La sentencia del caso Ollanta Humala y Nadine Heredia empezará a definir el futuro del caso Lava Jato en el Perú
Este 15 de abril, los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado empezaran a definir los resultados del trabajo del Equipo Especial Lava Jato y la influencia que tendrán la anulación de sentencias y procesos en Brasil, origen de la Operación Lava Jato.
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Lava Jato. La operación que reveló un esquema de millonarios sobornos transnacionales en 12 países se está borrando en Brasil, donde tuvo su inicio el 2014. Este desmoronamiento con la anulación de unas 115 condenas, cada vez más acelerado e irreversible, afectará los procesos vinculados que se desarrollan en el Perú. Los fiscales del Equipo Especial Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como la procuradora ad hoc Silvana Carrión, tienen dos posiciones sobre esta situación: niegan que la anulación de las condenas afecte los casos en el Perú o minimizan su repercusión sólo a aspectos de la cooperación judicial internacional.
“Las posibilidades de que esto pueda generar algún tipo de turbulencia están dadas por el contexto de la politización de la justicia en Brasil. Ya hemos tenido dificultades en la toma de declaración de Jorge Barata. Lo que se vio comprometido es el mecanismo de la cooperación internacional, ha dicho Vela Barba. Por su parte, Silvana Carrión señala que los funcionarios de Odebrecht se han sometido a colaboración eficaz y han entregado información, bajo las leyes peruanas, por lo que, asegura, lo que decidan los jueces brasileños no tendrá ninguna incidencia en el Perú.
Sin embargo, en principio no serán los fiscales y la procuradora los que decidan. Ellos pueden y deben insistir con las declaraciones que recogieron en Sao Paulo, Salvador de Bahía y Curitiba y con las pruebas entregadas por la constructora brasileña Odebrecht, provenientes de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day B, en el proceso de colaboración eficaz que se gestó y firmó en la ciudad de Sao Paulo.
Los que decidirán si lo que sucede en Brasil tiene consecuencias en el Perú serán otros magistrados. La decisión sobre los alcances en el Perú de las sentencias que está emitiendo la Corte Suprema Federal de Brasil corresponde al Poder Judicial en tres estamentos y, por último, al Tribunal Constitucional. La sentencia del caso Ollanta Humala prevista para este 15 de abril podría dar un indicio de cómo andas las cosas y cuál será su futuro.
El primer juego
Los fiscales, como José Domingo Pérez, plantean la acusación, pero serán los jueces los que decidan
La decisión de los jueces no estará concentrada en una sola mano o un conjunto de manos rápidamente identificables y no será en un solo momento. La investigación del caso Lava Jato en el Perú lleva más de ocho años. Las decisiones definitivas se tomarán —en el mejor de los casos— en los próximos cinco años, a cargo de un conjunto de magistrados, que hoy podemos conocer, pero que en el futuro, por diversos motivos, van a cambiar.
Es altamente probable que los jueces nacionales de investigación preparatoria y de juzgamiento compartan la posición del Ministerio Público y la Procuraduría por la cercanía que han tenido con los procesos. En las siguientes instancias, es más difícil tener una idea del marco de razonamiento. Esto supone que el juego real empezará en las Salas de Apelación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y continuará en las Salas Penales de la Corte Suprema. Luego, el Tribunal Constitucional tendrá la palabra final, en sede nacional.
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El caso Lava Jato en Brasil generó 79 operaciones que derivaron en 278 condenas. En el centro del proceso estuvieron la estatal Petrobras, la constructora Odebrecht (hoy Novonor), la industria de la carne, y alcanzó al expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva.
Sin embargo, todo empezó a desmoronarse, luego de que, en junio de 2019, el portal periodístico The Intercept Brasil publicó conversaciones hackeadas entre el juez Sergio Moro, para entonces convertido en ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, y el jefe del Grupo de Tarea, Deltan Dallagnol.
El hackeo de las cuentas de Telegram del juez y fiscales derivó en la Operación Spoofing. En diciembre de 2020, el juez Ricardo Lewandovski, a pedido de los abogados de Lula, ordenó hacer públicos más de 50 páginas de mensajes, que intercambiaron, entre septiembre de 2015 y junio de 2017, el entonces juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol. A partir de esos mensajes, en junio de 2021, el juez Ricardo Lewandowski anuló todo el material probatorio obtenido por el Juzgado 13 de Curitiba en el caso de Lula da Silva. Una resolución que, en los años siguientes, ha sido ampliada, en conceptos y beneficiarios, por el juez José Antonio Dias Toffoli para incluir, por ejemplo, a Marcelo Odebrecht y Antonio Palocci.
