Eduardo Moncada: “Frente a la extorsión no hay responsabilidad solo del Estado”

El investigador Eduardo Moncada, profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Columbia, autor del libro Resisting Extortion: Victims, Criminals and States in Latin America en el que revela cómo las personas sobreviven de manera casi extraordinaria a actos de extorsión, llegó a Lima para dar una serie de exposiciones, invitado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Allí compartió con investigadores peruanos sus hallazgos sobre las respuestas sociales frente a la amenaza de la extorsión criminal en América Latina. Ha realizado un extenso trabajo de campo en zonas violentas de Colombia, El Salvador y México. Ha analizado estrategias para resistir la extorsión. Ha estudiado las respuestas de los diversos actores que fortalecen o debilitan el Estado de derecho. Y ha revisado la incapacidad del Estado ante el grave problema delincuencial.

¿El crecimiento de la extorsión refleja el deterioro de una sociedad? ¿Se explica también por el aumento de la corrupción, por la incapacidad de las élites políticas y económicas?

Yo diría que sí, que refleja la falta de capacidad del Estado de dar una respuesta eficaz a ese acto delincuencial y de proveer un Estado de derecho a los ciudadanos para que puedan tener protección frente a grupos criminales que los están extorsionando. Que venga un actor a tu negocio, a tu hogar, a demandarte dinero y hacerlo bajo amenaza, repetidamente, como lo hacen los grupos criminales, también causa una erosión en la confianza que el ciudadano y la ciudadana tienen en el Estado, en la legitimidad del Estado y de sus instituciones.

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¿Quiere decir que esa confianza del ciudadano se ve lastrada, mucho más cuando hay corrupción generalizada en el país? ¿Eso fomenta el crecimiento de las extorsiones?

Sí, digamos, si un ciudadano percibe que el Estado es ilegítimo por razones de corrupción y no confía en sus instituciones, ¿qué ocurre? Ya no va a reportar cuando alguien lo está extorsionando, ya no va a acudir al Estado o a la policía o al sistema de justicia para ponerle fin a la extorsión que sufre. Eso también hace que haya un vacío de información, de data, para el Estado sobre qué está ocurriendo en su territorio, y cómo están actuando los grupos criminales. Y eso también fomenta la extorsión, pues los grupos criminales pueden sentir más libertad de actuar y extorsionar.

¿El silencio o la desinformación o la falta de claridad en transmitir políticas públicas pueden incrementar esa sensación de inseguridad y esa falta de confianza en las instituciones? 

Exactamente, sí. Y eso es particularmente el hecho con formas de delincuencia como la extorsión. Porque al contrario, digamos, del homicidio, de la violencia más observable, donde el Estado sí puede intervenir más fácilmente porque puede observar lo que está ocurriendo, la extorsión es un fenómeno donde si el ciudadano no reporta lo que le está ocurriendo, entonces hay una falta de información para el Estado para poder crear políticas públicas que sean eficaces. Y sabemos muy bien que hay un subregistro de este delito en toda América Latina.

Hay quienes creen que la migración del exterior ha incrementado la ola de extorsión.

Pensemos en otros escenarios en América Latina donde ha habido aumento del fenómeno de la extorsión. Por ejemplo, México y Brasil, lugares donde la extorsión es un fenómeno que ya tiene mucho tiempo y donde no ha habido el mismo ingreso de población del extranjero, como venezolanos u otros. Vemos que la extorsión está generalizada también en esos contextos. Entonces, en el caso peruano podríamos decir como hipótesis que el flujo de migrantes tal vez crea una población que fácilmente pueden reclutar los grupos criminales, por sus condiciones socioeconómicas bajas. Pero no es la causa principal de este fenómeno.

¿Ve similitudes con esos países en el crecimiento de las extorsiones?

Es un poco alarmante cómo está evolucionando en el contexto peruano, veo cosas similares en contextos de México, Colombia, Brasil y Centroamérica. Me refiero a que los grupos criminales ya no se pueden conceptualizar únicamente como grupos criminales de narcotráfico, por ejemplo, sino que son empresas muy complejas, con muchas divisiones involucradas y en una variedad de economías ilícitas, incluyendo la extorsión.

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¿La industria criminal de la extorsión también se vincula con las economías lícitas?

Claro que sí, eso es lo complejo de entender de este fenómeno de la extorsión y el crimen organizado: la línea entre economías legales e ilegales no es nítida ni completamente entendida. Sabemos que grupos criminales tienen relaciones y hasta inversiones, tanto en economías ilícitas como lícitas, con actores como empresarios y otros con los cuales trabajan. Por eso sería importante mapear los diferentes actores y esas relaciones también.

Se refería Ud. a lo complejo de este delito.

