Dina Boluarte ataca a la prensa: especialistas alertan sobre una situación crítica para la libertad de expresión
Luego del reciente anuncio de una franja informativa obligatoria, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta severas críticas por los ataques a la libertad de prensa en Perú.
- Ningún congresista de Fuerza Popular respaldó las 4 mociones de interpelación presentadas contra ministros
- Congreso a punto de interpelar a Gustavo Adrianzén, César Vásquez, Raúl Pérez - Reyes, Morgan Quero y Leslie Urteaga
El gobierno de Dina Boluarte se ha caracterizado por sus recientes ataques hacia la prensa. Desde utilizar el Ministerio de la Mujer para sindicar a Gustavo Gorriti de falsos delitos, hasta proponer, desde el Ministerio de Justicia, la transmisión de distintos contenidos alineados con la visión oficial del Gobierno.
Ante esta situación, La República reunió a cuatro especialistas para dialogar sobre el tema. Ellos consideraron que la situación que atraviesa nuestro país en cuestiones de libertad de prensa es crítica y debe ser atendida lo antes posible.
Adriana León- periodista en el Instituto de Prensa y Sociedad
Desde el gobierno de Pedro Castillo, el deterioro de la libertad de prensa ha sido significativo. Ya desde 2016, como lo documenta Andrés Calderón en Prensa y Política, hubo intentos legislativos para restringirla, aunque siempre frenados por una ciudadanía alerta. Sin embargo, con Castillo, la situación se agravó: mayor polarización, trabas a la cobertura, hermetismo estatal, y violaciones al derecho de acceso a la información.
Con el gobierno de Dina Boluarte, esto se intensificó. El Ejecutivo y el Legislativo, con escasa popularidad y acusaciones de corrupción, actúan en contubernio, afectando aún más la transparencia.
Aun así, el Perú mantiene una prensa libre y diversa, con medios grandes y pequeños que investigan y fiscalizan al poder. Según una encuesta del IEP, el 80% de jóvenes entre 18 y 30 años cree que la prensa está haciendo bien su trabajo. Eso muestra que el periodismo serio es valorado.
Pero desde el poder buscan silenciarlo. Proyectos como la ley de rectificación o la ley de cooperación extranjera buscan limitarlo. El gobierno acusa a la prensa de boicot, pero los hechos hablan por sí solos: la prensa no inventó los Rolex, ni a Nicanor, ni el caso Cofre. Solo informa. Y por eso, urge defender este derecho, no solo desde el gremio periodístico, sino también desde la ciudadanía.
Zuliana Lainez-presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas
Calificar a los medios de “terrorismo de imagen” y “golpistas” -en más de una oportunidad- evidencia una escalada de ataques a la prensa en el país, propio de regímenes autoritarios. Ese periodismo al que por el solo hecho de “hacer su trabajo” le responden con una clara intención de “escarmiento” tanto desde el Ejecutivo como desde otros poderes del Estado.
No es solo una Presidenta que no contesta preguntas de la prensa hace más de cien días, o el indigno trato a periodistas que en la cobertura de actividades oficiales son encerrados o aislados en estrados distantes para evitar que se acerquen a la primera mandataria. Es también una perfecta sincronía con el Poder Legislativo con un objetivo común: demostrar su poder para “disciplinar” a la prensa.
Los números son determinantes: El Congreso de la República cada 60 días (y esto está debidamente documentado) presenta un proyecto de ley que tiene impacto en las libertades informativas. La última, una nueva “ley mordaza” -corregida y aumentada respecto a la que se archivó en el 2023- que está pendiente de segunda votación en el pleno del Congreso. En la víspera, el proyecto de la congresista María Agüero, que con el grandilocuente argumento de la “transparencia” quería en la práctica otorgar al Poder Ejecutivo (ese que arremete de forma cotidiana contra los medios) la capacidad -incluso- de cancelar las actividades de aquellas empresas prestadores de servicios de comunicaciones que no transparenten propiedad, financiamiento y actividades -como si ello ya no estuviera regulado-.
