La extorsión se muda a los barrios: hoy se paga por entrar o salir de casa
Es un delito que asfixia a todos y que se ha vuelto cada vez más común. Bandas criminales en Ate y en Comas cobraban a vecinos por dejarlos entrar a su propio barrio. Ni los policías ni las agencias funerarias ni los médicos se salvan del crimen organizado. Faltan medidas concretas para enfrentar a la criminalidad, dicen expertos.
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En el Perú de hoy, nadie está libre de ser blanco de los extorsionadores, ni siquiera la Policía. El suboficial de segunda PNP G.L.S.J., de 29 años, lo vivió en carne propia. Él denunció que una banda criminal de Trujillo le exigía S/ 50.000 para garantizar su seguridad y la de su familia.
Rosa Aranzabal, representante de la Asociación del Gremio Funerario del Perú (AGREFUP), es otra víctima. Ella dice que más de la mitad de los 800 asociados están amenazados y les exigen pagos de S/10.000.
Nadie se salva
Y es que hoy las bandas no apuntan solo a los hombres y mujeres de negocios y de dinero. Ahora cualquiera puede ser amenazado, por la actividad que sea y en el lugar que sea, a cualquier hora del día. Incluso por usar la calle para llegar a casa o salir de ella. Nadie está libre.
El año pasado, la Policía intervino a 25 extranjeros que se dedicaban a la extorsión mediante el préstamo ‘gota a gota’, en el condominio Torres del Campo, ubicado en el distrito de Comas. En otro condominio del mismo distrito, los vecinos debían pagar a dos supuestos guardianes que eran dueños de la calle.
El delito de extorsión no es nuevo, pero sí se ha intensificado. Solo en el primer trimestre del año más de 170 colegios han cerrado sus puertas debido a las amenazas delos extorsionadores. Y no solo contra los directivos, sino también contra los profesores y alumnos.
En el sector de Gran Chaparral, en Huaycán, Ate, hampones cobraban 4 soles de cupo a los vecinos para que ingresen seguros a sus propias viviendas. No hacerlo significaba exponerse a que sus casas sean vandalizadas, o ellos ser heridos o asesinados.
Médicos en la mira
En Comas, Fausto Sánchez Montemayor (89) murió baleado mientras esperaba ser atendido en un centro médico que era extorsionado. Dos sujetos dispararon desde el exterior y un proyectil lo hirió mortalmente. No es el primer caso de consultorios médicos que son atacados por extorsionadores. En Los Olivos y en San Martín de Porres hubo dos casos este año.
La lista incluye a otras actividades, como ferreterias, farmacias, panaderías y bodegas.
Sobre esta última actividad, según la Asociación de Bodegueros del Perú, más de 13,000 de estos negocios fueron blanco de extorsionadores el año pasado, algunos incluso han cerrado por miedo o han quebrado.
Crimen imparable y Gobierno sin plan. Foto: La República
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Los más vulnerables
Ahora bien, según el INEI, la mayor concentración de casos de extorsión se encuentra en los niveles socioeconómicos C, D y E, que concentran el 86.7% de las víctimas.
Las estadísticas muestran que el 24% de las personas en el nivel socioeconómico B han sido extorsionadas, mientras que la cifra baja a un 13% en el nivel E. Esto confirma que ahora la extorsión afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.
¿De dónde va a salir el dinero para pagar más impuestos cuando ni siquiera dejan trabajar?, se pregunta don Gerardo, dueño de una tienda de abarrotes.
El 27 de enero pasado, el vehículo de Lita Montenegro fue robado en el corazón de Miraflores. Ni serenos ni policías le hicieron caso. Tuvo que intervenir Inspectoría. A partir de ahí comenzó otra parte de su pesadilla. La familia fue contacta por los delincuentes que les exigieron S/ 30 mil para devolver el bien.
Cifras son de espanto
En un reciente informe, el Ministerio Público reveló un aumento en este delito en el periodo 2016-2024. Según el organismo, se registraron 86,373 casos a nivel nacional.
El documento detalla que mientras en el 2021 hubo 4.761 denuncias por extorsión, el año pasado la cifra se elevó explosivamente hasta llegar a 22.835 (21.746 extorsiones, 601 chantajes y 488 casos sin registro de delito específico). Es decir, la extorsión creció en un 379.62% en los últimos tres años.
