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Aviso importante para inmigrantes en EEUU: juez impide a Trump deportar extranjeros sin antes cumplir con estos requisitos

Con la intención de aplicar deportaciones de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, un juez federal ordenó a la administración Trump cumplir etapas previas orientadas a proteger los derechos de los no ciudadanos en Estados Unidos.

El juez Alvin Hellerstein destacó la "peligrosidad de una remoción inminente" para los venezolanos detenidos por ICE. Foto: CNN
El juez Alvin Hellerstein destacó la "peligrosidad de una remoción inminente" para los venezolanos detenidos por ICE. Foto: CNN

Un juez federal ha ordenado que la administración Trump debe notificar y proporcionar una audiencia a los inmigrantes que el gobierno busca deportar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta decisión marca un hito en la defensa de los derechos de los no ciudadanos en Estados Unidos, según informó .

El juez de distrito de EE. UU. Alvin Hellerstein, nombrado por Bill Clinton, expresó su preocupación por la "peligrosidad de una remoción inminente" para los venezolanos no ciudadanos detenidos por ICE. Hellerstein enfatizó la necesidad de garantizar un proceso justo antes de cualquier deportación.

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La orden de restricción temporal del juez protege a los posibles deportados en el Distrito Sur de Nueva York, aunque su jurisdicción no se extiende más allá de su distrito. Esta decisión se produce en el contexto de un caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que desafía el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump.

Contexto del Caso y la Ley de Enemigos Extranjeros en Estados Unidos

La ACLU presentó su demanda en respuesta a la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a supuestos miembros de pandillas sudamericanas. La demanda se presentó un día después de que la Corte Suprema de EE. UU. permitiera que la administración Trump continuara con las deportaciones, pero exigió que se diera un aviso adecuado a los deportados antes de su remoción.

El juez Hellerstein consideró que su orden es una extensión de la decisión de la Corte Suprema, lo que permite a la ACLU presentar demandas similares en todo el país para proteger a los no ciudadanos amenazados por la administración Trump. La restricción temporal se mantendrá hasta el 22 de abril, cuando las partes se reunirán nuevamente para discutir su extensión.

Reacciones y Consecuencias de la Decisión Judicial en Estados Unidos

La administración Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a más de 200 supuestos miembros de pandillas no ciudadanos a una prisión en El Salvador. Sin embargo, la ACLU argumenta que esta ley no debe aplicarse en tiempos de paz y que no se puede utilizar para justificar la deportación de individuos sin pruebas concretas de su pertenencia a pandillas.

El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, subrayó que la Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces en la historia de EE. UU. durante guerras activas, y no debe ser empleada contra pandillas en tiempos de paz. La falta de evidencia sólida para iniciar el proceso de deportación ha sido criticada por varios jueces federales, lo que ha generado un clima de controversia en torno a las políticas de inmigración de la administración.

Impacto en la Comunidad Inmigrante en Estados Unidos

La decisión del juez Hellerstein representa un paso significativo en la protección de los derechos de los inmigrantes en EE. UU. En el caso específico, se mencionan dos demandantes identificados por sus iniciales, G.F.F. y J.G.O., quienes fueron detenidos bajo sospecha de ser miembros de Tren de Aragua. La ACLU también ha presentado una demanda similar en el Distrito Sur de Texas, donde se logró una medida de protección similar.

La actitud de la administración Trump hacia las deportaciones ha generado un fuerte rechazo entre activistas y grupos de derechos civiles. Informes recientes indican que las autoridades de inmigración están apuntando a individuos basándose en tatuajes y otros rasgos superficiales asociados a pandillas, lo que ha llevado a errores en el proceso de deportación, como el caso de Kilmar Abrego Garcia, un padre de Maryland deportado a El Salvador a pesar de una orden judicial que prohibía su remoción.