Congresista María Acuña le debe más de S/3 millones a la Sunat por operaciones inmobiliarias en Chiclayo
El caso involucra una operación inmobiliaria en Chiclayo, donde la hermana de César Acuña recibió 117 lotes posteriormente valorados en 6.7 millones de soles para fundar una empresa.
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La congresista María Acuña Peralta, representante de Lambayeque por Alianza para el Progreso (APP) y hermana del líder del partido, César Acuña, mantiene una deuda superior a los tres millones de soles con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Esta información fue revelada a través del expediente tributario de la parlamentaria por el programa 'Punto final'.
El caso está relacionado con una millonaria operación inmobiliaria en la urbanización El Santuario, ubicada en el sur de Chiclayo. Según el reportaje, Acuña recibió 117 lotes de terreno como parte de una supuesta dación en pago por una deuda de 300 mil dólares que una conocida no pudo saldar. Posteriormente, estos terrenos fueron valorizados en 6.7 millones de soles y aportados como capital para fundar la empresa Inmobiliaria Los Alizos, junto a su esposo.
La Sunat determinó que esta operación no puede considerarse simplemente una transferencia privada, sino que debe ser vista como una actividad empresarial habitual, sujeta al pago de impuestos. La ley solo permite transferir hasta dos inmuebles como aporte de capital sin generar tributo, por lo que, al exceder ampliamente ese número, la congresista incurrió en una enajenación gravada.
La deuda asciende a 3 millones 319 mil soles, monto que incluye impuestos omitidos, intereses y multas. Según el reportaje, Acuña ha sido notificada en reiteradas ocasiones en sus domicilios fiscal y real, pero ha evitado el pago argumentando que no recibió las comunicaciones, una justificación que la Sunat ya desestimó.
María Acuña habría gestionado reuniones con funcionarios de Sunat
Además, el programa periodístico aseguró que Acuña gestionó reuniones con funcionarios de la Sunat e incluso acudió personalmente a la institución hasta en ocho ocasiones, tres de ellas en marzo de 2023. A pesar de sus esfuerzos, la entidad tributaria ratificó su decisión de cobrar la deuda. Actualmente, el caso ha sido derivado al Tribunal Fiscal a solicitud de la propia congresista.
A pesar de haberse desligado formalmente de la empresa Los Alizos, Acuña no puede eludir la responsabilidad tributaria como persona natural. Según el reportaje, la empresa ya habría vendido todos los terrenos, pero no se ha encontrado evidencia de su operación en su domicilio fiscal declarado.
Al ser consultada por el reportero del programa periodístico que exhibió la información, María Acuña negó tener conocimiento sobre sus deudas con el Estado: "No tengo esa información. Yo siempre he hecho empresa, y tengo inmobiliaria. Pero no sé el estado (de esa deuda), porque desde que accedí a ser congresista asumió un nuevo gerente. (...)", señaló.
María Acuña y su cuestionado rol al frente de la SAC: "blindó" a congresista acusada de 'mochasueldo'
El caso cobra especial relevancia debido a que María Acuña preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, un órgano clave que evalúa denuncias contra altos funcionarios. En las últimas semanas, la subcomisión que lidera evitó una sanción contra la congresista Rosío Torres, implicada en el caso “mochasueldo”. Torres es parte de su mismo partido, APP.
Durante la sesión del 7 de febrero de la subcomisión, se decidió archivar la denuncia contra Torres por presuntamente haber incurrido en el delito de concusión, relacionado con un presunto recorte de sueldos a los empleados de su oficina. Tras analizar el caso, la SAC concluyó que no existían pruebas suficientes para continuar con el proceso.
La subcomisión encargó al congresista Segundo Quiroz la redacción del informe final, el cual indicó que la denuncia carecía de base probatoria. Quiroz destacó que la acusación no contaba con fundamentos jurídicos ni fácticos que permitieran que el caso avanzara. Tras la presentación de su informe, el caso fue sometido a votación, que resultó en 15 votos a favor del archivamiento, 1 en contra y 2 abstenciones, lo que llevó a la SAC a tomar la decisión por mayoría.
En respuesta a las acusaciones de que se estaría protegiendo a la congresista de APP, la presidenta de la SAC, María Acuña, rechazó tales afirmaciones. Aseguró que la subcomisión no tenía la intención de "blindar" a ningún congresista, ya que cada caso es evaluado de manera objetiva y con base en las votaciones de los miembros. Acuña explicó que el archivamiento de la denuncia se basó exclusivamente en la falta de pruebas sólidas y defendió el procedimiento al señalar que el congresista delegado, Segundo Quiroz, había seguido el proceso técnico adecuado durante la investigación.
