Keiko Fujimori habría cometido delito de fraude por usar fondos públicos para viaje a Estados Unidos
La República contactó a especialistas en materia penal y electoral para analizar la situación de Keiko Fujimori tras revelarse que usó fondos asignados por la ONPE para un viaje a California
Keiko Fujimori utilizó parte de los fondos públicos asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a Fuerza Popular para financiar un viaje a California, Estados Unidos, realizado del 28 al 31 de mayo de 2024. El gasto total ascendió a S/27,921.53, según un informe reciente del organismo electoral. Este documento detalla el uso del financiamiento público directo por parte de los partidos políticos durante el primer semestre de 2024.
Durante su estancia, Fujimori participó en un evento denominado "capacitación, conferencia e intercambio académico", junto al excongresista Juan del Águila Cárdenas y el secretario nacional de formación política, Marco Pacheco. Sin embargo, la ONPE no reconoció dicha actividad como capacitación válida para el partido fujimorista. Además, Fuerza Popular omitió informar sobre este evento con la antelación de 15 días requerida por el artículo 25 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP).
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Especialistas señalaron que Keiko Fujimori habría cometido fraude contra Fuerza Popular
Distintos expertos declararon sobre la situación legal y administrativa de la hija del exdictador Alberto Fujimori. El doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Luis Lamas Puccio, afirmó en declaraciones exclusivas a La República que Keiko Fujimori podría ser investigada por el delito de fraude contra la persona jurídica, que en este caso sería Fuerza Popular.
“Este caso representa un evidente precedente de favoritismo dentro del partido. Existe una ley que sanciona la corrupción en el ámbito privado, y esto podría constituir un delito de fraude contra la persona jurídica, es decir, el partido político Fuerza Popular”, explicó Lamas Puccio.
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El penalista señaló que para concretar este proceso sería necesario que la denuncia se inicie dentro del partido. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que el Ministerio Público actúe de oficio: “La denuncia debería ser presentada inicialmente por el partido. No obstante, el Ministerio Público podría iniciar una investigación. Es imprescindible que el partido emita un pronunciamiento oficial sobre los hechos”, añadió.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu coincidió en que Fujimori podría enfrentar cargos por fraude contra su propio partido: “Esto podría considerarse fraude en la administración de personas jurídicas, dado que el partido es una persona jurídica. Al parecer, esta actividad se realizó sin el conocimiento del partido, lo cual constituye una irregularidad”.
Arbizu agregó que si se determina la participación de funcionarios públicos en el uso indebido de los fondos, Fujimori podría enfrentar acusaciones adicionales relacionadas con delitos contra la administración pública, como malversación de fondos o peculado: “Si algún funcionario público estuvo involucrado, sería posible imputar a Fujimori y a otros responsables los delitos de peculado o malversación, ya sea como partícipes o cómplices, quienes, según la ley, enfrentan la misma pena que el autor”.
Andy Carrión, abogado penalista y profesor de la UNMSM, no negó la hipótesis de que podría haberse cometido un fraude por parte de la líderesa de Fuerza Popular. No obstante, se decantó por considerar que el delito más cercano a configurarse podría ser el de peculado. Carrión argumentó que, si bien el delito se extiende sobre funcionarios, existe jurisprudencia que nombra a funcionarios "de hecho", como podrían serlo todos aquellos que administras fondos públicos, tal como Keiko Fujimori en esta ocasión.
"No descartaría la posibilidad de fraude. Pero mi tesis va más por el peculado. Los fondos públicos tienen un destino específico, y los que se asignan a los partidos políticos están claramente delimitados en cuanto a su finalidad. (...) Hay jurisprudencia de la Corte Suprema que respalda la existencia de la figura del "funcionario de hecho", aquel que se adueña de fondos públicos sin ser formalmente un funcionario público. Considero que sí ella (Keiko Fujimori), como presidenta del partido político, administra indirectamente los fondos asignados por la ONPE y se demuestra que estos fondos fueron utilizados con un fin distinto al previsto, se podría configurar el peculado", apuntó.
Finalmente, Joel Enrique Córdova, exabogado de la Procuraduría General del Estado, afirmó que, según su interpretación, el posible delito cometido sería el de apropiación indebida, dado que los fondos asignados por la ONPE no son de libre disposición, sino que deben ser utilizados conforme a lo estipulado previamente.
"Podría tratarse de un caso de apropiación indebida si el viaje realizado por Keiko Fujimori a Estados Unidos no se encuentra dentro de los supuestos establecidos por la ley para el uso de los fondos públicos asignados al partido Fuerza Popular. Es decir, los recursos que Fuerza Popular recibe del Estado peruano no son de libre disposición; no pueden ser utilizados según su criterio, ya que la ley establece que dichos recursos deben destinarse exclusivamente a actividades específicas. Solo en el caso de que el viaje de Keiko Fujimori no cumpla con estas condiciones, se configuraría el delito de apropiación indebida. Este delito se materializa cuando el patrimonio público es empleado con un propósito distinto al que le fue asignado", explicó.
Keiko Fujimori enfrentaría un proceso administrativo disciplinario por falta grave
El Dr. Gustavo Ventura, politólogo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y experto en materia electoral, calificó el uso de fondos públicos para financiar el viaje de Fujimori como una infracción administrativa sancionable. Según Ventura, la ONPE debería iniciar un proceso administrativo sancionador: “Cualquier acto que infrinja la normativa electoral es sancionable. Usar indebidamente dinero del Estado constituye una infracción grave que puede derivar en multas significativas o incluso en la pérdida del financiamiento público”.
Roger Santa Cruz, especialista en gestión pública por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) e investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos (IEPA), sostuvo que las acciones de Fujimori transgreden la Ley de Organizaciones Políticas y su reglamento: “Aunque la ONPE no ha declarado ilegal el acto, las evidencias sugieren una infracción. Se ha recomendado iniciar un proceso administrativo sancionador, que podría culminar en sanciones económicas o la pérdida del financiamiento público”.
Por su parte, Jorge Jáuregui, docente de derecho electoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó que la normativa electoral no considera actividades como la realizada por Fujimori como capacitaciones formales: “Visitar una universidad extranjera no califica como capacitación según la normativa vigente”.
Jáuregui concluyó que lo realizado por Fujimori constituye una falta administrativa grave y podría derivar en un proceso sancionador: “Si bien faltan analizar más detalles para determinar si hay un delito penal, está claro que el uso de recursos públicos para fines no previstos constituye una infracción seria”.
