Pleno del Congreso debatirá este jueves el proyecto de ley que somete a las ONG
Las iniciativas de las bancadas de Fuerza Popular, APP, Perú Libre y Honor y Democracia buscan controlar, supervisar y fiscalizar los recursos de las ONG.
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El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves 13 de marzo los proyectos de ley que atenta contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) registradas en el Perú. Se trata de la iniciativa legislativa impulsada por las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Honor y Democracia, que somete a las ONG a ser controladas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y rendir cuenta sobre sus ingresos y egresos económicos, sus actividades y personal que la integra, provocando que la organización pierda su total autonomía sobre sí misma.
Como parte de esta arremetida, el fujicerronismo y sus aliados en el Parlamento establecen en el dictamen que se considerará una infracción grave por parte de las organizaciones en caso utilicen sus recursos a actividades que hayan sido declaradas de carácter administrativo o judicial como actos que afecten al orden público, la seguridad ciudadana y la defensa nacional. Es decir, envía un fuerte mensaje a las ONG en caso decidan ayudar legalmente a personas detenidas en las marchas y movilizaciones ciudadanas en forma de protestas.
"Se considera toda organización o entidad que desarrolla activismo político a aquel que busca modificar las políticas públicas o resultados electorales en favor de intereses de entidades extranjeras", añade el dictamen.
Sin embargo, el texto aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores y que debe ser debatido y votado en el Pleno del Parlamento, faculta a APCI a denunciar a las organizaciones ante el Ministerio Público y aplicarle sanciones como multas económicas, la suspensión de sus actividades y hasta su cancelación definitiva.
Asimismo, obligan a que las ONG entreguen anualmente el directorio, la estructura organizacional, las áreas de trabajo, las actividades y proyectos realizados, las cantidades de trabajadores y voluntarios, los indicadores de desempeño, la participación en redes sociales, ingresos, egresos, patrimonio, estados financieros, etc.
Congreso no escucha las observaciones internacionales
El encargado de negocios de la Embajada de Canadá, Andrew Ng, solicitó al entonces presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, una reunión y le hizo llegar sus observaciones contra la iniciativa legislativa. Sin embargo, pese a todas las recomendaciones hechas al congresista, no se tomó en cuenta ninguna.
"(Las propuestas) generan múltiples preocupaciones por las confusiones que crean en términos sobre cómo operarían los donantes y las organizaciones de la sociedad civil en el Perú, y cómo estas disposiciones se relacionan con las obligaciones y estándares internacionales”, indicó la embajada canadiense.
Asimismo, Andrew Ng, le señaló a Aguinaga que los proyectos de ley que se preparan en la Comisión afecta a la libertad de asociación, genera confusión para los donantes como para las ONG y lleva a la desinformación y estigmatización sobre el trabajo y contribución que puedan aportar las personas de la Cooperación Internacional y de la sociedad civil.
Relatores de la ONU en contra de la ley que somete a las ONG
A través de un comunicado, el junio del 2024, cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunciaron en contra del proyecto de ley que busca aprobar el Congreso y que somete a las ONG. Este grupo de trabajo alertó que, de ser aprobados, afectarían el ejercicio de los derechos humanos.
El comunicado señaló que se evaluaron los riegos que se cometerían al momento de interferir en la estructura y funcionamiento interno de las ONG y tendría un serio impacto en la cooperación técnica internacional.
Asimismo, en cuanto a la anulación de la inscripción de la ONG en los registros de la APCI y las sanciones que esto conllevaría, se sabe que, dependiendo de la gravedad de la infracción, podrían aplicarse medidas severas como la disolución o suspensión de las organizaciones. No obstante, estas acciones deben ser vistas únicamente como un último recurso y solo cuando haya justificaciones claras y contundentes, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, la ONU exhortó al Congreso a tener una discusión pública, plural y multisectorial del tema, con el fin de considerar la necesidad real para adoptar un nuevo marco legal.