A la fecha actual, de acuerdo con los grupos anticorrupción de Brasil, se han anulado unas 115 condenas de la operación lavado de autos, en diferentes instancias. Además, el Ministerio Público disolvió el Grupo de Tarea y pasó sus expedientes al Grupo de Actuación Especial en el Combate al Crimen Organizado.
La decisión de Toffoli
José Antonio Dias Toffoli, ministro-juez supremo federal de Brasil
Si bien hay críticas a las decisiones de Dias Toffoli, diversos juristas admiten que sus argumentos son válidos. Las decisiones de Toffoli dejan un sabor amargo, pero son consecuencias de una operación que se ensució las manos, violó las reglas”, declaró a The New York Times la profesora del instituto Getulio Vargas, Maíra Fernandes. Dias Toffoli resolvió que, a partir del contenido de las conversaciones divulgadas, era posible identificar tres situaciones de clara ilegalidad, que le han hecho daño a Brasil:
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Uno, el juez definió los límites de la acusación y seleccionó a las personas a ser denunciadas o no, según los sectores políticos que deseaba perjudicar o favorecer. Dos, el juez designó un testigo para la acusación y sugirió medios ilegales para insertar la prueba en el expediente, como si fuera de fuente anónima. Tres, el juez trabajó en conjunto con los acusadores para emitir un pronunciamiento contra la defensa, y también calificó peyorativamente las estrategias defensivas.
Luego, en la sentencia de nulidad del caso Palocci, el magistrado de la Corte Suprema Federal de Brasil es crítico del uso de la prisión preventiva para obtener declaraciones. “La adopción de medidas que tengan como objetivo obtener colaboración o confesión, bajo el pretexto de que son necesarias para la investigación o el proceso penal, es claramente ilegítima, por falta de justificación constitucional”, enfatizó el magistrado.
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Ante las críticas a sus decisiones, ha remarcado que no es el único juez supremo federal que ha emitido resoluciones de nulidad. Recuerda que Ricardo Lewandowski cuestionó la obtención y uso de pruebas sin observar los canales oficiales y la cadena de custodia. Edson Fachin, sobre incompetencia del juzgado de Curitiba y Gilmar Mendes, sobre la colusión del juez y fiscales de Curitiba.
El caso Ollanta Humala definirá el alcance de anulación de condenas
El fiscal Germán Juárez y su equipo de fiscales espera la decisión de los jueces
La sentencia al expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano por los aportes a las campañas electorales del 2006 y 2011 será el primer caso que permitirá tener en cuenta hasta dónde las condenas anuladas en Brasil tienen repercusiones en el Perú. El veredicto, que se leerá el 15 de abril de 2025, estará a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado, integrado por los jueces Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa. Inicialmente, los jueces habían previsto dar a conocer su decisión el 8 de abril.
Es la Sala que, por mayoría, en enero anuló el juicio a Keiko Fujimori. Una decisión que fue apelada por la fiscalía y la procuraduría. En marzo último, esa decisión en mayoría fue confirmada por unanimidad por los jueces de apelación. La defensa de Humala logró introducir en la fase probatoria una de las sentencias que emitió, en mayo del 2024, el juez de la Corte Suprema Federal de Brasil, José Dias Toffoli. Un falló que anuló todas las pruebas obtenidas en el proceso de delación premiada de Marcelo Odebrecht.
Además, los magistrados han visto que la Fiscalía no fue capaz de presentar el testimonio directo frente de los colaboradores y testigos de nacionalidad brasileña, que se encontraban acogidos a la colaboración eficaz en el Perú, a consecuencia de una de las decisiones de la justicia brasileña. En este caso, como prueba de cargo, el fiscal Germán Juárez presentó la condena a Antonio Palocci, hoy anulada, para demostrar el origen ilícito de los fondos que, según Jorge Barata, el Partido de los Trabajadores de Brasil aportó al Partido Nacionalista Peruano, en las elecciones 2011.
De acuerdo con fuentes judiciales, la sentencia no se pudo leer el 8 de abril porque se presentaron algunas discrepancias entre los jueces. Aunque para todas se trata de un solo fallo, en realidad los jueces deben decidir la situación jurídica de cada uno de los 10 acusados para la responsabilidad de las personas jurídicas. Los aportes provenientes de Venezuela no tienen un base probatoria solida, más allá de la declaración de Martín Belaunde y en el caso de los fondos provenientes de Brasil está la situación jurídica que se ha presentado en la Corte Suprema de dicho país.
