Santiváñez reclutó a operadores en el Ministerio Público
Testimonios que matan. Dos testigos protegidos declararon al Eficopp que Juan Santiváñez captó para su estudio de abogados a ex servidores de jueces y fiscales, con la intención de que estos influyan en los casos que patrocinaba a favor de policías acusados de pertenecer a organizaciones criminales como “El Escuadrón de la Muerte” y “Los Babys de Oquendo”.
En el tiempo en que su estudio de abogados se dedicaba a defender a policías acusados por graves delitos, Juan José Santiváñez contrataba a ex servidores de fiscales y jueces, con la finalidad de influir sobre estas autoridades en beneficio de sus clientes. También contactaba con familiares y otros allegados de los magistrados.
Entre ellos se encontraban:
-Alexander Leiva Calderón, quien laboró como especialista para el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia.
-Luis Lipa Ochoa, quien se desempeñó como secretario de los jueces Jorge Chávez Tamariz y Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Tercer y Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Justicia, respectivamente.
-Gonzalo Vega Sáez, cuya madre, Érika Sáez Palacios, fue secretaria del juez supremo César San Martín Castro y administradora de la Corte Suprema, en el tiempo en el que San Martín actuó como presidente del Poder Judicial.
Un testigo protegido que trabajó en el estudio de abogados de Juan Santiváñez, en la condición de testigo protegido entregó al fiscal Carlos Ordaya López, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop), información relevante sobre el modus operandi del actual ministro para influir sobre jueces y fiscales.
De acuerdo con la manifestación del testigo protegido, Alexander Leiva Calderón se desempeñó como jefe del Área Penal del estudio jurídico de Juan Santivañez en el periodo de noviembre de 2019 a enero de 2021.
Santiváñez usó a los operadores para lograr sentencias favorables a sus clientes, policías acusados de graves crímenes. Foto: composición LR
Circuito cerrado
“Para diciembre de 2019 (…), el abogado Alexander Leiva Calderón se convirtió en jefe del Área Penal del estudio jurídico de Juan Santiváñez, porque Vanesa Alfaro (Mendoza, anterior jefa) renunció debido a que le había descubierto porquerías a Santiváñez (…)”, indicó el testigo protegido, según la transcripción oficial de su declaración ante el Eficcop.
Además de haber laborado como especialista del juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia, Alexander Leiva ejerció funciones como especialista en la Corte Suprema de Justicia, en las áreas de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, entre enero y noviembre de 2019. Es decir, ni bien dejó el Poder Judicial, fue a trabajar para Juan Santivañez.
Lo primero que le pidió Santivañez al joven abogado Alexander Leiva fue interceder con el juez Víctor Zúñiga para obtener resoluciones favorables relacionadas con el “Escuadrón de la Muerte”, una organización compuesta por oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que ejecutó a 33 personas, y “Los Babys de Oquendo”, banda criminal desmantelada cuando fueron detenidos 61 de sus integrantes, entre ellos 24 policías.
“(…) Para inicios del año 2020, el abogado Alexander Leiva me comentó que Juan Santiváñez le pidió expresamente que contacte al juez de Investigación Preparatoria con el que había trabajado, cuando este era especialista en la Sala Penal Nacional, siendo el juez Víctor Zúñiga, a fin de buscar que este juez lo favorezca en el caso Piura, del ‘Escuadrón de la Muerte’”, relató el tetigo protegido.
En efecto, el 12 de septiembre de 2019 el juez Víctor Zuñiga Urday dispuso 36 meses de prisión preventiva para el prófugo cabecilla del “Escuadrón de la Muerte”, comandante PNP Raúl Prado Ravines. La Fiscalía de Crimen Organizado le atribuyó a Prado haber ejecutado nueve falsas operaciones policiales entre 2012 a 2016 para asesinar a personas sospechosas de pertenecer a bandas de delincuentes. Uno de estos se registró en Piura, el 27 de febrero de 2015, que dejó un saldo de 4 fallecidos.
Aliado del escuadrón
El objetivo de Santiváñez era revocar la medida impuesta por el juez Víctor Zuñiga contra el comandante Raúl Prado Ravines. Si bien es cierto que el propio Juan Santiváñez no intervino en el caso penal de Prado, en su lugar actuó Alexander Leiva. Santiváñez actuó a favor de Prado ante la Inspectoría General de la Policía Nacional, donde le abrieron un proceso administrativo disciplinario.
Juan Santiváñez también recurrió al abogado Alexander Leiva para que atienda a su cliente, el capitán PNP Francisco Arévalo Quispe. Este oficial , en su condición de jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado de Piura, cumplió un papel decisivo en la matanza de 4 personas en Piura, el 27 de febrero de 2015. Este falso operativo fue el séptimo de los 9 que la fiscalía atribuye al “Escuadrón de la Muerte”. Cuatro años después, el capitán Francisco Arévalo fue arrestado y luego se le dictó detención preventiva. Con la idea de cambiar su situación de recluso, es que Arévalo buscó la asesoría legal del estudio de Juan Santiváñez.
