Juez federal extiende el bloqueo temporal a la nueva ley HB 83 contra inmigrantes en este estado de EEUU
En Estados Unidos, una jueza federal ordenó un bloqueo temporal sobre elementos esenciales del proyecto de ley HB 83, cuyo propósito era tipificar como delito la presencia de inmigrantes indocumentados a nivel estatal.
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- Cámara de Representantes aprobó proyecto de ley que aumentaría las penas a inmigrantes indocumentados que cometan delitos en este estado de EEUU
La batalla legal por el proyecto de ley HB 83 ha dado un nuevo giro. La jueza federal Amanda Brailsford decidió prolongar la suspensión temporal de su aplicación, argumentando que su implementación podría violar la Constitución de Estados Unidos. Esta norma, promovida por legisladores estatales, pretendía crear nuevos delitos relacionados con la inmigración, lo cual ha encendido una fuerte polémica sobre los límites de la jurisdicción estatal frente al poder federal.
La organización ACLU, junto a otros colectivos defensores de los derechos de los inmigrantes, interpuso una demanda que logró frenar de forma provisional la puesta en marcha de esta legislación. El tribunal ahora deberá decidir si mantiene el bloqueo de manera más prolongada a través de una orden judicial preliminar. Mientras tanto, las comunidades migrantes respiran con cierta tranquilidad ante un fallo que, de momento, les brinda protección frente a detenciones estatales basadas exclusivamente en su estatus migratorio.
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¿En qué estado se extendió el bloqueo temporal a la nueva ley HB 83 contra inmigrantes en Estados Unidos?
Idaho se encuentra en el centro del debate sobre las competencias estatales en materia de migración. Fue allí donde se aprobó el proyecto de ley HB 83, inspirado en normas similares adoptadas previamente por estados como Texas. Sin embargo, a diferencia de otras legislaciones, la versión final de la ley de Idaho fue modificada para evitar disposiciones tan severas como las órdenes estatales de deportación.
El texto aprobado por el gobernador Brad Little permitía que las autoridades locales presentaran cargos penales por “entrada ilegal” y “reingreso ilegal” al estado. No obstante, varios sectores legales alertaron que esa disposición podría invadir competencias que corresponden únicamente al gobierno federal. Por ello, el caso fue llevado a tribunales federales, donde finalmente se dictó la suspensión parcial de la norma mientras se analiza su constitucionalidad.
¿Hasta cuándo se extendió el bloqueo temporal de la nueva ley HB 83 en Idaho?
La jueza Brailsford decidió extender la orden de restricción temporal hasta emitir una resolución escrita que determine si corresponde aplicar una orden preliminar más duradera. Esta medida, aunque limitada en alcance, evita por ahora que los nuevos delitos creados por la ley HB 83 sean utilizados por las fuerzas del orden estatales.
En concreto, la suspensión afecta exclusivamente a las disposiciones que creaban figuras penales por el simple hecho de estar en el país sin autorización. Sin embargo, otros aspectos del proyecto, como la cooperación obligatoria entre agencias locales y autoridades federales de inmigración, siguen vigentes.
¿Qué medidas contra los inmigrantes establece la nueva ley HB 83 en Idaho?
La ley HB 83 incluye varias disposiciones que impactan directamente a los inmigrantes en Idaho. A continuación, se destacan las principales:
- Crea delitos estatales por “entrada ilegal” y “reingreso ilegal” al territorio de Idaho.
- Permite a la policía local detener a personas indocumentadas si son investigadas por otros delitos, aunque no hayan sido condenadas.
- Obliga a las agencias locales a colaborar con las autoridades federales en asuntos migratorios.
- No establece definiciones claras sobre qué se considera una “entrada legal”, lo que puede generar interpretaciones ambiguas.
- Podría afectar no solo a residentes, sino también a personas indocumentadas que transitan el estado por motivos laborales o familiares.
Este conjunto de medidas ha sido calificado como excesivo y perjudicial por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. La ACLU argumenta que la ley abre la puerta a detenciones arbitrarias, alimenta la desconfianza hacia la policía y vulnera principios constitucionales básicos.
