Congreso blinda a sus aliados y secuaces, mientras persigue a sus detractores
Los casos de corrupción y abuso de poder continúan sin ser investigados, mientras se toman decisiones controvertidas que favorecen a algunos políticos y sancionan a quienes no siguen la línea del Poder Ejecutivo y del Congreso.
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"Al enemigo lo denuncian, pero al mochasueldo o al 'niño' no le pasa nada", fue lo que dijo el expresidente Martín Vizcarra luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusarlo por organización criminal ante el Ministerio Público por el caso Vacunagate.
Un día antes, se pudo conocer que la SAC emitió un informe de calificación que invalida la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la exfiscal Patricia Benavides y la congresista Patricia Chirinos por sus ataques a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). También se pudo conocer que la Comisión Permanente iba a dar cuenta de la improcedencia de una acusación del fiscal Juan Villena contra la congresista Rosselli Amuruz por presunta negociación incompatible.
Ese doble estándar ha dejado en evidencia que el Congreso es piadoso con sus aliados, pero letal contra quienes considera sus enemigos.
Desde el 2021 hasta la actualidad, aparte de las decisiones controversiales y antidemocráticas, el Congreso resalta también por los escandalosos blindajes a personajes políticos desde diferentes comisiones. Es el caso del excongresista Manuel Merino de Lama, las parlamentarias Rosío Torres (APP), Magaly Ruiz (APP), Rosselli Amuruz (Avanza País), Digna Calle (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y Patricia Chirinos (Renovación Popular), la exfiscal Patricia Benavides y hasta la propia presidenta Dina Boluarte.
Tanto los congresistas como la exfiscal de la Nación y la mandataria han estado al servicio de la derecha y al fujimorismo. En contraste, políticos como Francisco Sagasti, Salvador del Solar, Martín Vizcarra, José Elice y Rubén Vargas fueron perseguidos por no alinearse con esta coalición y están al borde de ser inhabilitados de la función pública.
En este sentido, es clave rememorar los blindajes de este Congreso hacia sus aliados y sacar a relucir su doble rasero.
Congreso dejó impunes muertes de Inti y Bryan
El 19 de junio de 2022, el Congreso dio un primer paso hacia la impunidad en el caso de Inti y Bryan. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó blindar al expresidente de facto Manuel Merino de Lama por las muertes en las protestas del 2020, gracias al informe del congresista de Avanza País, Alejandro Cavero.
Este informe recomendaba archivar la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación por omisión de homicidio y lesiones graves contra el exmandatario, su entonces primer ministro Ántero Flores-Aráoz y su entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, en relación con las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como con los 70 heridos que dejó la represión durante las protestas contra el breve gobierno del 14 de noviembre de 2020.
La presidenta de la Subcomisión, Rosio Torres, y la congresista María Acuña, actual presidenta de la SAC, jugaron un papel crucial al votar para proteger a Merino y sus exministros de las investigaciones del Ministerio Público.
El informe de Cavero no consideró lo señalado por la Fiscalía, que determinó, mediante pruebas científicas, que la causa de la muerte fue un perdigón disparado por una escopeta. Asimismo, ignoró el documento de la PNP, en el que se informaba que los efectivos hicieron un uso innecesario de la fuerza aquel fatídico día.
El 2 de julio de 2022, la Comisión Permanente del Congreso ratificó el proceso.
Dina Boluarte: 3 denuncias archivadas por muertes en protestas
Las dos denuncias constitucionales contra Dina Boluarte por las muertes en las protestas de diciembre de 2022 y 2023 no prosperaron en la SAC. Esto impidió que se investigaran las acusaciones de represión y violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones, las cuales dejaron más de 50 fallecidos en diversas regiones. Boluarte encabezó estas protestas tras asumir la presidencia.
La primera denuncia (DC 334) se presentó a inicios de 2023. Fue impulsada por la congresista Ruth Luque y respaldada por las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático; sin embargo, fue archivada con 11 votos en mayo del mismo año. La segunda denuncia (DC 425) fue presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en diciembre de 2023, tras el allanamiento a las sedes del Ministerio Público. No obstante, con 14 votos, también fue archivada. La tercera denuncia, relacionada con el delito de genocidio, tuvo el mismo desenlace, ya que la SAC optó por declararla improcedente.
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Blindaje a Mochasueldos
Las congresistas Rosío Torres y Magaly Ruiz fueron blindadas por el caso Mochasueldos. Ambas fueron denunciadas por presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores. En su momento, el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, las denunció constitucionalmente por presuntamente haber abusado de su posición de poder para coaccionar a sus empleados, forzándolos a ceder parte de sus salarios.
