La Corte Suprema de EEUU avala deportar migrantes bajo una ley del siglo XVIII
La Corte Suprema de Estados Unidos concedió este lunes dos victorias al presidente Donald Trump, al permitirle deportar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua bajo una ley de 1798 y bloquear la repatriación de un salvadoreño expulsado por error.
El gobierno de Trump ha utilizado imágenes de presuntos pandilleros del Tren de Aragua encadenados y con la cabeza rapada en una prisión de alta seguridad de El Salvador como prueba de su lucha contra el crimen organizado.
Los abogados de varios de los deportados el 15 de marzo denuncian que sus clientes no pertenecen al Tren de Aragua, no han cometido delito alguno y que se les tomó como blanco principalmente por sus tatuajes.
El republicano recurrió a esta ley del siglo XVIII, que solo se usó hasta ahora durante la Guerra de 1812 y las dos guerra mundiales, después de declarar en febrero organizaciones "terroristas globales" a seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la pandilla MS-13,
Su invocación ha generado polémica y un forcejeo entre Trump y el poder judicial.
El máximo tribunal de nueve jueces, seis de ellos conservadores, habilitó a utilizar la Ley para deportar de forma sumaria.
Levantó las órdenes de restricción temporales dictadas por el juez de distrito James Boasberg, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.
Deja claro además que estos migrantes tienen derecho a algún tipo de debido proceso.
"Deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a deportación bajo la Ley" y "tener la oportunidad de impugnar" su expulsión, declaró el tribunal. "La única pregunta es qué corte resolverá dicha impugnación".
- "Gran día" para Trump -
Trump canta victoria.
"La Corte Suprema ha defendido el estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, pueda garantizar la seguridad de nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y a nuestro propio país", afirmó Trump en su plataforma Truth Social."¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!", escribió en mayúsculas.
El caso había preocupado a expertos jurídicos por la posibilidad de que la administración hiciera caso omiso de la orden judicial de Boasberg y desencadenara una crisis constitucional.
Es la segunda buena noticia migratoria para el republicano este lunes.
Horas antes la misma Corte Suprema, tres de cuyos jueces han sido nombrados por el propio Trump, suspendió una orden de una jueza que exigía al gobierno repatriar a un migrante salvadoreño deportado por error el mes pasado.
Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue enviado junto a más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, a la megacárcel de El Salvador.
La jueza de distrito Paula Xinis ordenó el viernes que sea repatriado a Estados Unidos antes de las 23H59 del lunes, después de que los abogados del Departamento de Justicia reconocieran un "error administrativo" en la expulsión.
- "Metió la pata" -
Un tribunal federal de apelaciones confirmó la decisión. El juez Harvie Wilkinson escribió: "No cabe duda de que el gobierno metió la pata aquí".
"Los hechos de este caso presentan así el potencial de una preocupante laguna legal: a saber, que el gobierno podría llevar a individuos a prisiones extranjeras en violación de las órdenes judiciales y luego argumentar (...) que ya no son sus custodios, y que no hay nada que se pueda hacer", dijo.
"No hace falta mucha imaginación para entender que este es un camino de perfecta anarquía, uno que los tribunales no pueden tolerar", agregó Wilkinson.
La administración Trump apeló a la Corte Suprema, que emitió una suspensión de la orden de repatriación mientras se considera el caso.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, pidió a los abogados de Ábrego García que presenten sus argumentos antes de las 17H00 (21H00 GMT) del martes.
Ábrego García vivió en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría estar en peligro en El Salvador.
La administración Trump reconoció un error, pero lo acusa de ser un pandillero y estima que puede ser expulsado "a cualquier otro lugar del mundo".
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