Incautan 117 inmuebles por caso de lavado que implica a Keiko Fujimori y exlíderes naranjas
Entramado. La mayor parte de las propiedades pertenece al exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez Gamarra y a su hermano, el excongresista fujimorista Osías Ramírez Gamarra. En el caso aparece implicada como “brazo político” la excandidata presidencial, pero no se le aplicó la misma medida porque en Registros Públicos no aparece ningún predio con su nombre y sus apellidos. Otro exdirigente fujimorista implicado es Pier Figari Mendoza.
Por mandato del juez Víctor Zúñiga Urday, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) incautaron 117 inmuebles de 12 personas, entre quienes se encuentran los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, y el exsecretario de organización de Fuerza Popular Pier Figari Mendoza.
La orden también comprende a Nancy Gallegos Vela, la viuda del exrector de la Universidad Alas Peruanas (UAP) Fidel Ramírez Prado y a sus hijas, Maribel y Nancy Ramírez Gallegos. Los hermanos Joaquín y Osías Ramírez son sobrinos de Fidel Ramírez.
La Fiscalía de Lavado de Activos sostiene que Fidel Ramírez compraba o alquilaba inmuebles a Joaquín y Osías Ramírez para el funcionamiento de locales de la UAP, mediante contratos leoninos.
Para obtener respaldo político de Fuerza Popular, el clan Ramírez facilitó a Keiko Fujimori la transacción de un predio de 1.035 metros cuadrados en una zona exclusiva de Cieneguilla y simuló la contratación como asesor de Pier Figari.
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De acuerdo con la Fiscalía de Lavado de Activos, Keiko Fujimori, los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, así como la viuda Nancy Gallegos y sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, y con ellos Pier Figari, son parte de una organización criminal que se benefició con la expoliación de los recursos de la universidad.
En la orden judicial de incautación no aparece Keiko Fujimori porque, según la base de datos de Registros Públicos, no cuenta con predios a su nombre.
Otros involucrados en el caso de lavado son Rosa Castañeda Cubas, Marco Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Morales Rojas, Marcos Aponte Andrade y Edmond Jordan Montes. Justamente, Edmond Jordan, a quien se atribuye el papel de operador de Joaquín Ramírez, fue quien negoció con Keiko Fujimori la venta de inmueble de Cieneguilla.
La defensa de la UAP estima en S/500 millones el monto que el clan Ramírez y sus cómplices desfalcaron a la universidad.
En abril del 2023, el juez Víctor Zúñiga dispuso la incautación de inmuebles de las 12 personas mencionadas, y también 41 inmuebles de la UAP. Sin embargo, la defensa de la universidad apeló la medida por considerarla arbitraria, por lo que una sala superior impuso al magistrado que individualizara las incautaciones. Mediante una nueva resolución, corrigió el defecto, ratificó la medida contra los bienes de la UAP e identificó a las personas cuyos inmuebles serían objeto de incautación.
Cajamarca. Inmueble de Joaquín Ramírez a nombre de una de sus empresas. Foto: La República
Inmuebles como cancha
De acuerdo con las resoluciones judiciales a las que tuvo acceso La República, en el caso del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, le fueron incautados 53 inmuebles, inscritos a su nombre y de 8 de sus empresas, entre ellas, Lima Ingeniería y Construcción. Durante la campaña presidencial de 2016, Keiko Fujimori estableció su centro de operaciones en una residencia de la calle Bucaré, La Molina. El inmueble pertenecía a Lima Ingeniería y Construcción, que era parte de la red de lavado de Joaquín Ramírez, conforme a la imputación de la Fiscalía.
Procedió la incautación de 54 inmuebles inscritos a nombre de las empresas Capricornio Import, Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II, Lima Ingeniería Construcción, Imporgraf, Mondreu, Norgrifo y Constructora Inmobiliaria Habitaria.
En el caso de la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos, y de sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, el juez Zúñiga mandó la incautación de 30 inmuebles.
Respecto al excongresista Osías Ramírez Gamarra, hermano de Joaquín Ramírez Gamarra, se intervinieron 4 propiedades.
