Fiscalía advierte sobre 6 leyes aprobadas por el Congreso que afectan al sistema judicial en el Perú
El Ministerio Público alertó sobre la promulgación de leyes que afectan su autonomía, la persecución del delito y del retroceso en la lucha contra el crimen.
El Ministerio Público advirtió sobre seis leyes aprobadas por el Congreso que amenazan el trabajo de los fiscales y la administración de justicia en el país. Entre las normas aparece la Ley 32181— promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte — que impide la detención preliminar o prisión preventiva contra policías que hagan uso de su arma de fuego, así como la Ley 32182 que castiga la actuación de fiscales y jueces imponiéndoles sanciones sin respetar sus criterios jurídicos.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, la promulgación de ciertas iniciativas legislativas tienen un impacto negativo en la búsqueda de la justicia. Otras de las leyes es la 32107, que trata sobre los crímenes de lesa humanidad y limita la capacidad del Ministerio Público frente a las violaciones de derechos humanos y sentencias firmes; así como la Ley 31990 relacionada con la colaboración eficaz que obstaculiza la investigación de delitos complejos y graves.
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6 leyes que amenazan la función fiscal. Foto: Fiscalía
La institución alertó que, la promulgación de estas seis leyes afectan su autonomía, la defensa de la legalidad y la persecución del delito, la cuales son un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos ciudadanos.
Ministerio Público advierte sobre ley de detención preliminar
El Ministerio Público alertó sobre la Ley 32181, la cual deroga la detención preliminar o prisión preventiva para efectivos policiales que hacen uso de su arma de fuego causando lesión o muerte. El organismo indicó que esta norma limita la capacidad de los fiscales para actuar en investigaciones delicadas y contraviene el principio de igualdad.
Asimismo, dicha ley elimina la figura de la detención en casos de no flagrancia en el Código Penal y prohíbe a un fiscal solicitar al Poder Judicial dicha medida contra un investigado para garantizar su presencia en las investigaciones.
El 16 de diciembre, el Congreso retrocedió y aprobó la Ley 9733 para restituir la detención preliminar en casos no flagrancia; sin embargo, el Gobierno de Dina Boluarte decidió observar la iniciativa legislativa un día antes que venza el plazo de su promulgación.
Fiscalía alerta sobre ley que castiga a jueces y fiscales
La Fiscalía alertó sobre la Ley 32182 que trata sobre las sanciones a fiscales y jueces e indicó que el problema de esta norma es que castiga la actuación de los autores judiciales sin respetar los criterios jurídicos, con lo que se pretende intimidar al sistema judicial.
De acuerdo con la ley se considera como falta muy grave que un fiscal disponga la libertad de una persona detenida en flagrancia por la PNP o arresto ciudadano con una pena mayor a los 5 años, así como el no requerir una prisión preventiva en su contra.
Por otro lado, también sanciona a los jueces en caso ordenen la libertad de una persona detenida por la PNP en caso de flagrancia.
Fiscalía alerta sobre ley de crímenes de lesa humanidad
La Fiscalía se refirió sobre el impacto de la Ley 32107 — promulgada por el Congreso el 7 de agosto del 2024 — que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra y alertó que "esta normal limita la capacidad de la institución frente a la violación de los derechos humanos con sentencias firmes".
De acuerdo con la normal publicada, el Estatuto de Roma entró en vigencia en el Perú el 1 de julio del 2002 y solo tiene competencia sobre los delitos mencionados a partir de esa fecha. Del mismo modo, sucede con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que entraron en rigor desde el 9 de noviembre del 2003.
"Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra", se lee en la Ley 32107.
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Ministerio Público advierte sobre ley de colaboración eficaz
El Ministerio Público alertó sobre la Ley 31990 de colaboración eficaz — publicada por el Congreso el 19 de marzo del 2024 — que limita el tiempo para corroborar información brindada por los colaboradores eficaces; es decir, documentación que entrega una persona que acepta su culpa en un juicio para obtener beneficios con la justicia. De acuerdo con la Fiscalía, esta norma obstaculiza la investigación de delitos complejos y graves.
La ley establece que el plazo para la colaboración eficaz será de ocho meses, el cual puede ser prorrogado por cuatro más en casos justificados y hasta por ocho adicionales si se trata de crimen organizado.
"El plazo, desde la solicitud hasta la celebración del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz o su denegación, será máximo de ocho (8) meses; por causas justificadas, el Fiscal podrá prorrogar dicho plazo hasta por cuatro (4) meses; en caso de crimen organizado, la prórroga será hasta por ocho (8) meses. Cumplido el plazo, el Fiscal procederá conforme a lo previsto en el artículo 477 del presente código", se lee en la Ley 31990.
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Fiscalía advierte sobre ley contra el crimen organizado
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la Ley 32108 —publicada por el Congreso — contra el crimen organizado introduce categorías adicionales para sancionar a grupos criminales, por lo que dificulta la tipificación y sanción de grupos que cometan estas actividades y complica los allanamientos al exigir la presencia de un abogado.
Esta norma, según el Ministerio Público, afecta la agilidad de las investigaciones contra las personas investigadas por organización criminal.
"Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación. El registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro", se lee en la Ley 32108.
Fiscalía advierte sobre ley de recorte de prescripción
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la Ley 31751 sobre el recorte de plazos de prescripción impacta en su trabajo porque impide la persecución de delitos graves debido a la reducción de plazos de prescripción.
"El plazo no mayor de un año dispuesto para la suspensión de la prescripción se aplica en mérito al plazo razonable que le asiste al imputado y a la pronta respuesta para la parte agraviada, en el marco de la política criminal del Estado peruano, basada en el sistema acusatorio garantista", se lee en la Ley 31751.