evaluación de liberar a individuos antes de un juicio. Asimismo, enfatizó que la implementación de esta ley dificultaba los procesos judiciales al mantener a los detenidos bajo parámetros establecidos a nivel estatal.

Por su lado, la jueza Williams manifestó inquietud por los arrestos efectuados por las fuerzas del orden tras la emisión de su orden inicial de restricción. Estas acciones la llevaron a reafirmar que tanto los agentes estatales como locales debían cumplir su resolución, advirtiendo que cualquier desobediencia podría acarrear repercusiones legales.

Reacción del fiscal general James Uthmeierel

Aunque la orden judicial está vigente, el fiscal general de Florida, James Uthmeierel, expresó su oposición al alcance del fallo. En un mensaje dirigido a las agencias estatales y fuerzas policiales, Uthmeierel aseguró que respetaría la decisión de la jueza, pero reafirmó su compromiso de continuar defendiendo la normativa en instancias judiciales.

“Aunque no comparto la interpretación de la jueza Williams, estoy comprometido a cumplir con sus directrices mientras continuamos argumentando en favor de la legislación ante las instancias correspondientes,” afirmó el fiscal general.