“En este caso Juan Santiváñez quería presentar un cese de prisión preventiva a favor de Francisco Arévalo Quispe, quien para ese entonces se encontraba con mandato de prisión preventiva, y por tanto quería asegurarse de un resultado positivo comprando al juez (…) indicó el testigo.
Tres años después, el 3 de marzo de 2022, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 35 y 26 años de prisión a Prado Ravines y al capitán Francisco Arévalo por el caso de Piura.
El estudio de Santiváñez se hizo conocido por defender a policías acusados de actividades criminales.
Aparte del mencionado caso del “Escuadrón de la Muerte”, abogados del bufete de Santiváñez, se ocupó de los casos de los suboficiales PNP Lenin Martínez Gonzáles y Juan Bravo Cáceres, acusado de formar parte de la banda criminal “Los Babys de Oquendo”, desbaratada el 21 de junio de 2017.
El testigo protegido manifestó que Juan Santivañez presionaba a Alexander Leiva para que contactara con el juez Víctor Zúñiga. Pretendía que el magistrado dictara el sobreseimiento del caso a favor de sus clientes, los suboficiales Martínez y Bravo.
Además de los hechos mencionados, Alexander Leiva recibió el encargo de Santiváñez de reclutar a otros profesionales ligados al sistema judicial. En esa ocasión contrataron los servicios de los abogados Luis Lipa Ochoa y Gonzalo Vega Sáez.
En el caso Luis Lipa, este trabajó para los magistrados Jorge Chávez Tamariz y Juan Carlos Sánchez Balbuena. Y respecto a Gonzalo Veha, este es hijo de la exsecretaria del juez supremo César San Martín Castro.
Santiváñez creía que con esta red de influencias podía tratar de influir sobre fiscales o jueces vinculados con los casos que representaba su estudio de abogados.
“Juan Santiváñez le manifestó al abogado Alexander Leiva Calderón, que nuevamente se contrate abogados de una fiscalía o Poder Judicial, de los sistemas especializados. Para ello se contrata al abogado Luis Lipa Ochoa, quien había sido secretario judicial de los jueces Jorge Chávez Tamariz y Juan Carlos Sánchez Balbuena”, dijo el testigo del Eficcop.
“También se deriva al área penal a Gonzalo Vega Sáez, cuya mamá, de nombre Érika Sáez Palacios, ha sido secretaria del juez César San Martín Castro y también ha sido administradora de la Corte Suprema”, añadió.
“El propio Alexander Leiva me comentó que no había aceptado el requerimiento de Juan Santiváñez porque lo que le pedía era que procediera ilícitamente, por lo que incluso discutió con él. Juan Santiváñez le decía: ‘Tienes que ponerte la camiseta para el estudio’”, recordó el testigo.
En efecto, en enero de 2021, Alexander Leiva renunció al estudio de Juan Santiváñez. El abogado no respondió a las llamadas de este periódico.
Otro testigo protegido detalló al Eficcop que una de las razones por las que aceptó como practicante de su estudio a José Luján Benavides, hijo de la jueza superior Enma Benavides Vargas, fue construir un vínculo con la magistrada para contactar con otros jueces.
“Debo precisar que José Lujan Benavides, en la mayoría de ocasiones, no se dedicaba a trabajar sino a realizar otras actividades personales que escapaban de las tareas laborales. (…) Ante lo cual Juan Santiváñez respondió (explicó) que la presencia de José Luján Benavides obedecía a un arreglo que tenía con su madre, la jueza superior Enma Benavides Vargas, los cuales eran favorecimiento ilícitos”, dijo el testigo. En su momento, Santiváñez y Luján desmintieron la afirmación.
La revelación de que Juan Santiváñez se dedicaba a defender a policías acusados por pertenecer a organizaciones, no ha inmutado al gobierno. Por el contrario, para la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, les parece un mérito. La misma reacción del régimen de Alberto Fujimori cuando la prensa destapó que el asesor Vladimiro Montesinos fue defensor de narcotraficantes. Y se quedó una década.
“No he defendido a criminales”
“Los señores periodistas dicen que he defendido a diversos efectivos policiales, pero ni siquiera saben a quién yo he defendido”, dijo públicamente el ministro del Interior, Juan Santiváñez.
“¿He defendido a algún efectivo policial involucrado en actos de corrupción con organizaciones criminales? A ninguno, para que lo sepan”, expresó en una conferencia de prensa en Trujillo, el 22 de febrero de 2025.
Luego Juan Santiváñez señaló que se desvinculó totalmente de esos casos. “Ya no soy abogado de estas personas. Mi compromiso ahora es con la política y con mi función pública”, indicó el ministro del Interior.
La investigación de la Eficopp en la que constan las declaraciones de los testigos protegidos citados, es el presunto pago de sobornos a jueces y fiscales que ventilaron los casos del estudio de abogados de Juan Santiváñez.
Los testigos protegidos, según se desprende de sus manifestaciones, trabajaron en el estudio de abogados de Santiváñez.
