Pedro Castillo solicita a la JNJ destituir a Janet Tello por presuntamente haber nombrado a magistrada parcializada en su juicio
La República accedió a un documento en el que el expresidente pide a la JNJ investigar y destituir a la presidenta del Poder Judicial tras el nombramiento de Norma Carbajal.
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Las disputas entre Pedro Castillo y el Poder Judicial continúan. Esta vez, en medio del juicio oral contra el expresidente, su defensa legal ha solicitado abrir una investigación con fines de destituir a la presidenta del Poder Judicial y jueza suprema, Janet Tello Gilardi. Según se argumenta en el documento al que accedió La República, Tello Gilardi habría designado a Norma Carbajal como jueza de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, pese a conocer que dicha magistrada había firmado resoluciones en contra de Castillo, lo que comprometería la imparcialidad del proceso.
“Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi tiene conocimiento, o estaba en condiciones de tenerlo, de que Norma Beatriz Carbajal Chávez firmó, como jueza de apelaciones, catorce resoluciones en mi contra por el delito de rebelión en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (...) y, aun así, la nombró como jueza para mi juicio oral en la Sala Penal Especial el 4 de marzo de 2025. La jueza denunciada incurrió con su firma a favor de su colega en negligencia, premiando 14 parcialidades, generando nulidades, pérdida de dinero público y dañando la imagen del Poder Judicial (...)”, señala la denuncia presentada por el exmandatario.

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El documento, firmado por Pedro Castillo y su abogado, Javier Adrianzén, fue remitido el 31 de marzo a Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia.
Asimismo, Castillo envió un oficio dirigido a la propia Janet Tello. En él, solicita una nueva conformación de la Sala Penal Especial, de la que forma parte Norma Carbajal. El expresidente sostiene que, al no haberse inhibido la magistrada pese a las catorce resoluciones previas en su contra, Tello Gilardi ha quedado “mal ante el Perú”.

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Solicitud presentada por Pedro Castillo para exigir una investigación y destitución contra Janet Tello | Foto: La República.
Pedro Castillo y sus enfrentamientos con la jueza Norma Carbajal
Durante el juicio oral por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo protagonizó un nuevo enfrentamiento con la magistrada Norma Carbajal. En una audiencia, el exmandatario cuestionó que se le permitiera hablar, recordando que en una sesión anterior se le negó el uso de la palabra. Según su versión, la jueza lo había silenciado bajo el argumento de que usaba sus intervenciones para desacreditar el proceso. “¿Ahora sí puedo hablar? Señor presidente, ¿me concede dos minutos, por favor?”, preguntó. El presidente de la sala respondió que debía primero acreditarse formalmente. Ante la negativa, Castillo se rehusó a continuar, calificando el juicio como un “proceso exprés” que no garantizaba sus derechos.

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La controversia venía de antes. En una sesión anterior, la jueza Carbajal le impidió acreditarse, pese a que este derecho corresponde a todos los procesados. Su defensa solicitó explicaciones, a lo que la magistrada respondió que Castillo había utilizado de forma reiterada sus intervenciones para atacar el juicio y lanzar acusaciones en su contra. Tras un debate, se decidió permitir su acreditación, bajo la condición de respetar los tiempos y formas establecidos. Aunque declaró infundado el recurso de reposición de la defensa, la jueza reiteró que Castillo tendría la oportunidad de acreditarse, instando a las partes a actuar con lealtad procesal y buena fe.
Desde el inicio del proceso, el expresidente ha rechazado de forma reiterada la legitimidad del juicio. En su primera intervención, llegó a insultar a la jueza, llamándola “Herodías”, lo que motivó un llamado de atención. En sesiones posteriores, como la del 3 de abril, volvió a arremeter contra el proceso, calificándolo de “mamarracho” y afirmando que quienes debían ser juzgados eran los agentes que lo detuvieron. Su defensa sostiene que esta postura podría formar parte de una estrategia para recurrir a instancias internacionales, con el fin de anular una eventual condena alegando vulneración de sus derechos fundamentales.