Congreso no logra aprobar ley que impide postular a Antauro Humala y otros sentenciados en 2026: solo alcanzaron 64 votos
Solo 64 congresistas apoyaron esta reforma constitucional para impedir que sentenciados por terrorismo, atentados contra la seguridad nacional y tráfico de drogas postulen a cargos públicos. El dictamen excluía otros delitos como corrupción y lavado de activos.
El Congreso de la República tampoco consiguió los 87 votos necesarios para aprobar la reforma constitucional que apunta a impedir que Antauro Humala y otros sentenciados sean candidatos en las elecciones generales del 2026.
Solo 64 parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. No fue suficiente para que esta ley consiga los dos tercios a su favor en el hemiciclo.
Todas las bancadas de izquierda - Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista - se opusieron a esta reforma constitucional.
Los impedimentos planteados por el Congreso
El proyecto maquinado desde la Comisión de Constitución del Congreso, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, plantea que los sentenciados por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, estén impedidos de postular hasta 10 años después de haber cumplido sus condenas.
Sin embargo, el texto sustitutorio no incluyó otros delitos como corrupción y lavado de activos.
La norma apuntaba bloquear la candidatura del líder etnocacerista Antauro Humala, quien salió en libertad en 2022 luego de haber cumplido su condena por el "Andahuaylazo".
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Reforma constitucional estancada
Dicha reforma constitucional viene siendo discutida desde hace un año. La controversia radica en los delitos incluidos y excluidos. En junio, el dictamen de la Comisión de Constitución no tomó en cuenta a los sentenciados por violaciones de derechos humanos, como lo fue el exdictador Alberto Fujimori, y tampoco otros como corrupción y lavado de activos.
El dictamen discutido este viernes cambió de manera ligera y no hubo consenso en las bancadas.
| Delitos incluidos en el dictamen del 2023 | Delitos incluidos en el dictamen de junio del 2024 | Delitos incluidos en el dictamen de diciembre del 2024 |
| Terrorismo Tráfico ilícito de drogas Colusión Peculado Corrupción Homicidio Trata de personas Secuestro Contra la seguridad nacional Contra los poderes del Estado y el orden constitucional | Terrorismo Tráfico ilícito de drogas Sedición Motín | Terrorismo Tráfico ilícito de drogas Atentados contra la seguridad nacional Delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional |
El congresista del Bloque Democrático Popular, Víctor Cutipa, cuestionó que los promotores de esta ley, el jueves hayan alegado, para defender la reelección de alcaldes y gobernadores, que será el pueblo quien decida la continuidad de sus autoridades por un periodo adicional, pero que no confíen en que el elector rechazará en las urnas a candidatos sentenciados.
"Aunque les moleste a algunos, cambian el discurso y dicen que cómo van a permitir que el pueblo decida. Desde aquí impiden y deciden quién postula y quién no", lamentó el congresista Cutipa.
La ley de impedimentos debe ser aprobada antes que la presidenta Dina Boluarte convoque al proceso de elecciones generales del 2026 para que pueda aplicarse en la contienda. Ese plazo vence en abril.
El Congreso está contra el reloj porque es complicado que hasta ese mes pueda concretar las dos votaciones, con 87 legisladores a favor en cada una.
Fracasan pretensiones del Congreso
Esta es la tercera reforma constitucional que no prospera esta semana en el Congreso. Primero fue rechazada la reelección de alcaldes y gobernadores y la eliminación de los movimientos regionales. Luego tampoco alcanzó los dos tercios la ley que aumenta a nueve los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y ahora este proyecto de impedimentos para postular tampoco avanzó.
Se viene una ola de pedidos de reconsideración de parte de la coalición que gobierna el Congreso para volver a votar estos dictámenes y buscar los 87 votos que les permita aprobarlos.