El juez Víctor Zúñiga basó su decisión en la acusación de la Fiscalía de Lavado de Activos, que señala que la organización criminal organizada presuntamente por Joaquín Ramírez, contaba con el respaldo de un “brazo político” para consumar actos ilícitos, y que lo integraban la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exsecretario general del partido Pier Figari Mendoza.
Chiclayo. Ladrillera de Joaquín Ramírez, también incautada por la policía. Foto: La República
El brazo naranja
“El denominado ‘brazo político’ habría estado constituido por Keiko Fujimori Higuchi y Pier Figari Mendoza, quienes habrían otorgado un blindaje político a través del impedimento de propuestas legislativas para crear instituciones que supervisen a las cooperativas y las universidades, de forma que la organización criminal pueda seguir subsistiendo como tal”, señala la resolución judicial.
Joaquín Ramírez además financió la campaña presidencial de Keiko Fujimori con fondos obtenidos del desfalco a la UAP. Nada era gratis.
“La organización criminal contaba con un blindaje político por parte del partido político Fuerza Popular a cargo de Keiko Fujimori Higuchi, quien a través de Joaquín Ramírez Gamarra (aportes provenientes de sus empresas de fachada) y Pier Figari Mendoza (aportes provenientes de pagos de las empresas de fachada de Joaquín Ramírez Gamarra por irregulares consultorías) obtenía los activos necesarios para su campaña, la cual aceptaba a cambio de blindar a la casa de estudios de ser fiscalizada por el Congreso”, se indica en la resolución judicial.
Según la descripción de los hechos que configurarían como actos de lavado de activos, se menciona una simulación de compra de un predio de Keiko Fujimori en Cieneguilla.
“El inmueble que fue adquirido por Keiko Fujimori Higuchi por el monto de US$144.946. Y fue obtenido por Edmon Jordan Montes al precio de US$201.010. La imputada (Keiko Fujimori) ha reconocido que obtuvo una ganancia de US$80.000 proveniente de los actos fraudulentos (atribuidos a Joaquín Ramírez)”, se explica en los fundamentos de la orden de incautación.
Trujillo. Propiedad de Maribel Ramirez Gallegos, una de las hijas del ex rector de la UAP, Fidel Ramírez Prado, intervenida judicialmente. Foto: La República
Estrictamente confidencial
Keiko Fujimori también aceptó de Joaquín Ramírez la cesión de un inmueble en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, en Miraflores, que pertenecía a una de las empresas de fachada del excongresista fujimorista y actual alcalde provincial de Cajamarca.
Cuando Keiko Fujimori usó el inmueble de La Molina, la casa de la avenida Arequipa y vendió un predio de Cieneguilla, estaba enterada de que Joaquín Ramírez Gamarra era objeto de investigación fiscal por lavado de activos. Pero no tuvo reparos en contar con el apoyo del excongresista.
Se incluye el testimonio del expiloto de aviación Jesús Vásquez Ybáñez, quien afirmó que Joaquín Ramírez le confió que Keiko Fujimori le entregó US$15 millones para que los “lavara” presuntamente mediante una cadena de grifos. Joaquín y Osías Ramírez contaban con empresas dedicadas al negocio de la venta de combustible. Al hacer una revisión de los libros contables, la Fiscalía de Lavado de Activos detectó aumentos de capital inusuales, que llegan hasta S/34,8 millones. Para la Fiscalía, el origen de este dinero sería ilícito. Esto explica el porqué de las incautaciones a Osías Ramírez.
Por su parte, la defensa de la Universidad Alas Peruanas señaló que la decisión del juez Víctor Zúñiga es arbitraria porque la institución fue víctima del desfalco perpetrado por el clan de los Ramírez. Recordó también que fue la UAP la que denunció a los Ramírez. Por lo tanto, apelará la decisión del juez Zúñiga.
“En 20 años de actividad, la UAP generó ingresos por US$1.600 millones. La suma de todos los bienes que posee la casa de estudios no representa ni el 17% de ese monto. Entonces, ¿cómo podría existir desbalance si los ingresos de la UAP fueron ampliamente superiores a sus bienes? La inexistencia de desbalance fue confirmada por los peritos del propio Ministerio Público”, indicó la defensa.