Por un lado, la investigación sobre Torres se centró en el periodo en que ocupó el cargo de presidenta de la SAC, específicamente entre 2021 y 2022. Según datos obtenidos por este medio, se alega que Torres habría desviado miles de soles de sus 7 empleados, utilizando a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, como intermediario en estas acciones. A pesar del testimonio de una de sus asesoras, en enero de 2025 la SAC decidió archivar su denuncia y, desde la Comisión de Ética, resolvieron no suspenderla.
Por otro lado, el caso de la legisladora de APP, Magaly Ruiz, fue archivado por la Subcomisión por "falta de pruebas", de acuerdo con el informe elaborado por su colega Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, a pesar de que, en marzo de 2023, su extrabajador Carlos Marina Puscán denunció que era coaccionado por la parlamentaria a través de su entonces asesor Jhonny Romero Nima, a quien debía entregarle S/1.500 mensualmente.
Ruiz corrió con la misma suerte que Rosío Torres: la Comisión de Ética no la suspendió y solo la amonestó con 30 días de multa.
Digna Calle: premiada a pesar de haber abandonado cargo por 8 meses
La congresista de Podemos Perú, Digna Calle, se ausentó de sus funciones tras permanecer por más de 8 meses en Estados Unidos sin haber hecho acto de presencia físico entre 2023 y 2024. Tras obtener licencias otorgadas por la Mesa Directiva del Congreso. En agosto del 2023, las congresistas Kelly Portalatino (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País) presentaron denuncias constitucionales en su contra, e la que solicitaban su inhabilitación por tres y diez años, respectivamente.
Sin embargo, ambas legisladoras retiraron sus acusaciones sin explicar los motivos, lo que llevó a que la Comisión Permanente archivara el caso sin objeciones en abril de 2024. La decisión fue confirmada por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, y enviada al extitular del Congreso, Alejandro Soto.
El caso también fue evaluado por la Comisión de Ética, que el 4 de diciembre pasado solo determinó una amonestación por escrito para Calle.
José Jerí: Ética decidió no investigar caso por violación sexual porque no ocurrió en el Congreso
José Jerí, congresista de la bancada Somos Perú, fue denunciado por una presunta violación sexual ocurrida el 29 de diciembre de 2024 en una casa de campo en Canta. Según el testimonio de la agraviada, una mujer de 31 años, Jerí habría abusado de ella cuando se encontraba en estado de ebriedad.
Tras la divulgación del caso, el propio Jerí solicitó a la Comisión de Ética del Congreso que iniciara investigaciones en su contra. No obstante, el presidente de la comisión, Alex Paredes, informó que no se solicitarían poderes indagatorios y que esperarían un informe del Ministerio Público antes de tomar una decisión. Argumentó que la comisión no contaba con medios probatorios y que los hechos denunciados ocurrieron fuera del Congreso y en días no laborables.
Esta decisión adoptada por Paredes generó cuestionamientos, pues si bien forma parte de la bancada magisterial, su afiliación a Somos Perú se formalizó en noviembre de 2024, el mismo partido al que pertenecía Jerí antes de ser suspendido de la militancia.
Pendientes de ser discutidas
Buscan invalidar denuncia contra Chirinos, Benavides y Amuruz
La actual presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, presentó un informe que busca invalidar la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la exfiscal Patricia Benavides y la congresista Patricia Chirinos. La acusación estaba basada en las declaraciones del exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, y vinculaba a ambas con un presunto ataque a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El documento elaborado por Acuña sostiene que la denuncia carece de validez porque fue presentada cuando Espinoza aún no ocupaba formalmente el cargo de fiscal de la Nación. Según su argumento, la fiscal suprema no tenía la capacidad legal para representar al Ministerio Público ante el Congreso ni para interponer acusaciones constitucionales.
El debate se iba a llevar a cabo el último 18 de febrero; sin embargo, la congresista de Alianza Para el Progreso decidió levantar la sesión postergando su discusión para la próxima semana.
Asimismo, se presentará un informe de calificación que favorece a Rosseli Amuruz. El fiscal supremo Juan Villena presentó en julio del año pasado una denuncia constitucional contra la congresista Rosselli Amuruz, acusándola de presunta negociación incompatible. Esto se relacionaba con contrataciones irregulares de personas cercanas a su pareja, el excongresista Paul García.
