Gobierno de Trump se opone a orden judicial de EEUU para regresar al salvadoreño deportado por error a El Salvador
Un nuevo choque institucional en Estados Unidos surge tras la deportación indebida de Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño con protección judicial desde 2019, desobedeciendo una orden judicial.
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Un nuevo enfrentamiento institucional ha sacudido a Estados Unidos. El Gobierno de Trump desafió una orden emitida por una jueza federal que exige el retorno inmediato de Kilmar Armando Ábrego García, un salvadoreño deportado de forma indebida a su país de origen, pese a contar con una protección judicial que impedía su expulsión del territorio estadounidense desde 2019. El caso ha provocado una ola de reacciones en la comunidad migrante y defensores de derechos humanos que denuncian una vulneración sistemática de la justicia.
Ábrego García fue trasladado a El Salvador por un error administrativo reconocido por el propio Ejecutivo. Sin embargo, las autoridades se han negado a gestionar su regreso, escudándose en limitaciones constitucionales. Mientras tanto, el joven permanece encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele.
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¿Por qué fue deportado Kilmar Armando Ábrego García a El Salvador, a pesar de tener protección judicial?
Kilmar Armando Ábrego García, de 29 años, vivía legalmente en Maryland junto a su esposa, una ciudadana estadounidense y sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad. Llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, huyendo de amenazas de muerte por parte de pandillas salvadoreñas. En 2019, un juez le otorgó protección judicial que prohibía cualquier intento de deportación, debido al grave riesgo que enfrentaba si regresaba a El Salvador.
A pesar de esta medida legal vigente, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron sin una orden judicial, junto a otros tres hombres, mientras buscaban trabajo en una tienda de Home Depot en Baltimore. El arresto se basó en una supuesta vinculación con la organización criminal MS-13, acusación que nunca se sustentó con pruebas ni resultó en cargos formales. Sin juicio previo, el 15 de marzo fue incluido en un vuelo que deportó a 23 salvadoreños y 238 venezolanos, todos enviados al Cecot. Esta acción violó órdenes judiciales previas y se ejecutó mientras los aviones aún estaban en el aire, desobedeciendo un fallo del juez federal James Boasberg.
¿Qué argumento utilizó el Gobierno de Trump para rechazar la orden judicial?
Tras conocer el caso, la jueza federal Paula Xinis ordenó el 4 de abril la repatriación inmediata de Ábrego García. En su dictamen, calificó la deportación como un acto ilegal y exigió su retorno antes del 7 de abril. No obstante, el Gobierno de Trump respondió con una apelación en la que consideró inconstitucional la orden judicial. Según sus abogados, la disposición del tribunal obliga al Ejecutivo a interferir en decisiones de una potencia extranjera, en este caso El Salvador, lo cual, a su juicio, resulta inadmisible bajo la Carta Magna.
Aunque el Departamento de Justicia admitió que Ábrego García no debió ser deportado, tampoco ha dado pasos reales para coordinar con el gobierno de Nayib Bukele su regreso. El abogado de la familia, Simon Sandoval-Moshenberg, denunció la falta de acción concreta. Asegura que tras las declaraciones públicas del Ejecutivo, no ha existido ninguna gestión diplomática. “Hay discursos, tuits y conferencias de prensa, pero ni un solo intento real de repatriarlo”, afirmó durante la audiencia en el tribunal de Greenbelt, Maryland.
