ICE, FBI y CBP reinician redadas contra inmigrantes indocumentados en esta popular zona de California
Las redadas han intensificado el debate sobre las políticas migratorias en EE. UU., aumentándolas deportaciones y creando un clima de temor en áreas con normativas de "ciudad santuario".
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El pasado 23 de febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó varias redadas en Los Ángeles, lo que generó preocupación entre las comunidades afectadas. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia implementada por el gobierno de Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados en diversas ciudades clave del país. Las operaciones, efectuadas en coordinación con el FBI, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., han intensificado el debate en torno a las políticas migratorias vigentes en la nación.
Las últimas intervenciones realizadas bajo la administración de Trump, ha provocado un aumento en las deportaciones y un clima de incertidumbre, especialmente en estados como California. Los Ángeles, conocido por ser un bastión de políticas de 'ciudad santuario', ha sido testigo de cómo las redadas de ICE ponen en riesgo la seguridad de las comunidades inmigrantes, que históricamente han encontrado refugio en las políticas locales de protección.
Estados Unidos: ¿en qué zona de California se reiniciaron las redadas?
Las redadas de ICE en Los Ángeles han generado un ambiente de miedo y desconfianza en la comunidad inmigrante. Muchas familias temen ser separadas y deportadas, lo que ha provocado un aumento en la ansiedad generalizada. Las organizaciones comunitarias, por su parte, han redoblado sus esfuerzos para ofrecer apoyo legal y emocional a quienes se sienten amenazados por las acciones de ICE. Esta situación ha puesto de manifiesto las tensiones entre la política de inmigración federal y las políticas locales de "ciudad santuario" que buscan proteger a los inmigrantes.
En varias ciudades de Estados Unidos, especialmente en California, existen políticas de "ciudad santuario" que limitan la cooperación entre las autoridades locales y las agencias migratorias federales. Estas políticas han sido duramente criticadas por el gobierno de Trump, que busca intensificar la aplicación de la ley migratoria a nivel nacional. Sin embargo, la reciente ola de redadas en Los Ángeles pone en evidencia la tensión entre las políticas de protección local y las acciones federales para incrementar el control migratorio.
Las últimas intervenciones realizadas bajo la administración de Trump, ha provocado un aumento en las deportaciones y un clima de incertidumbre, especialmente en estados como California. Foto: ICE
Los Ángeles: ¿qué piensan los líderes comunitarios en California sobre las redadas de ICE?
Líderes comunitarios manifestaron su rechazo a las redadas migratorias, argumentando que no solo perjudican a los inmigrantes, sino que también afectan la estabilidad social y la seguridad en las comunidades. Según sus declaraciones, la criminalización de este grupo genera un clima de temor que dificulta la cooperación entre los residentes y las autoridades locales, restringe el acceso a servicios esenciales y desalienta la denuncia de delitos por miedo a represalias.
El futuro de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos sigue siendo incierto, ya que en los últimos años las políticas migratorias se han vuelto más estrictas. Estas medidas intensificaron el conflicto entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y el gobierno federal, alimentando un debate constante sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad fronteriza, el respeto a los derechos humanos y la integración social.
¿Qué es la ley de “santuario” en California de Gavin Newsom y en qué consiste?
La reciente legislación impulsada por Gavin Newsom busca limitar la colaboración entre las autoridades estatales y locales de California con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que respecta a la detención y deportación de inmigrantes. Según el medio Político, esta normativa fortalecería la SB 54, conocida como la Ley de Valores de California, que ya restringe el acceso de las autoridades federales a los detenidos en las prisiones estatales y locales.
Uno de los puntos clave de esta nueva propuesta es la restricción para que los centros penitenciarios estatales informen al ICE sobre las fechas de liberación de personas con antecedentes criminales no violentos. Además, se estipula que los funcionarios carcelarios solo podrán transferir a los detenidos a custodia federal si cuentan con una orden judicial explícita.
¿Cómo actúa ICE durante las redadas en Estados Unidos?
ICE ejecuta redadas migratorias basándose en órdenes de arresto o en información previa sobre el estatus de un individuo. Estas son algunas de las formas en que se realizan:
Redadas en lugares de trabajo: Las empresas pueden ser objeto de auditorías o inspecciones sorpresa por parte de ICE para verificar el estatus migratorio de sus empleados. Si se encuentran trabajadores sin documentos, pueden ser detenidos y sometidos a procesos de deportación.
Operativos en viviendas: ICE puede visitar domicilios en busca de inmigrantes con órdenes de deportación o antecedentes migratorios. En muchos casos, los agentes intentan ingresar sin orden judicial, pidiendo a los residentes que abran la puerta. Sin embargo, los inmigrantes tienen derechos legales, como el de no abrir la puerta sin una orden firmada por un juez.
Arrestos en la vía pública: Los agentes de ICE pueden detener a personas en calles, estaciones de transporte o espacios públicos, generalmente tras verificar su información en bases de datos. Esto sucede con frecuencia en ciudades sin políticas de santuario.
Colaboración con otras agencias: En algunos casos, ICE trabaja con departamentos de policía local o estatal, aunque en muchas ciudades hay políticas que limitan esta cooperación para proteger a las comunidades migrantes.
Gobierno de Trump denuncia a Kathy Hochul por proteger a inmigrantes
La administración de Donald Trump presentó una demanda contra la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, argumentando que sus políticas de protección a inmigrantes obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración. Esta acción legal se produce en medio de un debate cada vez más intenso sobre el papel de los estados en la defensa de los derechos de los inmigrantes, enfrentando posturas divergentes entre las autoridades estatales y el gobierno federal.
