Martín Vizcarra y Salvador del Solar: informe del fujimorismo plantea inhabilitarlos por la disolución del Congreso
Esa es la sanción que propone el fujimorista Héctor Ventura: a Vizcarra 10 años y a Del Solar 5 años. Ventura insiste en acusar a Del Solar, pese a que el plazo ya prescribió. El informe será votado este martes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El informe final sobre la denuncia constitucional por la disolución del Congreso del 2019, plantea inhabilitar de la función pública al expresidente Martín Vizcarra y a los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos.
El autor del informe es el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, quien es el delegado en este proceso de acusación constitucional.
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En caso del exmandatario Martín Vizcarra, Ventura propone inhabilitarlo 10 años de la función pública. Mientras que, con los exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, la sanción que recomienda es la inhabilitación de 5 años.
Estaba previsto que el informe final sea votado este martes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside la legisladora María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP). Sin embargo, el fujimorista Héctor Ventura, quien es el delegado en este caso, no asistió a presentarlo y la sustentación fue reprogramada para el martes 21 de enero.
Informe final contra Martín Vizcarra, Salvador del Solar y Vicente Zeballos.
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Fujimorismo se burla de la prescripción
Era inminente que el congresista naranja Héctor Ventura iba a concluir con acusar a los tres exaltos funcionarios, pero en el caso de Del Solar hubo una controversia porque él pidió que la denuncia constitucional en su contra sea archivada debido a que el plazo venció.
Del Solar dejó de ser ministro el 30 de setiembre del 2019, día en que Vizcarra disolvió el Congreso. El plazo para acusarlo venció cinco años después de que fue retirado del cargo, es decir, el 30 de setiembre del año pasado.
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Sin embargo, el informe final de Ventura, apela a una interpretación selectiva para señalar que, como el Congreso no funcionó entre el 1 de octubre del 2019 y el 16 de marzo del 2020, debido a que estaba disuelto en ese periodo, esos meses no cuentan en el plazo de cinco años.
Por ende, bajo ese argumento, el plazo para acusar a Del Solar vencería el 16 de marzo todavía, fecha en que comenzó a funcionar el Congreso 2020 - 2021.
El alegato es contradictorio debido a que el Congreso envió al archivo 12 denuncias constitucionales por caducidad. Entre ellas están los casos de los excongresistas Roberto Vieira y Jorge Castro.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Vieira por presunto tráfico de influencias. Vieira dejó de ser congresista el mismo día que Del Solar culminó sus funciones de primer ministro. El 3 de octubre del año pasado, el Pleno envió al archivo la imputación contra Roberto Vieira debido a que el plazo para acusarlo caducó el 30 de setiembre del 2024.
El Ministerio Público también había presentado una denuncia constitucional contra al excongresista Castro por presunta concusión y violación de correspondencia. Castro, al igual que Vieira, dejó de ser parlamentario el 30 de setiembre del 2019. A fines del año pasado, el Congreso envió al archivo su caso porque prescribió.
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Interpretación antojadiza y retroactiva de la resolución del TC
La denuncia constitucional señala, además, que en 2023 el Tribunal Constitucional (TC), en una resolución sobre una demanda competencial, se pronunció en contra de una anterior sentencia del 2020 que validó la disolución del Congreso.
Como se sabe, el 30 de setiembre del 2019, Del Solar hizo cuestión de confianza por un proyecto de ley que planteó modificar la norma orgánica del TC para que la elección de sus magistrados sea por concurso público y no mediante la modalidad de invitación, como el fujimorismo y sus aliados pretendió hacerlo en el Pleno.
El Congreso no hizo caso y continuó con la elección de los miembros del TC. El gobierno de Vizcarra consideró que en los hechos, el Parlamento había negado la confianza de Del Solar y se produjo la segunda crisis de gabinete - la primera fue en el periodo de PPK con su expremier Fernando Zavala - y decidió la disolución.
El Ejecutivo y Congreso luego tuvieron un conflicto competencial. En 2020, el TC resolvió que el gobierno de Vizcarra no había procedido de manera inconstitucional.
Sin embargo, en 2022, el Congreso tuvo temor que el gobierno de Pedro Castillo los disuelva mediante la figura de la denegación fáctica de la cuestión de confianza, debido a que el Pleno se había negado a discutir una ley que modificaba la norma referida al referéndum para reformas constitucionales.
La coalición congresal presentó una demanda competencial y el nuevo Tribunal Constitucional resolvió en contra de la figura de la denegación fáctica de la cuestión de confianza y cuestionó la resolución del 2020.
No obstante, el entonces presidente del TC, Francisco Morales, dijo en Canal N que, pese a que estén en desacuerdo con ese anterior veredicto, eso no significa que el caso del conflicto competencial en el gobierno de Castillo, pueda interpretarse de manera retroactiva para desestimar la disolución del Parlamento del 2019.
Morales dejó en claro que ese caso ya es cosa juzgada.
Trasfondo de la acusación constitucional
Pero eso importa poco en el actual Congreso. El informe final de Ventura estaba listo desde el mes pasado. Su colega de Renovación Popular, Alejandro Muñante, exigía a Acuña someter a debate esa propuesta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Es evidente que Fuerza Popular, APP y sus aliados no darán tregua a Vizcarra. Su temor fue y es que Vizcarra y Del Solar participen de las elecciones generales del 2026. Del Solar ha recalcado que no tiene interés en ser candidato. Vizcarra sí desea, pero esta ya sería su tercera inhabilitación.
En el fondo, la inhabilitación de exaltos funcionarios, a través de las acusaciones constitucionales, se ha convertido en una manera de desplazar a la competencia electoral y someter a los detractores de este Congreso. Se trata de una cacería.