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Política

Cada 4 días un militar agrede a su pareja

Sanción irrisoria. Institución castiga con 1 o 5 días a militares agresores y no toma medidas de protección para la víctima. Aún no se adecuan a Ley de violencia contra la mujer.

Reflexión. Las autoridades del instituto castrense reconocen que no bastan los seminarios y talleres para reducir los episodios de violencia contra la mujer.
Reflexión. Las autoridades del instituto castrense reconocen que no bastan los seminarios y talleres para reducir los episodios de violencia contra la mujer.

Entre 2020 y lo que va del 2022, la Inspectoría del Ejército del Perú ha recibido 194 denuncias contra efectivos militares por parte de sus parejas. La República tuvo acceso a documentos del Ejército en los que se acreditan preocupantes casos cuya repetición no se ha reducido.

Muchos son casos de violencia física y psicológica a parejas, convivientes o esposas, y se presentan con insultos, ahorcamientos, puñetazos, rodillazos o amenazas de muerte, de reducción económica o de quitarles a sus hijos menores de edad.

El Ejército comunicó a este diario que los 194 casos que llegaron a Inspectoría fueron sancionados administrativamente. Es decir, los agresores recibieron entre uno y cinco días de arresto de rigor. Su castigo fue permanecer en sus habitaciones de las dependencias o cuarteles donde laboran, durante ese tiempo. Es todo lo que pueden hacer, afirman las fuentes.

La ausencia de un castigo equivalente al daño se explica porque el Ministerio de Defensa, órgano rector del Ejército, aún no se adecúa a la ley n.º 30364, que busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer.

Han pasado siete años desde la aprobación de dicha norma legal y ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de la Mujer han solicitado la adecuación del régimen especial de las Fuerzas Armadas, como sí se aplica en la Policía Nacional.

La adecuación de esta ley en la normativa del Ejército hace que tampoco cuente con una política de medidas de protección para las víctimas. La República comprobó que varias de las víctimas siguen conviviendo con sus agresores. Y, según el reglamento, tampoco le corresponde a la institución retirar el arma que porta el agresor.