Es una tras otra sin descanso. Buscan sancionar, imponer, castigar, reprender, a quienes ponen el foco en lo que se tiene que saber. En ese escenario hostil es necesario mantenernos en alerta permanente para frenar estas arremetidas a tiempo.
Cristina Zahar-coordinadora para Latinoamérica del Comité para la Protección de los Periodistas
El gobierno de Dina Boluarte, que asumió en diciembre de 2022, fue marcado hasta ahora por graves episodios de violaciones de derechos humanos, como la muerte de al menos 49 manifestantes en las protestas de 2022 y 2023. En dos años de gobierno, la relación de su gobierno con la prensa tampoco fue de las mejores. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en 2023-2024 se registraron 740 ataques a la prensa en el país. Un 29% de ellos vienen de las autoridades públicas, quienes deberían aceptar el escrutinio público realizado por los medios.
La propia presidenta participó directamente en los ataques al no contestar preguntas sobre escándalos de corrupción o acusar a los medios de practicar "terrorismo de imagen". También el Congreso contribuyó para el creciente clima de tensión entre la prensa y el poder al poner en votación un proyecto de ley que propone aumentar las sanciones por difamación y calumnias relacionadas con investigaciones en curso sobre la presunta comisión de delitos por funcionarios y servidores públicos, reduciendo el tiempo de rectificación de siete días a un día.
Es la misión del Comité para la Protección de los Periodistas defender el derecho de las y los periodistas a informar con seguridad y sin temor a represalias. El gobierno peruano debe garantizar las condiciones para que eso pase.
Carlos Jornet-presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa
Después del controvertido proceso electoral que llevó al poder a Pedro Castillo y del agitado mandato de este, la presidenta Dina Boluarte tenía la oportunidad de recuperar la plena institucionalidad y restaurar las libertades de expresión y de prensa.
Lejos de eso, optó por hostigar a medios y periodistas; avaló el acoso verbal, digital y judicial contra ellos; restringió gravemente el acceso a información pública, y consintió, por acción u omisión, la presentación de múltiples proyectos que limitan o buscan restringir la tarea de informar.
De cara a los próximos comicios, y para que estos se desarrollen en un clima de debate ciudadano plural y sin trabas, es imprescindible poner fin a las amenazas y ataques contra periodistas que se multiplican en el país, especialmente en regiones; facilitar el pleno acceso a información pública; garantizar la neutralidad de los medios estatales y terminar con las campañas de desinformación y desprestigio hacia comunicadores y otros actores sociales.
En definitiva, la presidenta debe expresar un firme compromiso con las libertades de expresión y de prensa, como le planteamos desde la SIP días después de su asunción. Su silencio, su inacción, su falta de predisposición para responder requisitorias de reporteros, deriva en el grave deterioro de las condiciones para la labor periodística que padece Perú.
Marco Sifuentes-periodista independiente y director del canal periodístico ‘La Encerrona’
Yo creo que la presidenta Boluarte se deja llevar por la forma en que fue recibida por el periodismo más mainstream cuando asumió el cargo. Ella asumió en medio de unas protestas que fueron satanizadas por la mayoría de los medios, y durante al menos un año, esos medios se dedicaron a sostener su gobierno.
El caso Rolex, al menos desde mi punto de vista, marcó un punto de quiebre en el que los medios dijeron: “Bueno, ya está”, y casi todos pasaron abiertamente a la fiscalización y a la crítica, que es lo que deberían hacer con cualquier presidente. Creo que eso le incomoda, y desde entonces ha estado dedicada, de múltiples formas, a tratar de —lo que imagino que para ella debe ser— corregir una situación que la descoloca. Y lo ha hecho de muy mala manera: nombrando ministros como Juan José Santiváñez, que eran abiertamente hostiles —si no perseguidores— de la prensa, y respaldando una serie de iniciativas que van en contra de la libertad de expresión, incluyendo el aval a propuestas similares impulsadas desde el Congreso.
