Fin del TPS en Doral pone en riesgo a la comunidad venezolana en EE. UU.: negocios locales en riesgo
El vencimiento del TPS para venezolanos podría afectar gravemente la economía de Doral, una de las ciudades con mayor concentración de inmigrantes de ese país. La incertidumbre crece entre los residentes y comerciantes locales.
- Grandes noticias para inmigrantes en EEUU: indocumentados pueden demandar al ICE si son arrestados ilegalmente
- La nueva ley de tránsito en California firmada por Gavin Newsom impone fuertes multas sin detener a los conductores
A tres semanas de la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, Doral, una ciudad en el condado Miami-Dade, se enfrenta a un escenario de gran incertidumbre. Más de 84.000 residentes de esta localidad tienen raíces venezolanas, lo que representa más del 40 % de la población total. Desde que se conoció la noticia de la no renovación de este beneficio migratorio, los habitantes de Doral han comenzado a sentir el impacto en diversas áreas, especialmente en lo económico.
Doral, conocida como "Doralzuela" por su alta concentración de inmigrantes venezolanos, ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas dos décadas. Su auge ha sido, en gran parte, impulsado por la comunidad venezolana, que ha jugado un papel esencial en el desarrollo de los negocios locales. Sin embargo, con la posibilidad de perder el TPS, muchos temen que la ciudad enfrente una crisis económica sin precedentes, que podría incluir la pérdida de empleos y la reducción de la actividad comercial.
La crisis económica que enfrentaría el Doral por el fin del TPS
La expiración del TPS está afectando directamente a los negocios en Doral, especialmente aquellos que dependen de la mano de obra venezolana. Los inmigrantes venezolanos con TPS han sido fundamentales para el crecimiento de empresas locales en sectores como la restauración, los servicios y el comercio minorista. Sin embargo, con la proximidad de la fecha de vencimiento del beneficio migratorio, la preocupación ha comenzado a ser palpable. Los empresarios temen que la reducción de esta fuerza laboral pueda generar un colapso económico en la ciudad.
Según Rafael Pineyro, concejal de Doral y nacido en Caracas, muchas personas que cuentan con el TPS son dueños de negocios o trabajan en ellos, desempeñando un papel esencial en el dinamismo económico local. La pérdida de este beneficio podría desencadenar un éxodo de trabajadores o, en el peor de los casos, un aumento en la informalidad laboral, lo que afectaría a la calidad de los servicios y productos ofrecidos en la ciudad. Además, algunos residentes se han visto obligados a esconderse y a prepararse para vivir como indocumentados, lo que incrementa la tensión en la comunidad.
Temor y fuga de capital en la comunidad venezolana
El miedo a la deportación está llevando a muchos inmigrantes venezolanos a tomar medidas para protegerse. Algunos han comenzado a reducir sus gastos y a retirar vehículos de concesionarios, temiendo que cualquier acción que los vincule a una actividad comercial los haga más vulnerables a las redadas de inmigración. En el caso de un concesionario de autos local, se ha registrado una disminución significativa en las ventas, con la devolución de más de 160 vehículos en las últimas semanas.
Este comportamiento se refleja en otros sectores económicos de Doral. Los restaurantes, como El Arepazo, tradicionalmente un punto de encuentro para la comunidad venezolana, han visto una reducción notable en el número de clientes. Varios comercios han tenido que modificar sus ofertas y ajustar sus horarios debido a la disminución de la demanda. La incertidumbre creada por la expiración del TPS está afectando a los negocios a corto plazo, pero el daño real podría volverse más evidente a medida que pase el tiempo, especialmente si algunos inmigrantes deciden quedarse sin estatus legal, arriesgándose a enfrentar consecuencias legales.
Demandas legales y la lucha por la extensión del TPS
Ante el temor de un daño irreversible, diversas organizaciones de derechos humanos han presentado demandas en tribunales federales, argumentando que la decisión de no renovar el TPS podría estar motivada por prejuicios raciales, lo que violaría la Constitución de los Estados Unidos. Este recurso judicial intenta frenar el proceso de terminación del TPS y garantizar que los beneficiarios puedan seguir disfrutando de sus derechos legales en el país. Sin embargo, aún no está claro si esta acción tendrá éxito.
La situación también ha generado un debate sobre la necesidad de encontrar una solución permanente para los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Mientras algunos piden una nueva extensión del TPS, otros abogan por un camino hacia la legalización permanente, lo que permitiría a esta comunidad seguir contribuyendo al crecimiento de la economía estadounidense y, en particular, al dinamismo económico de ciudades como Doral.
