Perú es el segundo país con mayor cantidad de viviendas provenientes del tráfico de tierras: solo el 7% de las casas son formales
En Perú, el tráfico ilegal de tierras representa una de las mayores problemáticas del sector inmobiliario. Según la ASEI, el 93% de las habilitaciones urbanas provienen de asentamientos informales, lo que agrava la crisis habitacional e impacta en la economía del país.
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En Perú, el tráfico ilegal de tierras continúa siendo una problemática estructural que impacta directamente en el acceso a la vivienda. De acuerdo con la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), el 93% de las habilitaciones urbanas en el país provienen del mercado informal, colocando a Perú en el segundo puesto a nivel global, solo por detrás de Cuba. Este fenómeno se debe a la creciente demanda de viviendas y a la falta de una política estatal efectiva para regularizar el acceso a terrenos formales.
Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la ASEI, advirtió que esta situación no solo genera un desorden urbanístico, sino que también impacta negativamente en la economía del país. La proliferación de viviendas informales limita el acceso a servicios básicos como agua, electricidad e internet, afectando la calidad de vida de millones de peruanos y perpetuando la desigualdad en las ciudades.
Perú es el segundo país con más viviendas informales
El tráfico de tierras en Perú es una industria que mueve grandes sumas de dinero y perjudica tanto a los compradores como al desarrollo urbano del país. A falta de acceso a vivienda formal, muchas familias se ven obligadas a recurrir a traficantes de terrenos, quienes venden lotes sin título de propiedad ni garantías legales. Esta práctica ha generado el crecimiento de ciudades enteras sin planificación ni infraestructura adecuada.
En muchas zonas del país, los traficantes falsifican documentos, ocupan terrenos del Estado o invaden propiedades privadas para luego venderlas de manera fraudulenta. Esta situación no solo afecta a los compradores, sino que también genera conflictos sociales y problemas legales de difícil resolución.
El problema se agrava debido a la falta de una política habitacional efectiva que permita a las familias acceder a viviendas formales, que actualmente solo representan el 7%. Mientras el Estado no brinde opciones accesibles y sostenibles, el tráfico de tierras seguirá siendo la principal alternativa para miles de peruanos que buscan un techo propio.
El 93% de las viviendas en Perú provienen del mercado informal. Foto: Económica.
Brecha habitacional es uno de los principales desafíos del Perú
La crisis de vivienda en Perú es una de las más severas de América Latina. Según datos de la ASEI, 1 millón 900.000 familias peruanas enfrentan problemas habitacionales, de las cuales 600.000 no cuentan con una vivienda propia. Además, cada año se suman aproximadamente 140.000 familias nuevas con necesidades de una propiedad, lo que incrementa la presión sobre el sector inmobiliario.
A pesar de la creciente demanda, el país solo produce 40.000 viviendas formales al año, un número insuficiente para cubrir la necesidad real de 200.000 unidades anuales. Para cerrar esta brecha en la próxima década, se requeriría al menos triplicar la producción de viviendas, alcanzando las 60.000 unidades por año.
Según Ana Cecilia Gálvez, la solución a esta crisis radica en la implementación de una política habitacional estable, con subsidios y financiamiento predecibles a largo plazo. Como ejemplo, citó el caso de Colombia, que cuenta con un presupuesto aprobado hasta el 2034 y logra producir 225.000 casas anuales, demostrando que la planificación es clave para combatir la informalidad.
Según la ASEI, 600.000 no cuentan con una vivienda propia en Perú. Foto: LR.
¿Cómo impacta la vivienda formal en la economía del país?
El desarrollo de viviendas formales no solo impacta en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también es un motor de crecimiento económico. Según la ASEI, cada sol invertido en subsidios para vivienda genera un retorno 21 veces mayor en la economía, impulsando sectores como la construcción, el comercio y los servicios.
Además, la vivienda formal permite a las familias acceder a servicios básicos como agua potable, electricidad e internet, lo que mejora su calidad de vida y brinda mejores oportunidades de desarrollo. En contraste, las viviendas producto del tráfico de tierras suelen carecer de estos servicios, perpetuando condiciones de vulnerabilidad y exclusión.