Extorsiones en Lima y regiones no cesan. Foto: La República
Y las regiones con más incidencias son Lima, con 29.365 casos; seguida por La Libertad con 16.155; Piura con 4.249; Lambayeque que registró 4.052; Huaura con 3.645; Callao 2.515; Sullana 2.345; Santa 2.340; Arequipa 2.387; y Tumbes con 1.287 casos.
Sin embargo, otro estudio elaborado por el analista de datos, Juan Carbajal, señala que de enero del 2018 a diciembre del 2024 se registraron 75.725 denuncias por extorsión. Es decir que en ese periodo hubo un crecimiento por encima de los 60 mil. No obstante, la cantidad de internos por extorsión en los penales solo ha aumentado en alrededor del 200.
Es decir, que el incremento de internos en las cárceles por ese delito en los últimos tres años no llega ni siquiera al 1% del total de denuncias. En el 2022 había 1.032 presos por extorsión; en el 2023 se elevó a 1.103 y en el 2024 las prisiones cerraron con 1.260 reclusos acusados de extorsión.
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La extorsión no es un delito aislado, sostiene el coronel (r) Jorge Mejía Asanza, exjefe de la División Antisecuestros y Extorsiones.
El modo predilecto de los hampones es a través de la llamada telefónica, los cobros directos y las redes sociales. Cabe resaltar que muchas de las extorsiones se realizan en el país desde una prisión.
Lima y La Libertad están azotadas por este flagelo y preocupa la presencia de estructuras delincuenciales como El tren de Aragua y sus tentáculos que operan en distintas ciudades.
Otras de las bandas son Los Pulpos, La Jauría y Los Injertos del Cono Norte que ya han ampliado su área de influencia.
Ciudadanía en alerta por extorsiones y sicariato. Foto: La República
“Falta decisión política”
“Plata o plomo” son palabras que se han transformado en dos opciones para muchos peruanos: una es pagar a los extorsionadores; la otra, es prepararse para lo peor.
Para el exministro del Interior Cluber Aliaga, esto no se soluciona con discursos ni con anuncios de programas que no tienen impacto real en la gente. “Se necesita decisión política y acciones concretas”.
“Hay que desmantelar toda la estructura criminal, no solo sus eslabones más débiles. La lucha contra el crimen debe ir hasta las cabezas de estas mafias, golpeando sus finanzas y su capacidad operativa”, manifiesta.
Y agerega: “Falta más articulación entre la Policía, la Fiscalía y las entidades de inteligencia. No podemos seguir permitiendo que la falta de coordinación entre las instituciones deje a la ciudadanía desprotegida. También es necesaria mayor inversión social en las zonas más afectadas. La seguridad no solo se combate con policías, sino con oportunidades.
Por último, señaló que hay que proteger a los ciudadanos que denuncian. “Muchas víctimas de extorsión prefieren callar por miedo a las represalias. Es urgente garantizar mecanismos efectivos y seguros para que la ciudadanía confíe en la justicia”, sostuvo.
No hay estrategia del Gobierno, dice Ricardo Valdés, presidente de CHS Alternativo.
No hay una estrategia de gobierno contra la extorsión. Hay acciones policiales, esforzadas y, hasta heroicas, pero no hay visión sistémica ni voluntad política desde el Ejecutivo. Actualmente, la extorsión puede trabar el empleo y crecimiento económico del país. Los niveles socioeconómicos C y D, donde se encuentra parte de la fuerza emprendedora, está amenazada.
¿Qué hacer? Lo primero es sacarle provecho con inteligencia artificial, a las más de 50 mil denuncias acumuladas en la PNP en los últimos 3 años. Hay un tesoro de información ahí. Ello permitiría modelar el delito, obtener patrones y, sobre todo, lugares desde donde se extorsiona, números telefónicos usualmente usados y cuentas bancarias o billeteras electrónicas involucradas.
El paso siguiente es convocar al sector privado para evaluar y proponer las normas necesarias para entregar la información que involucra a los extorsionadores, sin que el sector privado (telefonía y financiero) sean sancionados por ello. Debe crearse urgentemente una mesa pública-privada para buscar soluciones al problema.
Si a ello le sumamos, cierre de brechas de infraestructura y logística policial, cambios en el servicio policial, tercerización del control de ingreso a penales, georeferenciación de motos y trimotos en tiempo real, habremos iniciado el camino a la solución del problema.
