Testigos protegidos denuncian presuntos sobornos de ministro Juan José Santivañez para resolver casos de forma ilegal
La exjueza Enma Benavides Vargas habría sido la intermediaria clave en la presunta red de sobornos. Su hijo, José Luján Benavides, trabajó en el estudio del ministro Santivañez como parte de un presunto arreglo para manipular fallos a cambio de dinero.
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Dos testigos bajo protección ofrecieron al Ministerio Público declaraciones pormenorizadas que involucran al ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, en una supuesta red de sobornos destinada a alterar resoluciones judiciales en beneficio de sus clientes. Según un informe de Cuarto Poder, los testimonios, que contarían con el respaldo de audios, videos y documentos, indican que el funcionario habría recibido pagos ilegales para "solucionar" casos penales, aprovechando su influencia en el Poder Judicial.
Según los relatos de los testigos 01-2025 y 02-2025, Santiváñez habría solicitado hasta $60,000 dólares a familiares de investigados para asegurar fallos favorables mediante jueces y fiscales corruptos. Uno de los casos mencionados involucra al capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, procesado por el caso El Escuadrón de la Muerte, cuyo familiar habría pagado al ministro con la promesa de obtener su libertad mediante hábeas corpus. Sin embargo, los recursos fueron denegados pese al desembolso.
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Los testigos señalan que Santiváñez operaba con la exjueza superior Enma Benavides Vargas como intermediaria. Según uno de los declarantes, el hijo de Benavides, José Luján Benavides, trabajaba en el estudio jurídico del ministro bajo un "arreglo" para favorecer decisiones judiciales a cambio de dinero.
“Entre llantos le contó que Juan José Santiváñez Antúnez le había pedido $ 60,000.00 dólares para arreglar a los jueces que tenían a su cargo unos habeas corpus que él había presentado en favor de su familiar, porque él le dijo expresamente a ella que adentro del Poder Judicial tenía como persona de confianza a la jueza Enma Benavides Vargas, y que ella era la intermediaria para arreglar con diversos jueces y que estos a su vez saquen resoluciones a su favor a cambio de dinero”, relató el testigo 01-2025.
Otro episodio grave involucra al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita, investigado por compras irregulares de mascarillas durante la pandemia. El testigo 01-2025 asegura que Santiváñez recibió S/64,000 soles del militar en su propio estudio, dinero destinado a sobornar al fiscal del caso. La entrega se habría realizado en efectivo, ante testigos.
“Juan José Santiváñez Antúnez le pidió S/. 64,000 soles al General PNP Héctor Javier Petit Amesquita en circunstancias que se encontraban en la oficina de Juan José Santiváñez Antúnez, y que dicho requerimiento de dinero era para evitar que se requiera en contra del General PNP Héctor Javier Petit Amesquita, una medida coercitiva en el marco de su proceso penal que se le venía siguiendo por la compra irregular de mascarillas en época de pandemia. Este dinero era el pago para el pago de coima al fiscal que estaba a cargo del caso”, relató.
Administradora de estudio de abogados de Santiváñez bajo el ojo del Ministerio Público
Por otro lado, el testigo 02- 2025 acusó a Yessenia Stefany De La Cruz Rivas, administradora del estudio de Santiváñez, de colaborar en el lavado de dinero y ocultar pruebas. Según las declaraciones, ella habría escondido una computadora y un iPad del ministro en la oficina de un excliente policial, ubicada en San Isidro. Además, se menciona que Santiváñez contrataba abogados con vínculos en altas esferas judiciales para consolidar su red, como es el caso de Enma Benavides y su hijo.
“Tengo conocimiento que Juan José Santiváñez le habría pedido a inicios de este año 2025 a Yessenia Stefany De La Cruz Rivas que oculte su computadora personal y Ipad personal, por cuanto en su contenido tiene información que podría perjudicarlo, y le solicita ello en razón de la confianza que le tiene a Yesenia de la Cruz por la relación sentimental extramatrimonial que hasta la fecha mantienen”, relató.
Frente a las acusaciones, esta habría sido la razón por la que Santiváñez emitió un comunicado el 28 de febrero, tachando de "falsas" las declaraciones y sugiriendo que se trata de una "cortina de humo". Sin embargo, los testigos presentaron chats, audios y registros de llamadas que vinculan al ministro con los hechos, incluido un número celular que habría usado para contactar al agente Culebra, involucrado en escándalos anteriores.
Abogado Andy Carrión explica que Santiváñez podría recibir de 4 a 5 años de prisión
El abogado penalista Andy Carrión explicó que los hechos podrían configurar delitos como cohecho activo (4 a 6 años de prisión) y tráfico de influencias. "Es fácil desacreditar al mensajero, pero si hay pruebas, el ministro debería entregar sus dispositivos para una investigación transparente", afirmó.
La Fiscalía evalúa un posible allanamiento a la vivienda de Santiváñez, información que él habría conocido anticipadamente. Esto plantea dudas sobre filtraciones dentro de la institución policial, comandada por el propio ministro. Mientras la Fiscalía de la Nación analiza las evidencias, la credibilidad del Gobierno de Dina Boluarte enfrenta un nuevo desafío, con su ministro estrella en el ojo de la tormenta.
Juan José Santiváñez rechaza las imputaciones
Durante su intervención en el dominical Cuarto Poder, el ministro Juan José Santiváñez rechazó las imputaciones dadas a conocer. En ese sentido, aseguró haber conversado con el general de la PNP Héctor Javier Petit Amesquita minutos antes de este informe, y le manifestó desconocer las acusaciones.
Asimismo, rechazó que se hubiera ocultado un iPad, ya que en aquella oportunidad aseguró no utilizar dicho dispositivo electrónico. Por el contrario, manifestó ser más aficionado al método tradicional, con lápiz y cuaderno de apuntes.
