Congreso acumula 24 legisladores que fueron denunciados por la Fiscalía

En lo que va de este quinquenio, el Ministerio Público presentó denuncias constitucionales contra 24 congresistas. La mayoría de los casos todavía no fueron resueltos en el Congreso.

Por un cumpleaños

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó esta semana una denuncia constitucional contra siete congresistas por presuntamente haber viajado a Trujillo con recursos públicos y participar en la celebración del cumpleaños de uno de sus colegas en febrero del 2023.

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El agasajado fue el legislador de Renovación Popular y expresidente de la Comisión de Ética Diego Bazán. Cinco legisladores lo acompañaron en su celebración: Patricia Chirinos, María del Carmen Alva, Edward Málaga, Jorge Zeballos y Kira Alcarraz.

La fujimorista Rosangella Barbarán fue incluida en este caso en grado de tentativa, porque, pese a que no viajó y canceló su vuelo, había comprado con recursos públicos su pasaje aéreo con destino a Trujillo.

Además de ellos, hay otros congresistas que afrontan denuncias constitucionales por presunto recorte de sueldo, tráfico de influencias, peculado, entre otras imputaciones.

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Los únicos sancionados

Algunos legisladores fueron destituidos o suspendidos, como es el caso del excongresista de Alianza para el Progreso (APP) Freddy Díaz, condenado en primera instancia por haber abusado sexualmente de una trabajadora del Parlamento.

Mientras que, hasta el momento, las legisladoras suspendidas han sido la exfujimorista María Cordero Jon Tay y la experulibrista Betssy Chávez. La primera fue sancionada por supuesto recorte de sueldo, y la segunda por la investigación del presunto intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

Ambas fueron reemplazadas por sus accesitarios Magally Santisteban, de Fuerza Popular, e Issac Mita, de Perú Libre, mientras duren las pesquisas.

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Falta celeridad

En noviembre del año pasado, la fiscal Espinoza pidió al Congreso acelerar 16 denuncias constitucionales que había presentado contra altos funcionarios, entre ellos congresistas.

Una de ellas es contra la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) Rosio Torres, sindicada de presunto recorte de sueldo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya debió discutir el informe final sobre este proceso. En 2023, cuando fue revelado este caso, el líder de APP, César Acuña, dijo que Torres iba a ser expulsada del partido, pero eso no sucede hasta el momento.

La segunda apepista denunciada es la congresista Magaly Ruiz por presunto recorte de sueldo. La Fiscalía también le imputó tráfico de influencias y negociación incompatible por supuestamente interesarse en la contratación en el Congreso de Alex Rojas, hermano del fiscal Richard Rojas, quien tiene a cargo una indagación en su contra.

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La bancada de Podemos Perú es la que tiene más parlamentarios denunciados por el Ministerio Público. Una de sus integrantes, Heidy Juárez, fue señalada de presunto recorte de sueldo. Su colega Edgar Tello es sindicado por lo mismo y además por supuesto tráfico de influencias.

La agrupación de José Luna Gálvez incorporó a sus filas a tres parlamentarios provenientes de Acción Popular, todos ellos fueron denunciados por la Fiscalía.

El congresista Darwin Espinoza afronta una imputación por el caso Los Niños y por supuestamente utilizar a sus trabajadores para recolectar firmas con el objetivo de inscribir un movimiento regional en Áncash.

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El cuarto denunciado en Podemos es Jorge Flores, también por presunto recorte de sueldos y Los Niños.

El quinto es José Arriola, quien proviene de Acción Popular como Espinoza y Flores. Arriola fue denunciado por presunto recorte de sueldo.

Y el sexto de esa agrupación es Guido Bellido. El año pasado, el fiscal Villena lo denunció debido a que presume que cuando fue primer ministro en el gobierno de Pedro Castillo nombró de manera irregular al exfiscal Juan Carrasco como ministro del Interior.

En la investigación sobre el caso los Niños, además de Flores y Espinoza, fueron denunciados por la Fiscalía de la Nación sus colegas de Acción Popular Elvis Vergara y Raúl Doroteo. Doroteo, asimismo, afronta una acusación constitucional por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

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El mes pasado, la fiscal Delia Espinoza presentó una denuncia contra la congresista Marleny Portero por supuesta concusión.

En el fujimorismo y la derecha conservadora también hay investigados.

El MP interpuso denuncias constitucionales contra los congresistas de Fuerza Popular (FP) David Jiménez, y de Renovación Popular María Córdova Lobatón, por presunto peculado.

La congresista de Avanza País Rosselli Amuruz también está en la mira del Ministerio Público. El fiscal supremo Juan Villena presentó una denuncia constitucional en su contra por las presuntas contrataciones irregulares en el Congreso de allegados del excongresista Paul García, pareja de la legisladora.

El avance de los casos pendientes depende de la Subcomisión de Acusaciones, que preside la congresista de APP María Acuña, y de la Comisión Permanente, que preside el apepista Eduardo Salhuana. Luego de que sean aprobadas en esas comisiones, pasan a ser debatidas en el Pleno.

Los 24 congresistas que fueron denunciados por la Fiscalía