Peligra la ejecución de multas a pesqueras por extracción ilegal en Reserva Nacional de Paracas
Por los cambios de las salas del Consejo de Apelación de Sanciones del PRODUCE y por la excesiva tardanza en la resolución de las impugnaciones de las empresas pesqueras, hay 97 expedientes que podrían prescribir.
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) decidió renovar la composición de las salas del Consejo de Apelación de Sanciones (CONAS), instancia que resuelve las impugnaciones que interponen las empresas multadas por extraer especies ilegalmente en la Reserva Nacional de Paracas.
La medida, que motivó la renuncia de la directora general del CONAS, Rosa Zavala Correa, causa preocupación entre científicos y ambientalistas, porque debilitaría la capacidad sancionadora del Estado a compañías privadas de pesca que vulneran la intangibilidad de Paracas.
La dimisión de la titular del CONAS por la expectoración intempestiva de Luis Alva Burga y César Zelaya Tafur, se registra en medio de cuestionamientos a PRODUCE por un proyecto normativo que eliminaría las sanciones por pesca industrial en Áreas Marinas Protegidas.
Luis Alva y César Zelaya fueron removidos del CONAS luego de desestimar las apelaciones de dos empresas integrantes de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y de confirmar las multas por pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas. Son los únicos casos resueltos por el CONAS hasta el momento.
Ministro de la Producción, Sergio González, afirmó que las sanciones se harán cumplir. Foto: PRODUCE
Evidentes motivos
En su carta de renuncia, la exdirectora Rosa Zavala expresa que su decisión se debe a la salida de Alva y Zelaya, a cuyas salas que presidían ordenó que se dediquen “a resolver los expedientes que contienen los recursos de apelación a las sanciones impuestas a diversas pesqueras por pescar en la Reserva Nacional de Paracas”.
Se trata de 97 casos de apelación.
En lugar de Alva y Zelaya han sido nombrados Verónica Caballero Gonzales y Jaime de la Torre Obregón, funcionarios señalados por la Contraloría General de la República por su presunta responsabilidad en la entrega irregular de permisos CITES para la exportación de tiburones.
La remoción de los presidentes de las salas del CONAS se registra justamente cuando el Órgano de Control Institucional (OCI) de PRODUCE advirtió que 97 de los 99 procedimientos sancionadores contra 11 empresas pesqueras que se encuentran en apelación, se encuentran en situación de riesgo de prescribir por tardanzas en la resolución.
De acuerdo con el reporte de la OCI, la multas impuestas a las pesqueras han sido impugnadas desde hace más de 7 meses, sin embargo, continúan a la fecha a la espera del pronunciamiento, pese a que el plazo legal es de 30 días.
Las compañías que han apelado son Tecnológica de Alimentos S.A. (Tasa), Corporación Pesquera Inca (Copeinca), Pesquera Exalmar, Empresa Pesquera Percar, Pesquera Saby. Austral Group, CFG Investment, Pesquera Hayduk, Pesquera Centinela, Pesquera Diamante, Empresa Extractiva SRLTDA. Las empresas enfrentan multas que superan los S/13 millones.
Advertencia de prescripción
Expertos consultados sobre la eventual prescripción de las sanciones a las pesqueras, alertaron que si bien en primera instancia se ha establecido la existencia de las infracciones, se presentaría un riesgo de prescripción en caso la nueva composición del CONAS declare nulos dichos fallos.
Por su parte, el titular de PRODUCE, Sergio González, dijo a La República que la segunda instancia del CONAS no está sujeta a prescripción y que las apelaciones se evaluarán conforme a la ley.
“Si han realizado actividad pesquera en esas áreas protegidas, serán sancionadas (las empresas infractoras). Es más, el Ministerio de la Producción ya ha sancionado a dos embarcaciones. Tenemos una cartera de más procesos que están precisamente en camino de la sanción correspondiente. En ningún momento el Ministerio de la Producción va a dejar desatendido o va a sacar alguna norma que afecte las áreas naturales”, afirmó González.
No obstante lo señalado, los especialistas y ambientalistas consultados indicaron que existe una tendencia del Ministerio de la Producción por impulsar una reforma normativa que pretende despenalizar la pesca industrial en Áreas Marinas Protegidas. Coincidentemente, los 97 casos pendientes de resolver están referidos a la actividad ilegal en estas zonas.
