Ley SB4-C firmada por Ron DeSantis afectaría a este grupo de inmigrantes en Florida si Corte Suprema la aprueba el 18 de abril
La Corte Suprema de Florida evaluará el viernes 18 de abril la Ley SB4-C, impulsada por Ron DeSantis, que busca criminalizar la entrada ilegal de inmigrantes. La ley que ha sido suspendida por la jueza Kathleen M. Williams por posibles violaciones constitucionales.
- Buena noticia para los conductores en Florida: producto clave podría bajar de precio este fin de semana
- Malas noticias para residentes de Florida: NWS advierte incremento del riesgo de incendios forestales en Miami-Dade y Broward
Ley antiinmigrantes de Ron DeSantis, conocida como SB4-C, será evaluada por la Corte Suprema de Florida este viernes 18 de abril, en un contexto de tensión jurídica que ha captado la atención nacional. La legislación, aprobada en febrero de 2025, permanece suspendida por decisión de la jueza federal Kathleen M. Williams, quien la frenó alegando violaciones constitucionales y conflicto con normas federales.
Este dictamen judicial se basó en la posible contradicción entre la Ley SB4-C y la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. La audiencia del viernes determinará si la ley se activa o si se prolonga su suspensión, abriendo la puerta a una batalla legal en instancias superiores.
¿Qué pasaría si la Corte Suprema aprueba la Ley SB4-C contra inmigrantes en Florida?
La aprobación de la Ley SB4-C por parte de la Corte Suprema de Florida marcaría un antes y un después en la política migratoria estatal. Esta normativa, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, criminaliza la entrada ilegal y el reingreso de inmigrantes. Se establece como delito menor de primer grado el ingreso a Florida sin pasar por controles federales, con una condena mínima obligatoria de nueve meses de prisión. En caso de reincidencia, el castigo asciende a una felonía de tercer grado, con penas que pueden alcanzar los dos años de cárcel.
El reingreso ilegal, en cambio, se sanciona con mayor severidad. Un inmigrante que haya sido previamente deportado o tenga una orden de expulsión vigente enfrentaría una felonía de tercer grado, con condenas desde un año y un día hasta cinco años, si existieran antecedentes penales por delitos graves. Esta ley no contempla libertad bajo fianza, ni medidas alternativas al encarcelamiento, lo que aumenta la preocupación por la saturación del sistema judicial y penitenciario estatal.
La posible aprobación también obligaría a las autoridades locales a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generando un nuevo vínculo entre el sistema penal estatal y la política migratoria federal. A ello se suma la exclusión de programas de desvío, citaciones civiles y otras herramientas que evitaban la detención inmediata, consolidando un enfoque punitivo sin precedentes.
PUEDES VER: Ley firmada por Gavin Newsom aumenta el salario mínimo para algunos trabajadores en California
¿Cuál es el impacto de la Ley SB4-C contra los inmigrantes en Florida?
El impacto de la Ley antiinmigrantes de Ron DeSantis va más allá del ámbito judicial. La norma incluye la posibilidad de imponer la pena de muerte a inmigrantes indocumentados condenados por delitos capitales, como asesinato premeditado, secuestro agravado, tráfico de drogas a gran escala o agresiones sexuales extremas. Esta disposición ha generado un profundo debate sobre derechos constitucionales y humanidad en la aplicación de la justicia.
Además, la legislación ha creado un efecto dominó en otras ciudades del estado. Jacksonville, por ejemplo, aprobó recientemente una ordenanza que refuerza la persecución de inmigrantes sin estatus legal, convirtiéndose en la primera ciudad de Florida en tomar medidas locales para aplicar restricciones similares. La llamada Ley de Aplicación de la Inmigración Ilegal de Jacksonville se alinea con los objetivos de DeSantis y del presidente Donald Trump, consolidando una postura política de línea dura.
En caso de que la Corte Suprema mantenga suspendida, la Ley SB4-C antiinmigrantes de Ron DeSantis, el gobernador podrá apelar y llevar el caso a niveles federales.
