Lava Jato: Corte Suprema de Brasil anula todos los procesos contra exministro Antonio Palocci

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, vía el ministro (juez supremo) José Antonio Dias Toffoli, declaró la nulidad absoluta de todos los procesos seguidos a Antonio Palocci, dirigente del Partido de los Trabajadores y ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en relación con los procesos del caso Lava Jato.

Dias Toffoli consideró que Palocci fue objeto de una conducta conspirativa "con objetivos políticos” entre el ex juez federal Sergio Moro y los miembros del Ministerio Público de Curitiba, encabezados por Deltan Dallagnol. Esa conducta, en opinión del magistrado supremo, ignoró el sistema adversarial, la defensa amplia y la propia institucionalidad del Ministerio Público y el Poder Judicial, perjudicando los derechos del investigado.

La resolución de la justicia brasileña que, amplía lo ya resuelto respecto de Marcelo Odebrecht y José Leo Pinheiro, podría tener repercusiones en los procesos en el Perú relacionados en el caso Lava Jato. Además de la nulidad de las pruebas y sentencias, el juez supremo brasileño cuestiona diversas actuaciones judiciales y fiscales.

Acciones indebidas por parte del juez y fiscales

Entre esas actuaciones menciona que el juez levantó la confidencialidad de una declaración de Palocci en el acuerdo de delación premiada, menos de una semana antes de las elecciones presidenciales de 2018, lo cual habría tenido el objetivo de perjudicar a uno de los candidatos. Además, el uso de la prisión preventiva para obtener una declaración o una colaboración eficaz. El juez sustenta su decisión en los mensajes compartidos por Moro y Dallagnol durante todo el proceso de Lava Jato, que se conocieron a raíz de la operación "Operación Spoofing".

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"Dichos diálogos permitieron confirmar que nunca hubo imparcialidad por parte del ex magistrado. El diálogo directo entre la Corte y el Ministerio Público fue constante, con el ex juez asumiendo la posición de “líder” de la Lava Jato – por lo tanto, de acusador –, dictando verdaderamente el curso de la operación y comandando las acciones del Ministerio Público Federal", explica Dias Toffoli

La corrupción no se puede combatir de forma clandestina

"La necesaria lucha contra la corrupción -prosigue- no autoriza al inspector ni a la policía a desobedecerla, y es lamentable que esta conducta, debidamente identificada en los diálogos de la Operación Spoofing, haya resultado en nulidad, con enormes pérdidas para Brasil. En otras palabras, lo que podía y debía haberse hecho conforme a la ley para combatir la corrupción se hizo de forma clandestina e ilegal, equiparando al Ministerio Público con los acusados ​​en la fosa común de conductas tipificadas como delito".

En otro momento anota: El magistrado Sergio Moro y los miembros del grupo tarea de la Operación Lava Jato afectaron no solo a Marcelo Odebrecht, sino también a Antonio Palocci, quien también tuvo sus derechos fundamentales al debido proceso, al contradictorio y a la amplia defensa violados por la "conspiración con objetivos políticos” que realizaron el ex juez federal y los miembros del Ministerio Público de Curitiba para perjudicar a toda costa al actual presidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores.

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"Antonio Palocci fue un tema recurrente y las ilegalidades cometidas contra él fueron innumerables. Esto porque el peticionario era un miembro de alto rango del Partido de los Trabajadores y, a los ojos del grupo de trabajo, sería un “paso” importante para posibilitar el avance de la persecución contra ese grupo político y Luiz Inácio Lula da Silva".

Embargo excesivos que fueron más allá de la posible reparación futura

Al respecto, la resolución judicial destaca que se promovió la incautación no solo de los bienes de Antonio Palocci, sino también de su hija y de su hijastra, "como si no fueran suficientes los cuantiosos embargos personales y de su empresa, "Projeto Consultoria", es más, en un proceso en el que no se cuestionaba el origen de los fondos recibidos, por lo que era un posible un embargo en el futuro.

"Las estrategias previamente pactadas entre el magistrado y el Ministerio Público eran una fórmula de éxito desconocida para el público en general, pero que, en lo particular, implicaron asesorías, intercambio de información confidencial, entre otras estrategias que simplemente aniquilaban el derecho a la defensa, como lo revelan los diálogos obtenidos en la Operación Spoofing".

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El Supremo Tribunal Federal transcribe diversos párrafos de las conversaciones entre el juez y los fiscales. "Deltan, la PGR, después de nuestra conversación, cambió de opinión y ya hizo la petición de los Santana en la misma petición, lo que agiliza un poco las cosas. Me pidieron que le envíe los términos del acuerdo, pero que no dé acceso a la defensa y, alternativamente, si el STF entiende que debe dar acceso, proceder de esa manera. Prometieron proporcionar hoy los números de petición y caso", le escribió el juez Moro al grupo de Tarea de Lava Jato.

