Estudiantes migrantes de LA fueron protegidos ante operativo del DHS: agentes aseguraron tener permiso de los cuidadores, pero era falso
Las escuelas primarias Lillian Street y Russell, en el sur de Los Ángeles, California, negaron el ingreso a agentes del Departamento de Seguridad Nacional al no contar con orden judicial, cumpliendo con el protocolo de protección a estudiantes migrantes.
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Dos escuelas primarias de Los Ángeles se negaron a permitir la entrada a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que buscaban acceder a las instalaciones para ubicar a menores migrantes. Las autoridades escolares detectaron que los agentes no presentaban documentos judiciales válidos ni acreditaciones oficiales, por lo que impidieron su ingreso, actuando conforme a los lineamientos establecidos por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).
El incidente reavivó la preocupación sobre los derechos de los estudiantes indocumentados y la posible interferencia de las autoridades migratorias en espacios considerados seguros. La acción de los directivos ha sido respaldada por la comunidad educativa y representantes del distrito, quienes reiteraron su compromiso con la protección de los alumnos y su privacidad frente a intervenciones federales.
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Escuelas en Los Ángeles como espacios protegidos para estudiantes inmigrantes
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles mantiene una política clara: ningún agente federal puede ingresar a sus instalaciones sin una orden firmada por un juez. Este principio se aplicó de forma estricta cuando funcionarios del DHS intentaron acceder a las primarias Lillian Street y Russell, localizadas en el sur de la ciudad. El personal administrativo cuestionó a los agentes, solicitó su identificación y evaluó la legalidad del requerimiento, concluyendo que no cumplía con los criterios exigidos.
El superintendente del distrito, Alberto Carvalho, defendió la decisión de los directores escolares. Afirmó que la protección de los estudiantes, especialmente aquellos en situación migratoria vulnerable, constituye una prioridad. Añadió que las escuelas deben seguir siendo zonas de confianza para las familias, y que los funcionarios federales no pueden presentarse sin el respaldo jurídico correspondiente.
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Comunidad educativa y legisladores rechazan operativos migratorios en escuelas de Los Ángeles
El operativo provocó reacciones inmediatas en la comunidad local. Padres de familia, docentes y defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación por lo que consideran una violación del espacio educativo. La congresista Judy Chu se pronunció al respecto y exigió explicaciones al DHS, señalando que este tipo de acciones generan temor y ponen en riesgo la asistencia escolar de niños migrantes.
Además, organizaciones civiles que trabajan con comunidades inmigrantes advirtieron que este tipo de incidentes debilita la confianza entre las familias y las instituciones. Varios líderes comunitarios destacaron que los planteles escolares no deben ser utilizados como escenarios para la ejecución de operativos migratorios, ya que comprometen la estabilidad emocional de los menores.
Cambios en políticas migratorias intensifican tensiones en ciudades santuario
El contexto del incidente se enmarca en recientes cambios a nivel federal que han relajado las restricciones para que agentes del DHS operen en espacios antes considerados sensibles, como hospitales, iglesias y escuelas. Esta modificación ha generado tensiones en ciudades santuario como Los Ángeles, donde las autoridades locales buscan preservar su autonomía y proteger a sus comunidades.
Aunque el gobierno federal ha defendido su derecho a verificar la situación de menores no acompañados, los gobiernos locales insisten en que estas prácticas deben respetar las leyes estatales y los principios de privacidad. En Los Ángeles, los protocolos escolares seguirán impidiendo el acceso de funcionarios sin autorización judicial, reafirmando el papel de los centros educativos como refugios para la niñez migrante.
