Universidades en Florida bajo la lupa: Policía local se une a la aplicación de leyes migratorias federales, respaldado por Ron DeSantis
El gobernador Ron DeSantis impulsa un cambio en la política de inmigración en las universidades de Florida, delegando en la policía del campus la tarea de hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
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Las universidades públicas de Florida están atravesando una transformación en sus políticas de seguridad. Bajo un nuevo acuerdo con el gobierno federal, la policía de los campus universitarios tendrá la autoridad para aplicar las leyes migratorias federales. Esta medida, promovida por el gobernador Ron DeSantis, ha generado controversia debido a sus implicaciones para los estudiantes, especialmente aquellos que provienen de comunidades inmigrantes. El cambio es parte de un esfuerzo más amplio para reforzar las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que habían sido desactivadas por la administración anterior.
El impacto de esta decisión se extiende más allá de la seguridad en los campus. Los estudiantes temen que la vigilancia pueda llevar a un ambiente de desconfianza y miedo, afectando la vida académica y social en las universidades. Las implicaciones de este cambio en la legislación y su implementación en el contexto universitario son amplias, ya que toca aspectos sensibles como la privacidad, la seguridad y el bienestar de una comunidad estudiantil diversa. Las universidades más afectadas se encuentran en zonas con una gran población inmigrante, lo que aumenta las preocupaciones entre los estudiantes sobre su futuro en el país.
Aplicación de leyes migratorias federales en universidades de Florida
La implementación de las leyes migratorias federales dentro de los campus universitarios de Florida representa un cambio significativo en la manera en que las instituciones educativas manejarán las cuestiones migratorias. Tradicionalmente, las universidades eran consideradas "lugares sensibles" según una política federal que protegía a los estudiantes inmigrantes de ser detenidos por autoridades locales o estatales por cuestiones migratorias. Sin embargo, con esta nueva medida, los campus ya no estarán exentos de la aplicación de las leyes migratorias.
Para los estudiantes internacionales y aquellos con estatus migratorio irregular, este cambio podría tener repercusiones directas. La preocupación más inmediata es que los jóvenes se alejen de los servicios y recursos ofrecidos por las universidades, como el asesoramiento académico y psicológico, por temor a ser identificados por la policía del campus. De hecho, muchos temen que una simple interacción con los oficiales pueda resultar en la detención o en la puesta en marcha de procedimientos de deportación.
¿Qué es el programa 287(g) y cómo afectará a las universidades de Florida?
El Programa 287(g) es un acuerdo entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Este programa permite que los oficiales de policía local sean entrenados para hacer cumplir las leyes migratorias federales, otorgándoles la capacidad de detener, interrogar y arrestar a personas sospechosas de estar en el país sin la documentación adecuada.
En el contexto de las universidades, si los departamentos de policía del campus firman este acuerdo, sus oficiales recibirán formación específica para detectar violaciones migratorias y tendrán la autoridad para tomar medidas en situaciones de este tipo.
Universidades de Florida que participarán en la aplicación de leyes migratorias
Las universidades de Florida que están evaluando la posibilidad de participar en el programa 287(g) incluyen a la Universidad de Florida en Gainesville, la Universidad Atlántica de Florida en Boca Raton y la Universidad del Sur de Florida en Tampa. Estas instituciones, que ya han comenzado a dialogar con autoridades federales, se encuentran en un punto crucial en cuanto a la decisión de implementar la nueva política de control migratorio.
Representantes de estas universidades han confirmado que están en proceso de obtener el permiso para que sus departamentos de policía asuman roles más activos en la aplicación de las leyes migratorias. Esta medida, según autoridades estatales, está alineada con la política migratoria del gobernador Ron DeSantis, quien ha abogado por una aplicación más estricta de las leyes migratorias en todo el estado.
