El país se movilizó, pero la ola criminal no se detiene
¿Quiénes son los responsables? Dirigentes de diferentes sectores dicen que extorsiones y asesinatos se han intensificado y culpan al Gobierno y al Congreso por aprobar leyes procrimen. Transportistas y construcción civil anuncian nueva movilización.
Luego de los paros y movilizaciones de septiembre, octubre y noviembre, y las promesas del Gobierno de enfrentar la inseguridad ciudadana, dirigentes de diferentes sectores productivos advierten con preocupación que las extorsiones y los asesinatos se han intensificado. Y atribuyen esta situación a la incapacidad del ministro Juan Santiváñez, quien lleva casi nueve al mando del sector Interior.
Ante este panorama, los gremios de transportistas y construcción civil han decidido convocar una nueva movilización para el 10 de diciembre, con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, indicó a La República que los asesinatos y ataques en su sector se han incrementado, especialmente en estas fechas de fin de año. Sostuvo que la responsabilidad de esta incontrolable ola de delincuencia recae en el Gobierno, “ya que, hasta el momento, ninguna de sus medidas han sido efectiva para frenar a las bandas criminales”.
“El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no tiene ninguna estrategia; seguimos de mal en peor. Él dijo que iba a renunciar si en un plazo de 30 días no había resultados, pero incumplió y se aferra a su cargo. Nos siguen matando y no les importa”, señaló enfático.
Dirigentes de transportistas advierten que extorsiones se han intensificado en su sector. Foto: LR
Nueva movilización
Por ese motivo, Campos anunció que en la nueva movilización participarán sectores de transportistas de distintas modalidades y regiones. Explicó que se reunirán en la plaza Dos de Mayo a las 3:00 p.m. para luego marchar por las principales calles de Lima, exigiendo la derogación de la ley procrimen n.° 32108 y el archivo de la Ley de Terrorismo Urbano, ya que “estas normas solo favorecen a los criminales”.
Sin justicia
Por su parte, César Soberón, representante de la Federación de Construcción Civil (FTCCP), alertó que las bandas criminales llegaron a Arequipa, donde no se registraba casos de extorsión.
Por ello, en esa ciudad los trabajadores ya se encuentran en un paro indefinido por los ataques y las amenazas de muerte que reciben a diario. “El ministro del Interior dice que las cifras de criminalidad han disminuido, parece que vive en una realidad distinta a lo que vivimos millones de peruanos con extorsiones, delincuencia y asesinatos”, fustigó.
Asimismo, Soberón mencionó que hasta la fecha Santiváñez no ha dado respuestas ni ha capturado a los responsables del asesinato del dirigente gremial Arturo Cárdenas.
“Durante su gestión ha incrementado el escenario de criminalidad en el Perú, parece que tiene otras prioridades. Necesitamos que nuestros diálogos tengan resultados concretos. Hay poca voluntad para frenar estos problemas”, afirmó.
Ante esta situación, decidieron llevar a cabo una movilización a nivel nacional este 10 de diciembre para solicitar justicia por sus 24 dirigentes asesinados por mafias de extorsionadores. “Exhortamos a que capturen a los culpables y acabar con la impunidad”.
“La concentración será en la Plaza Dos de Mayo a las 3:30 p.m. Convocamos a que se sumen a esta movilización. Casi a diario se ven casos en los que la misma policía está involucrada en bandas criminales. Tenemos que hacernos escuchar”, dijo.
Trabajadores de construcción anuncian una nueva movilización este 10 de diciembre. Foto: LR
Amenazados
Por su parte, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, expresó su profunda preocupación por la grave situación que atraviesan sus agremiados, quienes viven en constante temor ante la amenaza de los grupos delictivos organizados.
Contó a este diario que las extorsiones en su sector se han intensificado, ya que ahora los criminales de ‘gota a gota’ están obligando a sus socios a que saquen préstamos, para luego exigirles bajo amenazas altas cantidades de dinero a fin de evitar atentados contra sus vidas.
“Los criminales vienen con agresiones mucho más fuertes contra nuestros socios. Antes no era así. Hace un mes, una socia capturó a un delincuente y lo llevaron a la comisaría, pero allí le dijeron que no podían hacer nada porque no había pruebas. Sin embargo, sí las había. Mi socia me dijo: ‘¿(Los policías) quieren que me maten para que recién actúen?’”.
Otro de los graves problemas que existen, según Choy, es que hay leyes que favorecen a los criminales y que, en las mismas comisarías, hay policías involucrados en grupos delincuenciales, lo que permite que los delincuentes salgan en libertad y luego atenten contra los denunciantes.
“Cuando uno va a denunciar, al final los delincuentes se enteran de esto porque los mismos policías a veces les avisan, y al final no procede. Y la fiscalía también dice que no hay pruebas suficientes y los sueltan. Todo esto nos afecta bastante a nosotros”, lamenta.
Indefensos. Los bodegueros también se han convertido en blanco de las extorsiones. Foto: LR
“Medida populista”
Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, afirma que el estado de emergencia en La Victoria no será efectivo debido a que para combatir a las bandas criminales es necesario tener a policías especializados y no a las fuerzas armadas en las calles.
“Nosotros contratamos nuestra propia seguridad. Ahora me pregunto: ¿de dónde saldrán más efectivos si no se abastecen? No contamos con suficientes policías. Esta es una medida populista, nada más”, cuestionó el dirigente.
Además, recordó que hace un mes el propio jefe de la comisaría Apolo fue acusado de cobrar coimas, al igual que otros efectivos de la PNP. Por lo que asegura que ya no se puede confiar en nadie.
“La responsable directa de todo esto es la presidenta Dina Boluarte, que es una incapaz y que no le interesa lo que le pasa a la población”.
Gamarra. Empresarios exigen policías con experiencia. Foto: LR
Aumentan homicidios en el país
Producto de la ola criminal, el 2024 podría cerrar con un aumento del 30% de homicidios en comparación con el 2023, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Y es que, hasta el 28 de noviembre último se habían registrado 1.817 crímenes a nivel nacional; aunque el analista de datos Juan Carbajal advierte que esta cifra podría alcanzar los 2.000 casos si la tendencia actual se mantiene.
De ser así, esta última cantidad representaría un 30% más frente a los 1.494 homicidios registrados en el 2023.
En agosto se registró 204 homicidios y es considerado el mes con mayor número de muertes.