Sociedad

Fiscalía abre investigación por presunto homicidio de cuatro trabajadores en mina de Apurímac

Familiares de los mineros exigen se realicen las investigaciones del caso y se determine qué fue lo que sucedió realmente.

Familiares de las víctimas exigen justicia. Foto: Ministerio Público
Familiares de las víctimas exigen justicia. Foto: Ministerio Público

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas ha iniciado diligencias preliminares por el presunto delito de homicidio en agravio de Kevin Palomino, Jhon Aschu, Edgar Huamaní y Fredy Huamán, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el socavón de la mina Copacabana 2, ubicada en el sector Alalaya del distrito José María Arguedas, en la región Apurímac.

Tras conocerse la emergencia, equipos de rescate trabajaron junto a agentes de la Policía Nacional, personal de serenazgo y bomberos para recuperar los cuerpos, tarea que se extendió hasta altas horas de la noche. Según las primeras hipótesis, los trabajadores habrían fallecido por la inhalación de gases tóxicos durante labores en el interior del socavón.

"Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio en agravio de Kevin Palomino, Jhon Aschu, Edgar Huamaní y Fredy Huamán, quienes fueron hallados sin vida al interior del socavón de la mina Copacabana 2, sector Alalaya del distrito José María Arguedas, en Andahuaylas (Apurímac)", se lee en el comunicado.

El fiscal provincial Uri Zorrillas dispuso el recojo de los resultados de las necropsias realizadas a las víctimas, así como la ejecución de pericias criminalísticas y médico forense. Además, se ha programado la toma de declaraciones al representante de la empresa minera y a los familiares de los fallecidos.

Como parte de las diligencias, se ha solicitado al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) un informe técnico para determinar si la mina operaba con las autorizaciones correspondientes. El objetivo es establecer posibles responsabilidades penales por las muertes ocurridas.