Donald Trump y la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798: ¿de qué trata esta norma que quiere usar contra inmigrantes?
La administración de Donald Trump evalúa aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para facilitar la deportación de inmigrantes en EE. UU., generando preocupación en la comunidad migrante.
- China responde a Donald Trump e impone aranceles del 34% a todas las importaciones de Estados Unidos
- Muy malas noticias para Trump: expertos indican que Primera Enmienda de EE.UU. podría proteger a inmigrantes de las deportaciones
La administración de Donald Trump evalúa aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la expulsión de inmigrantes en Estados Unidos. La medida genera preocupación por sus implicaciones legales y el impacto en la comunidad migrante.
La posible aplicación de una legislación con más de dos siglos de antigüedad ha reavivado el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos. La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, creada en un contexto bélico, podría ser usada para deportar inmigrantes sin un proceso judicial tradicional.
VIDEO MÁS VISTO
Impresionante nube en forma de embudo se forma sobre Spring Hill
La propuesta de Donald Trump ha causado inquietud entre defensores de derechos humanos y expertos en derecho constitucional. La norma, concebida en una era de conflictos internacionales, permitiría al gobierno justificar deportaciones masivas en un contexto actual totalmente diferente.
PUEDES VER: ICE: este grupo de inmigrantes en Estados Unidos deberá programar una cita con la agencia en 2025
¿De qué trata la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798?
La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada en 1798 en un periodo de fuerte tensión entre Estados Unidos y Francia. Su propósito original consistía en permitir al presidente deportar o detener ciudadanos de países considerados hostiles en tiempos de guerra o amenaza inminente. Aunque su uso ha sido limitado a situaciones extremas, la administración Trump ha planteado la posibilidad de aplicarla a la crisis migratoria actual.
El debate en torno a esta legislación se intensificó tras declaraciones recientes de Trump, quien sugirió que la frontera estadounidense está siendo víctima de una "invasión". Basándose en este argumento, su equipo legal considera que la norma habilitaría al gobierno a expulsar inmigrantes sin los procedimientos regulares que establece la ley de inmigración moderna. Esto representaría un cambio drástico en la política migratoria y alteraría significativamente el sistema legal que protege a quienes buscan establecerse en el país.
Históricamente, la aplicación de esta ley ha sido escasa. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada para justificar la detención de ciudadanos japoneses, alemanes e italianos en Estados Unidos. Sin embargo, los tribunales han señalado que su uso debe limitarse estrictamente a contextos de guerra declarada. La comunidad legal y diversos grupos defensores de derechos civiles advierten que su implementación hoy podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos.
¿Puede un inmigrante defenderse ante un proceso de deportación bajo esa ley?
Si la Ley de Enemigos Extranjeros se aplicara en la actualidad, los inmigrantes enfrentarían serios obstáculos para defenderse. La normativa otorga al presidente poderes amplios, permitiéndole ordenar la deportación de personas consideradas una amenaza sin necesidad de una orden judicial o audiencia previa. En la práctica, esto eliminaría protecciones legales fundamentales, como el derecho a un juicio justo y la posibilidad de presentar apelaciones.
En una entrevista para CNN, el exabogado general adjunto del Departamento de Seguridad Nacional, George Fishman, ha señalado que "la aplicación de esta ley no se sostendría en un tribunal federal, porque no creo que sus acciones puedan atribuirse a gobiernos. Y aún si pudieran, entonces surge la pregunta de si la inmigración ilegal masiva constituye una invasión". En Estados Unidos, las cortes han establecido que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, poseen derechos básicos bajo la Constitución. Sin embargo, la falta de claridad en la redacción de la ley de 1798 genera incertidumbre sobre cómo los tribunales responderían ante una eventual aplicación.
Por otro lado según Katherine Yon Ebright, abogada del Brennan Center, declaró para CNN, que las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, han anunciado que, en caso de que el gobierno de Trump intente aplicar esta medida, "nos opondríamos a cualquier invocación como un abuso de la autoridad en tiempos de guerra”. Se argumenta que esta legislación no puede usarse contra personas que residen en el país sin que haya una guerra declarada con su nación de origen. Además, los abogados señalan que la deportación sin el debido proceso podría ser considerada una acción arbitraria y una violación de tratados internacionales ratificados por Estados Unidos.
El posible uso de esta norma genera gran incertidumbre en la comunidad inmigrante. Muchos de los afectados provienen de países que tienen una fuerte relación comercial con Estados Unidos, incluyendo aquellos donde se produce una marca de autos muy exportada en EE. UU. La aplicación de la ley podría incluso generar tensiones diplomáticas, ya que afectaría a ciudadanos de naciones aliadas.
En este contexto, el panorama legal se mantiene incierto. Aunque la administración Trump ha expresado su intención de reforzar las deportaciones, la implementación de una ley con más de dos siglos de antigüedad enfrenta múltiples desafíos. El debate continúa, y la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta controversial propuesta.
