Dina Boluarte y la pena de muerte: una propuesta con trampa y en contra de los tratados internacionales
Analistas consultados por La República cuestionan la viabilidad de la pena de muerte en Perú, resaltando que carece de una base técnica y podría agravar la crisis de justicia del país.
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El gobierno de Dina Boluarte parece tener siempre el mismo as bajo la manga: la pena de muerte. El apoyo popular a esta medida dibuja un horizonte atractivo para las autoridades que carecen de respaldo ciudadano. En el caso de Boluarte, no sorprende que insista con esta propuesta en sus discursos.
El ejemplo más reciente ocurrió durante su intervención por el inicio de las clases escolares. En una muestra de falta de tacto, la mandataria habló sobre la pena de muerte como una alternativa necesaria en la lucha contra la delincuencia, mientras escolares, atónitos, la observaban desde atrás.
"Estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, mujeres o niños no tienen posibilidad de resocializarse. Es ahí donde se debe aplicar la pena de muerte. Esta posición no busca distraer la atención, lo hacemos pensando en el país (…) Debatamos esta propuesta, hagámosla posible", declaró la presidenta.
Más allá de la narrativa punitivista de la jefa de Estado, persisten dudas sobre la viabilidad de esta medida: ¿Es posible aplicarla en nuestro país? Para acercarse a una respuesta, La República consultó a diversos expertos que analizaron la pena de muerte desde distintos enfoques.
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"Es una propuesta que carece de sustento técnico"
Para Pavel Aguilar, profesor de sociología política de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), esta propuesta funciona como un "salvavidas" para gestiones en decadencia: "La pena de muerte en el Perú no es un tema reciente, sino una consigna polémica que resurge periódicamente, especialmente en momentos de extremo estrés colectivo. En las últimas décadas, ha sido planteada durante los años de violencia política, luego como respuesta a los escándalos de corrupción y finalmente como una salida drástica frente a la delincuencia", señala.
Aguilar también cuestiona la supuesta popularidad de la medida: "La última edición de la Encuesta Mundial de Valores de 2022, que incluye al Perú, muestra que el 44% de los encuestados considera totalmente injustificable la aplicación de la pena de muerte, frente a un 8% que la considera completamente necesaria".
Si bien un sector de la población podría aplaudir la medida, Aguilar advierte que esta no es una "solución mágica": "Es sumamente irresponsable que el gobierno plantee esta medida con ligereza. Promete eficacia, pero podría agravar aún más la aplicación de la justicia en el país. ¿Nuestro sistema judicial garantiza un proceso justo que desemboque en la pena capital? Creo que no. Sería muy peligroso aceptar esta propuesta sin cuestionarla".
"Muy pocos confiarían la vida de sus familiares al sistema judicial peruano"
El politólogo Jhimer Monzón, director general de la Asociación de Estudios en Ciencias Sociales 'Leviatán', advierte sobre los riesgos que supone aplicar la pena de muerte en un contexto de debilidad institucional: "Nuestro sistema de justicia es cuestionado constantemente. ¿Quién pondría las manos al fuego por las sentencias de los jueces peruanos? Muy pocos confiarían la vida de sus seres queridos a un sistema judicial debilitado. La corrupción y los conflictos de interés han manchado numerosas sentencias".
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Monzón considera que el respaldo popular a esta medida se debe a la falta de gestión efectiva contra el crimen organizado y la delincuencia: "Es comprensible que, ante la terrible situación que enfrentamos a diario, surjan propuestas extremas. Sin embargo, no podemos permitir que la ira nuble nuestro juicio. La historia muestra que la pena de muerte, lejos de solucionar la inseguridad, ha sido utilizada como herramienta de control político".
"No es jurídicamente viable"
Osvaldo Zavala, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que la medida es inviable desde el punto de vista jurídico. Además, señala que promover este debate implica compromisos políticos falsos.
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"Actualmente, la pena de muerte en el Perú no es jurídicamente viable, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por nuestro país, prohíbe la creación de nuevos supuestos de pena de muerte. Si el gobierno realmente quisiera impulsar esta medida, tendría que iniciar un procedimiento jurídico complejo que tomaría años. Sin embargo, en medio de la crisis de seguridad que vivimos, lo que el país necesita son acciones inmediatas", apuntó Zavala.
El especialista sugirió alternativas más efectivas: "En lugar de enfocarse en la pena de muerte, el Gobierno debería centrarse en medidas concretas como mejorar el sistema penitenciario, implementar un sistema de geolocalización para rastrear extorsionadores, reactivar la inteligencia policial y fortalecer la capacidad de investigación y sanción".
"Numerosos estudios han demostrado que no disuade a los delincuentes"
Andy Carrión, abogado penalista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), afirma que la propuesta del Gobierno no sería efectiva ni rápida, pues su aplicación pasaría por un complejo proceso internacional.
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"En el hipotético caso de que el Congreso o el Ejecutivo intentaran implementar la pena de muerte, primero deberían reformar la Constitución. Pero esto no sería suficiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a los Estados que introduzcan o apliquen la pena de muerte en contravención de sus compromisos internacionales. Para avanzar, el Perú tendría que denunciar el Pacto de San José y formalizar su salida, lo que implicaría un proceso extenso y complicado", explicó.
Además, Carrión subraya que la pena de muerte no es efectiva como herramienta disuasoria: "Estudios internacionales han demostrado que esta sanción extrema no reduce los índices de criminalidad. Desde un enfoque criminológico, su eficacia como mecanismo de control del delito es cuestionable".
