Educación en el Perú: Volver a las clases no es igual para todos
El inicio del año escolar no es solo abrir las puertas de los colegios. Es una oportunidad para mirar de cerca a quienes están en riesgo de quedarse fuera del sistema y de los que están quedando fuera.
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Por Sandra Carrillo L. Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Antes de la pandemia, el "Buen Inicio del Año Escolar" era una campaña clave liderada por el Ministerio de Educación en coordinación con los gobiernos regionales. Su objetivo era garantizar condiciones básicas en las escuelas: distribución de materiales educativos, infraestructura en buen estado, plazas docentes cubiertas y mobiliario adecuado. Además, movilizaba a distintas instancias para comprometer a los actores involucrados en la tarea de recibir a los estudiantes en un entorno preparado.
Luego llegó la pandemia y cerró todas las escuelas del país. Si bien la reapertura fue progresiva, no fue hasta 2022 que se retomó la presencialidad total. En ese momento, la preocupación principal era el rezago académico, la deserción y el impacto socioemocional del confinamiento en los estudiantes. Sin embargo, con el paso de los años, estos énfasis han ido perdiéndose y, con ellos, la visibilización del rol de las familias en este proceso. Tanto aquellas que inician la escolaridad de sus hijos como las que los envían de regreso a clases enfrentan múltiples desafíos que muchas veces el sistema no contempla ni atiende.
Sandra Carrillo L., investigadora del IEP, opina que el inicio del año escolar no es solo darle la bienvenida a los estudiantes.
El inicio del año escolar es una responsabilidad compartida. El Ministerio de Educación se prepara con meses de anticipación para coordinar con sus direcciones regionales y asegurar las condiciones mínimas en las escuelas. Los directores, con recursos limitados, intentan mejorar las instalaciones y completar su plana docente. Mientras tanto, las familias hacen lo posible por matricular a sus hijos, comprar útiles, uniformes y organizar la logística del transporte y la alimentación. Esta dinámica anual refuerza un acuerdo implícito entre el Estado y los hogares para garantizar, al menos en términos de acceso, el derecho a la educación.
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Sin embargo, en el país no todas las familias tienen las mismas oportunidades ni enfrentan las mismas condiciones. La educación pública no garantiza una enseñanza de calidad para todos, y la privada tampoco. La diferencia entre lo que un niño puede aprender en la escuela muchas veces depende de los recursos económicos de su familia: más dinero, más oportunidades. El Estado no logra responder a esta desigualdad y, en algunos casos, parece estar renunciando al propósito de brindar cobertura y calidad a quienes más lo necesitan.
La decisión de enviar o no a un niño al colegio no es solo económica. Hay familias que enfrentan riesgos de seguridad, con rutas peligrosas hacia la escuela o colegios ubicados en entornos inseguros. Otras viven en zonas sin infraestructura educativa cercana o con escuelas afectadas por inundaciones o derrumbes. Existen hogares donde el factor de género determina las oportunidades: niñas que deben quedarse en casa para realizar tareas domésticas o cuidar a sus hermanos menores, adolescentes hombres que deben trabajar para contribuir a la economía familiar o madres jóvenes cuyos tiempos ya no encajan con la jornada escolar tradicional.
Cuando un estudiante deja la escuela e interrumpe sus estudios, el sistema lo etiqueta como “desertor”, como si la responsabilidad fuera solo suya. Pero la realidad es mucho más compleja. ¿Qué pasa con el niño que abandona la escuela porque sufre violencia en el aula? ¿Con el adolescente que debe trabajar tras la muerte de su madre o padre? ¿Con la joven que, al convertirse en madre, no encuentra un espacio flexible que le permita continuar sus estudios? El sistema educativo, que debería garantizar el acceso y la permanencia, no siempre está preparado para atender estas realidades.
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Si de verdad se quiere garantizar un buen inicio del año escolar para todos, el sistema debe identificar a los niños y adolescentes en riesgo de exclusión o que han interrumpido sus estudios y ofrecer soluciones concretas. Es urgente desarrollar modelos educativos flexibles que contemplen apoyos económicos, servicios de nivelación académica, asistencia psicológica y estrategias de inclusión dentro de las propias escuelas. Esto no puede depender únicamente de iniciativas aisladas, sino de una política clara liderada por el Estado, en sus tres niveles, y ejecutada en cada institución educativa con el liderazgo de sus directores.
El inicio del año escolar no es solo abrir las puertas de los colegios y dar la bienvenida a los estudiantes. Es una oportunidad para mirar de cerca a quienes están en riesgo de quedarse fuera del sistema y también de los que están quedando fuera, cuestionar las respuestas que se han dado hasta ahora y movilizar a todos los actores para garantizar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin estudiar. Porque la educación no debe ser un privilegio, sino un derecho real y efectivo para todos.
