Buenas noticias para inmigrantes en EEUU: jueza federal prohíbe el arresto de indocumentados sin una orden judicial en este estado
En Estados Unidos, una decisión judicial en un estado limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza para detener inmigrantes sin orden judicial. El fallo responde a denuncias por violaciones a derechos constitucionales.
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Un fallo reciente en el estado de California marca un precedente importante para los derechos de los inmigrantes. La jueza federal Jennifer L. Thurston prohibió a los agentes de la Patrulla Fronteriza detener a personas sospechosas de estar en el país sin documentación si no cuentan con una orden judicial o una razón válida para pensar que el individuo podría escapar antes de obtenerla. Esta decisión aplica dentro del Distrito Este de California y se emitió tras una operación migratoria masiva conocida como Return to Sender.
La medida judicial también restringe el uso de la figura de “salida voluntaria”, frecuentemente utilizada por las autoridades para deportar rápidamente a inmigrantes. Según el fallo, este procedimiento no podrá aplicarse sin que el afectado comprenda plenamente sus derechos y otorgue su consentimiento. La resolución responde a una serie de irregularidades denunciadas por la ACLU, que interpuso una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y altos funcionarios migratorios.
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Demanda contra DHS y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos
La decisión judicial nace de una demanda presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU) en representación del sindicato United Farm Workers y personas afectadas por las redadas migratorias realizadas en enero. La organización argumentó que agentes del DHS y de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) detuvieron a decenas de trabajadores agrícolas sin pruebas suficientes ni respeto por sus derechos constitucionales.
Los demandantes afirmaron que las detenciones se realizaron con base en estereotipos, como el simple hecho de parecer jornaleros o hispanos, sin considerar el estatus migratorio real de cada individuo. En muchos casos, los detenidos fueron trasladados en autobuses hasta la frontera sin posibilidad de comunicarse con familiares ni abogados. A varios se les exigió firmar documentos en los que renunciaban a ver a un juez migratorio, en un proceso que la ACLU calificó como coacción.
La jueza Jennifer L. Thurston concluyó que hubo una “violación evidente de derechos constitucionales” por parte de los agentes de inmigración bajo autoridad del DHS. Como parte de la orden judicial, estableció que cada 60 días, la Patrulla Fronteriza deberá entregar un informe detallando cada arresto realizado sin orden y justificando legalmente cada caso.
¿Qué medidas exige a la Patrulla Fronteriza el fallo de la jueza en California?
El fallo establece condiciones específicas para la actuación de los agentes de inmigración en el Este de California:
- Los arrestos solo podrán realizarse con orden judicial, salvo riesgo comprobado de fuga.
- Las detenciones sin orden deberán sustentarse en una sospecha razonable, documentada por escrito.
- Se prohíbe aplicar la “salida voluntaria” sin informar al detenido sobre sus derechos legales.
- Los agentes deben garantizar que los detenidos tengan acceso a representación legal.
- Cada dos meses, el CBP debe presentar ante el tribunal un informe que detalle los casos en los que se efectuaron detenciones sin orden.
Estas condiciones buscan proteger a los inmigrantes de acciones arbitrarias por parte de las autoridades migratorias y asegurar el cumplimiento del debido proceso.
Respuesta del CBP ante el fallo de la juez de California
Frente a esta sentencia, la CBP alegó que la corte carece de jurisdicción para imponer limitaciones, ya que la legislación federal establece que los asuntos migratorios deben resolverse a través del sistema judicial migratorio tras una orden final. Aun así, el organismo afirmó que ya había actualizado sus protocolos internos y capacitado a sus agentes sobre cómo actuar ante situaciones sin orden judicial.
Según el CBP, las nuevas directrices detallan claramente cuándo puede detenerse a una persona sin autorización judicial y qué derechos deben garantizarse tras el arresto. No obstante, la jueza Thurston desestimó este argumento. Indicó que los cambios internos no aseguran una protección efectiva y podrían revertirse en cualquier momento, por lo que consideró necesaria una orden judicial formal.