Sí, es complejo, vemos que utilizan la extorsión no únicamente como un mecanismo para generar recursos económicos, sino también como una forma de controlar a la población... O sea, pensemos en un grupo criminal en un barrio en la periferia de Lima que utiliza la extorsión ¿Eso qué hace? Le da el poder de mapear. Mapear a la población dentro de su territorio, saber quién pertenece y quién no pertenece al barrio, quién tiene ingresos, cuántos ingresos tiene. Eso le da un grado de control territorial muy impresionante, casi a la par que el mismo Estado... Eso lo vemos en otras partes de América Latina: los grupos criminales usan la extorsión como un elemento fundamental del control territorial.

¿El control territorial es importante, pues lleva a que los delincuentes se diversifiquen, a que usen varias modalidades del delito?

Así es, vemos en otras partes de América Latina que la vieja imagen que teníamos del crimen organizado, como la de los narcos, por ejemplo, ya no nos da suficiente para entender el fenómeno hoy en día. En muchas partes de América Latina, en el Cono Sur, en Centroamérica, en los Andes, grupos criminales se componen de diferentes elementos, diferentes grupos, subgrupos también, que se dedican a diferentes cosas, ¿no? Extorsionan, están en el narcomenudeo, en el contrabando, en la migración de personas a partes del mundo.

¿Hay alguna institución que tenga mayor responsabilidad al luchar contra la extorsión: la Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, las municipalidades, el Congreso?

Es una responsabilidad conjunta de todo el Estado, porque la extorsión tiene su raíz en una variedad de factores que fomentan esa práctica, tanto políticas, económicas como sociales. También creo que frente a la extorsión no hay responsabilidad únicamente del Estado, sino que debe haber un diálogo muy abierto, transparente y coordinación muy cercana con las poblaciones que son víctimas; por ejemplo, el sector empresarial y la sociedad civil, que están al nivel del territorio y saben qué está ocurriendo en sus comunidades.

Usted que ha estudiado otras realidades ¿Qué iniciativas en otros países cree que pueden servir para el caso peruano en la extorsión?

Una de las prácticas que me parecen interesantes y se están experimentando en partes de América Latina es que, por ejemplo, en Colombia, se han visto esfuerzos de esta naturaleza. Y surgió en el sur de Italia, donde los comerciantes, de negocios, restaurantes, tiendas y otros comenzaron a organizarse y trabajar de la mano con el Estado, la Policía, el sistema de justicia, con actores políticos, para públicamente negarse a pagar a los extorsionadores. Es algo bastante riesgoso en América Latina, pero lo que ocurrió en el sur de Italia es que por ser una práctica conjunta, unificada, entre la población de víctimas, observable, pública, anunciaron que no iban a pagar, y la mafia de la extorsión comenzó a perder fuerza.

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Una de las ‘soluciones’ que más utiliza la mayoría en el Congreso es el endurecimiento de las penas. ¿Qué opina de esto?

Endurecer penas puede en algunas instancias servir como factor que disuade, pero hay experiencias en Brasil, Colombia, El Salvador y México, donde vemos que cuando comienza el Estado a poner más actores criminales en los penales, sirven estos como centros de coordinación. Entonces, el Estado se enfrenta a la paradoja de encarcelar a más personas y ponerlos juntos, haciéndose más poderosos.

Es el aumento del clima de inseguridad y desconfianza lo que propicia este tipo de medidas populistas, ¿no? 

Crea una oportunidad para los populistas, ¿no? O sea, cuando se ve que un Estado democrático no responde, bueno, la población puede tener la tentación de decir, bueno, tal vez lo que necesitamos son políticos no tradicionales y hasta autoritarios de algún grado que puedan proveernos un nivel de orden y seguridad en nuestras vidas... El riesgo obviamente es que erosionan las instituciones democráticas y que las prácticas populistas no van a parar únicamente con la seguridad, sino que comienzan a infectar a otros elementos, otras esferas de la vida económica, social y política también. 

¿La pena de muerte sirve para disuadir al extorsionador?

No se ha visto evidencia, que yo conozca, de que Gobiernos que han adoptado la pena de muerte hayan incidido en bajar las tasas de extorsión. No hay una evidencia empírica de eso.

¿El supuesto éxito de Bukele en El Salvador puede favorecer a medidas radicales y populistas que pueden atentar contra el Estado de derecho?

Claro que sí, hay la tentación de adoptar “el modelo Bukele”, ¿no? Sin embargo, nos falta entender que hay evidencia de que esas políticas públicas de Bukele sí han tenido implicaciones muy negativas en los derechos humanos para la población. Ese tipo de modelo viene con unos costos muy serios para las instituciones, el Estado y la sociedad. Hay que pensar, por ejemplo, qué está ocurriendo dentro de los centros penales, teniendo en cuenta que en un país pequeño en población se ha encarcelado a una gran proporción de gente. ¿Qué ocurre en esos centros penales? Además de los reportes de violaciones de derechos humanos, sabemos que allí pueden surgir nuevos actores criminales y nuevos grupos criminales ¿Qué pasará en 5 o 10 años? ¿esta política pública será la semilla para una nueva generación de grupos criminales en El Salvador?