Duro golpe a Donald Trump: juez analiza abrir proceso penal contra el Gobierno de EEUU por deportaciones de inmigrantes
La disputa entre el Poder Judicial y la administración Donald Trump se intensifica tras un fallo del juez Boasberg sobre deportaciones de inmigrantes venezolanos, a pesar de una orden que las prohíbe.
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El juez federal James E. Boasberg anunció que hay pruebas suficientes para abrir un proceso penal por desacato contra funcionarios del Gobierno de Donald Trump, informó The New York Post. Esta decisión se deriva de la ejecución de deportaciones de inmigrantes venezolanos a pesar de una orden judicial que las prohibía expresamente.
Boasberg señaló que funcionarios gubernamentales aceleraron la salida de los deportados el mes pasado, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, antes de que tuvieran la oportunidad de apelar su expulsión ante la justicia. Además, acusó a estos funcionarios de ignorar deliberadamente su instrucción de que los aviones en vuelo regresaran a Estados Unidos.
Deportaciones de inmigrantes: ¿Donald Trump podría ser denunciado por desacato?
El 15 de marzo, el juez Boasberg emitió una orden que suspendía las deportaciones de varios inmigrantes venezolanos detenidos en un centro de Texas. Sin embargo, cuando esta orden fue dada, dos aviones de ICE ya estaban en ruta hacia El Salvador con más de 130 venezolanos a bordo. A pesar de la orden judicial que pedía la suspensión inmediata de los vuelos, las deportaciones continuaron, y los migrantes fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador financiado en parte por EE.UU.
Boasberg argumentó que esta desobediencia a su decisión por parte del Gobierno de Donald Trump constituye una grave violación del principio de separación de poderes (Legislativo y Judicial) y un desprecio a la autoridad judicial, según Los Angeles Time. En su fallo, enfatizó que la Constitución de EE.UU. no permite ignorar una orden judicial, particularmente cuando es emitida por un tribunal que tiene la autoridad de hacer cumplir la ley.
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El desacato a una orden judicial es una figura legal poco común en Estados Unidos, especialmente cuando se involucra a funcionarios del Poder Ejecutivo. Este proceso podría resultar en sanciones como multas o, en casos extremos, penas de cárcel de hasta seis meses.
El juez Boasberg solicitó que el Gobierno de EE.UU. proporcione una justificación detallada antes del 23 de abril sobre por qué no se cumplió con la orden judicial. Si no se ofrece una respuesta satisfactoria, el juez advirtió que podría comenzar un procedimiento formal para identificar a los funcionarios responsables de permitir que los vuelos de deportación continuaran.
Este proceso judicial podría extenderse durante varias semanas. El tribunal analizará en detalle qué funcionarios conocían la orden y quién fue responsable de la decisión de proceder con los vuelos, lo que podría incluir audiencias adicionales y declaraciones juradas.
