Duro golpe para ICE: Nueva York apoya ley que evita detención de inmigrantes sin antecedentes penales
El proyecto "NY para Todos" busca restringir el uso de recursos locales por parte del ICE y proteger a inmigrantes sin antecedentes penales de detenciones arbitrarias.
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La reciente legislación en Nueva York establece directrices precisas para las autoridades locales y los encargados de la seguridad en las cárceles a nivel condal. Esta normativa prohíbe la utilización de fondos públicos estatales en la implementación de leyes migratorias. Además, se estipula que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deberá contar con un mandato judicial previo para requerir la colaboración de las autoridades locales.
Los responsables de ICE justifican sus operativos al señalar que son cruciales para fortalecer la seguridad nacional y prevenir delitos. Sin embargo, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos argumentan que estas acciones vulneran derechos constitucionales y generan miedo entre los inmigrantes. El debate se agudiza debido al temor de que estas políticas se apliquen de forma arbitraria, impactando a miles de personas que ya han construido sus vidas en Estados Unidos. Esta controversia pone de manifiesto las profundas tensiones relacionadas con el control migratorio en el país.
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'Ley NY para Todos' busca limitar los arrestos a inmigrantes sin antecedentes penales
Hace unas semanas, el senador estatal demócrata Andrew Gounardes y la asambleísta Karines Reyes volvieron a presentar el proyecto de ley "NY para Todos", destinado a restringir el uso de recursos locales por parte de ICE sin una orden judicial. La propuesta busca fortalecer la protección de las comunidades inmigrantes y mejorar la seguridad pública. Su objetivo principal es evitar que las autoridades locales permitan el ingreso de agentes federales a escuelas o refugios sin autorización judicial.
En medio de estas instancias de presión y las demandas migratorias procedentes de la Casa Blanca, la gobernadora Kathy Hochul adoptó un discurso más firme en defensa de los inmigrantes. En efecto, desestimó una demanda presentada por el Departamento de Justicia contra ella y otros funcionarios, derivada de una ley estatal que faculta a inmigrantes indocumentados a obtener licencias de conducir, al tiempo que los datos del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) permanecen inaccesibles para los agentes de inmigración.
Nueva York para Todos: ambiente de incertidumbre frente a las redadas del ICE
Las recientes operaciones de ICE han provocado alarma en diversos sectores de la sociedad neoyorquina. Inmigrantes sin antecedentes penales enfrentan la posibilidad de ser detenidos arbitrariamente, situación que genera inquietud entre familias y comunidades que han establecido vínculos profundos en la ciudad. Hasta el momento, no se conoce si la gobernadora respaldaría el anteproyecto “NY para Todos”. No obstante, la mandataria estatal ha dejado claro en ocasiones anteriores que “sería la primera en entregar a ICE a aquellos migrantes” que se demuestre han participado en actividades delictivas.
Los testimonios de afectados resaltan casos de detenciones injustificadas y denuncias de abuso de autoridad. Las organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios reclaman el fin de estas medidas que, según ellos, vulneran la dignidad y el derecho a la integridad de los inmigrantes. El estado de Nueva York acoge cerca de 700,000 inmigrantes sin documentación, la mayoría con más de una década de residencia.
¿Nueva York es un estado santuario en EE. UU.?
Sí, Nueva York es considerado un estado santuario en EE. UU. Esto significa que el estado ha adoptado políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), para la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
En Nueva York, las autoridades locales no pueden detener a una persona solo por su estatus migratorio, y las agencias estatales y locales están restringidas en cuanto a compartir información con el ICE, a menos que haya una orden judicial. Estas políticas tienen como objetivo proteger a los inmigrantes de ser deportados y promover la confianza entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales, asegurando que los residentes se sientan seguros al interactuar con los servicios públicos sin temor a ser arrestados por razones migratorias.
