Aviso importante para inmigrantes en EEUU: Senado aprobó proyecto de ley que aumentaría las penas a indocumentados que cometan delitos en este estado

En medio de un debate en Estados Unidos sobre migración y justicia penal, un Senado estatal aprobó el proyecto de ley SB 426, una iniciativa que ha generado tanto respaldo como críticas por su enfoque hacia los inmigrantes indocumentados. La propuesta, impulsada por el senador republicano Bart Hester, contempla el aumento de años de cárcel para extranjeros sin estatus legal que sean condenados por delitos graves, como homicidio o violación.

Además de endurecer las sentencias, el proyecto de ley establece la participación obligatoria de las autoridades locales y estatales en el programa federal Warrant Service Officer de ICE, que permite a funcionarios locales ejecutar órdenes de arresto migratorias. Aunque los impulsores del texto aseguran que la medida busca proteger a las comunidades de criminales peligrosos, diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que podría fomentar la discriminación racial, violaciones constitucionales y conflictos legales costosos para los gobiernos locales.

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SB 426: ¿en qué estado el Senado aprobó el proyecto de ley que aumentaría las penas a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que cometan delitos?

La propuesta legislativa fue aprobada en el Senado del estado de Arkansas y ahora pasará a ser debatida en la Cámara de Representantes. El texto, titulado formalmente como "Defense Against Criminal Illegals Act", fue presentado como una medida para reforzar la seguridad pública mediante castigos más severos a quienes se encuentren ilegalmente en el país y cometan crímenes violentos, según informó KHBS.

El senador Hester, autor del proyecto de ley SB 426, declaró que el objetivo es enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales: Arkansas no será un lugar seguro para operar si se entra al país de manera irregular. Sin embargo, este enfoque ha generado inquietud entre juristas y activistas, quienes señalan que existen dudas sobre su constitucionalidad, especialmente por el precedente establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la autoridad federal exclusiva en asuntos migratorios.

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¿Qué medidas establece el proyecto de ley SB 426 en Arkansas?

• Aumenta las penas de cárcel para inmigrantes indocumentados condenados por delitos violentos.
• Las condenas pueden incrementarse entre 4 y 20 años, según la gravedad del delito.
• Incluye crímenes como homicidio, violación, terrorismo, incendio provocado y uso ilegal de armas.
• La pena adicional debe cumplirse de forma consecutiva a la condena original.
• Niega el acceso a beneficios como libertad condicional o supervisión comunitaria para el tiempo adicional.
• Obliga al Departamento de Corrección y a las oficinas del sheriff a participar en el programa Warrant Service Officer de ICE.
• Permite a los condados solicitar exenciones si son rechazados en el programa, pero exige demostrar esfuerzos para cumplir con los requisitos.
• Prohíbe la adopción de políticas tipo santuario en ciudades, condados y áreas no incorporadas.
• establece sanciones financieras a gobiernos locales que se nieguen a colaborar con ICE.
• Permite a la Asamblea Legislativa solicitar investigaciones del fiscal general sobre posibles violaciones a la ley por parte de municipios.

Posturas de los partidarios y opositores del proyecto de ley SB 426 en Arkansas

Quienes respaldan el proyecto de ley SB 426 argumentan que se trata de una herramienta necesaria para disuadir a los inmigrantes indocumentados de cometer delitos en Estados Unidos y para reforzar el control migratorio en Arkansas. Consideran que la participación de las autoridades locales con ICE permitirá capturar más rápido a criminales peligrosos y evitar su liberación.

Sin embargo, abogados defensores y organizaciones como la ACLU sostienen que el proyecto representa un retroceso en derechos civiles. Señalan que podría provocar detenciones arbitrarias, discriminación por perfil racial y quebrantar la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía. Además, advierten que el aumento en los costos judiciales y penitenciarios recaerá sobre los contribuyentes locales.