Coordinaciones al margen de la Ley

A partir de esos datos, el juez concluye que "no hay duda que el ex juez Sergio Moro coordinó directamente con miembros del Ministerio Público Federal las acciones que serían tomadas o atendidas en el proceso penal contra el peticionario. "En concreto, en los diálogos reseñados anteriormente, el ex Magistrado, el 24/05/2017, advierte al ex fiscal Deltan Dallagnol sobre una sentencia que había emitido y "delineó" lo que debía (o no debía) hacer el MPF en la acción penal contra Palocci, incluso en relación a documentos reservados que sólo estaban siendo tramitados en el Supremo Tribunal Federal", reseña el magistrado.

Al anular los procesos contra Antonio Palocci, el juez supremo federal explica que el ex ministro de Hacienda no fue condenado en ninguno de los 7 casos derivados de la operación Lava Jato. Solo sigue en trámite una acción penal electoral donde se han declarado que las pruebas provenientes de los servidores Drousys y MyWebDayB se declararon nulas y sin valor legal alguno, pues no hay certeza de su integridad.

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Además, resalta el Consejo Nacional de Justicia, en un informe de fiscalización realizado por el ministro (juez) Luis Felipe Salomao, en calidad de Inspector Nacional de Justicia, reveló el manejo absolutamente caótico de los recursos de la Operación Lava Jato en el 13° Juzgado Federal de Curitiba y en la creación de la "Fundación Lava Jato" que crearon los fiscales con el objetivo de manejar los dineros recuperados, a través de los acuerdos de delación y de lenidad. Los fondos fueron inicialmente asignados a Petrobras como víctimas y, posteriormente, regresaron a manos de los fiscales.

Ya van cuatro sentencias que cuestionan el trabajo de Lava Jato

"Es destacar, por tanto, que la colusión que involucró al magistrado y al fiscal de Curitiba no se limitó al escenario endoprocesal, sino que también involucró, como se menciona en el informe, la entrada en la vida política de personas que participaron en la operación, siendo necesario enfatizar que el intento de creación de la fundación Lava Jato sería un paso más dentro de un conjunto de acciones dirigidas al campo político, como lo demuestra el propósito primordial de la fundación que se crearía, a saber, la promoción de la formación de líderes y la mejora de las prácticas políticas", reseña la sentencia.

​"Las  estrategias  previamente  pactadas  entre  el  magistrado  y  el  Ministerio  Público  eran   una  fórmula  de  éxito  desconocida  para  el  público  en  general,  pero  que,  en  lo  particular,   implicaban  asesorías,  intercambio  de  información  confidencial,  entre  otras  estrategias  que   simplemente  aniquilaban  el  derecho  a  la  defensa,  como  lo  revelan  los  diálogos  obtenidos   en  la  Operación  Spoofing".

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Dias Toffoli anota que no es el único ministro de la Corte Suprema de Brasil en emitir sentencias que cuestionan el trabajo del Grupo de Tarea de Lava Jato. A sus decisiones se han sumado sentencias emitidas por los ministros Edson Fachin, sobre incompetencia del juzgado de Curitiba en diversos casos; Gilmar Mendes, sobre la colusión del juez y fiscales de Curitiba; Ricardo Lewandowski sobre la obtención y uso de pruebas sin observar los canales oficiales y la cadena de custodia, entre otras cientos de decisiones judiciales.

Sobre el uso de la prisión preventiva

"En este sentido, este supremo Tribunal ha servido como una verdadera barrera a las ilegalidades practicadas por ciertos jueces y fiscales en Curitiba, así como para contener el intento de tomar el Poder Judicial y el Ministerio Público para realizar proyectos personales, dejando el anonimato absoluto para vender cientos de conferencias que valen el salario mensual de la mayoría de jueces y fiscales de la República o para prestar servicios a consultoras internacionales a un alto precio, y políticos - en los que se crearon candidaturas dentro de las instituciones, aprovechándose de la buena fe del pueblo en detrimento de otros candidatos, que actúan exclusivamente en el campo político".

En esta misma línea, el juez Dias Toffoli subraya: "Naturalmente estos jueces y fiscales -que no están dedicados y que se creen mejores que los demás -han ido abandonando sus carreras para enriquecerse en el sector privado y obtener poder político personal, dejando tras de sí un alto precio institucional que pagar por quienes no se dejaron seducir- los idealistas sobre cuyos hombros recaen las consecuencias de estos actos de profundo egoísmo y falta de espíritu público".

Siguiendo con las críticas al trabajo de los fiscales y el juez de Curitiba, el juez del supremo tribunal federal cuestiona el uso de la prisión preventiva para obtener colaboradores eficaces o delatores premiados. "De hecho, la adopción de medidas que tengan como objetivo obtener colaboración o confesión, bajo el pretexto de que son necesarias para la investigación o el proceso penal, es claramente ilegítima, por falta de justificación constitucional". Está prohibida el uso del decreto de detención o mantenimiento de la prisión preventiva como herramiento de negociación con el acusado, para coaccionarlo a colaborar.

Dias Toffoli saluda y destaca la decisión de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público Federal de investigar lo ocurrido, "no admitiendo, por tanto, que el fin justifica los medios, máxime cuando detrás de bellas tramas e innumerables recursos semánticos -que pretende justificar lo injustificable- se esconde el interés personal y político de unos cuantos, que salieron del anonimato para ganar protagonismo nacional apoyándose en instituciones y en un conjunto de valores que, en verdad, siempre han despreciado.