Dictan seis años de prisión al alcalde de Comas, Ulises Villegas, y a exfuncionarios municipales
Villegas fue sentenciado por su participación como representante de la empresa encargada de la obra, al haber acordado la entrega de un proyecto inconcluso.
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En primera instancia, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte logró que se dicte una sentencia de seis años de prisión efectiva, con ejecución diferida, contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, así como contra los exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia: Rubén Jiménez (gerente municipal), Elizabeth Espinoza (gerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra). Todos ellos fueron hallados culpables como coautores del delito de colusión agravada.
Además, el despacho fiscal consiguió que se imponga una condena de tres años de prisión efectiva, con ejecución diferida, a los exfuncionarios Santos Espinoza (gerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (gerente de Administración y Finanzas), por su participación como coautores del delito de falsedad ideológica.
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El Ministerio Público también consiguió que los procesados sean inhabilitados por cinco años de la función pública y para contratar con el Estado.
Durante el juicio oral, el fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez, a cargo del caso, expuso que en 2017 la empresa UDEL Group fue adjudicada con el proyecto de mejoramiento de vías en la prolongación Santa Rosa y el pasaje De la Cruz, en los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876). No obstante, Ulises Villegas, en calidad de representante de la empresa, junto a los demás implicados, acordó la entrega de la obra, a pesar de que esta no estaba concluida, lo que generó un perjuicio económico al Estado.
Entre los principales elementos probatorios presentados por el fiscal destacan el expediente técnico de la obra, los informes de la Contraloría General de la República y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), así como peritajes en ingeniería civil, contabilidad y economía.
Cabe señalar que el Ministerio Público también consiguió que los procesados sean inhabilitados por cinco años de la función pública y para contratar con el Estado. Además, que los sentenciados por colusión agravada y falsedad ideológica realicen el pago de 365 y 180 días multas, respectivamente; los cuales serán ejecutados si se confirma la sentencia en segunda instancia.
