Conservadores buscan eliminar el feminicidio del Código Penal
Congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular y legisladores de su línea de pensamiento presentaron un proyecto de ley que propone eliminar este delito y reemplazarlo por el de “asesinato de pareja”. Exministras y especialistas advierten que esta medida representa un gran retroceso en la lucha contra la violencia y la protección de las mujeres. Entre enero y febrero del 2025 se registraron 31 casos de feminicidios y 35 casos de tentativa de feminicidios, según el programa de Aurora.
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Una nueva propuesta conservadora ha generado la preocupación de defensores de los derechos de las mujeres. Se trata del Proyecto de Ley n° 10342/2024-CR, presentado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), que busca eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por el de “asesinato de la pareja”.
La iniciativa, que, según su impulsora, busca garantizar el “principio de igualdad ante la ley” ha sido duramente cuestionada, ya que podría significar, según expertos y exministras de la Mujer, un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género y en la protección de las mujeres en situación de riesgo.
Detrás de esta iniciativa está un grupo de congresistas de Renovación Popular y Podemos Perú, quienes han suscrito el proyecto como coautores: Miguel Ciccia Vásquez, Jorge Zeballos Aponte, Patricia Chirinos Venegas, Esdras Medina Minaya, Alejandro Muñante Barrios, Cheryl Trigozo Reátegui y Noelia Herrera Medina. Todos respaldan la eliminación del feminicidio como figura penal.
Legisladores aducen que la figura penal del feminicidio rompe la igualdad entre hombres y mujeres por cuestiones ideológica.
¿De qué trata el proyecto de ley?
El proyecto de ley, que permanece en comisión, busca cambiar la definición del feminicidio que hoy califica el asesinato de una mujer “por su condición de tal”. La iniciativa de Milagros Jáuregui pretende eliminar esta referencia específica y reemplazarla por “cónyuge o conviviente” como sujetos del delito, sin reconocer la dimensión de la violencia de género.
Cabe recordar que el delito de feminicidio fue incorporado al Código Penal peruano a través de la Ley n° 29819, que fue promulgada el 26 de diciembre de 2011. Esta norma modificó el artículo 107, estableciendo una pena privativa de libertad no menor de 25 años cuando la víctima es o ha sido cónyuge, conviviente o ha mantenido una relación análoga con el agresor.
Con esta reforma, el feminicidio se reconoció como un crimen con características propias, diferenciándolo del homicidio común. Y este año, entre enero y febrero, se registraron 31 casos de feminicidio y 35 intentos de este grave delito. Iniciativa es un retroceso.
Marcha. El último 8 de marzo se recordó la lucha de las mujeres por una vida segura y libre de violencia.
La exministra de la Mujer Gloria Montenegro advirtió a La República que eliminar el delito de feminicidio representa un grave retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. Recordó que la tipificación de este crimen en el Código Penal fue el resultado de años de lucha y sacrificio de miles de mujeres y sus familias, por lo que sostuvo que ninguna medida que garantice la seguridad de las mujeres debería ser eliminada.
Asimismo, enfatizó que la violencia de género es un problema estructural que requiere un compromiso firme del Estado.
Montenegro también cuestionó la falta de análisis de los congresistas respecto a la realidad del feminicidio en el país. Alertó de que si se aprueba esta propuesta, se volvería a una época en la que estos crímenes eran tratados como homicidios comunes, lo que invisibiliza su verdadera naturaleza e impacto en la sociedad.
Además, criticó la ineficacia del sistema de justicia, que registra más de 200.000 denuncias de violencia contra la mujer cada año, pero con menos del 1% de los casos sentenciados.
En esa línea, hizo un llamado a fortalecer la legislación vigente y a respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en lugar de desmantelar los avances alcanzados en materia de protección.
Visibilizando la violencia de género
La exministra de la Mujer Ana Jara destacó que la tipificación del feminicidio como un delito autónomo permitió visibilizar la violencia de género y diferenciarlo del homicidio común. Explicó que separarlo de otras formas de asesinato no solo evidenció la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres, sino que también expuso los patrones machistas y de superioridad que “justifican” estas agresiones.
“Seguimos siendo las estadísticas, lamentablemente así lo indican”, afirma y subraya que el feminicidio es la manifestación más extrema de una problemática social profundamente arraigada en la sociedad.
Jara sostiene que reemplazar el feminicidio por un término genérico, como “asesinato de la pareja”, no solo invisibiliza la violencia de género, sino que también dificulta la recopilación de datos sobre estos crímenes. Resalta que sin estadísticas claras, el Estado perdería una herramienta clave para perfeccionar sus políticas criminales y estrategias de prevención.
Recordó que, si bien hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, las mujeres siguen siendo una población vulnerable, y la legislación debe garantizar su protección.
Gestora. La congresista Milagros Jáuregui es autora del PL. Ella también está en contra de la educación sexual en los colegios.
Formas de violencia
Por su parte, Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, advierte que eliminar la figura del feminicidio significa desconocer las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres. Sostiene que este crimen no solo ocurre dentro de una relación de pareja, sino que también abarca violencia sexual, acoso y crímenes de odio por razón de género.
Un claro ejemplo es el caso de Eyvi Ágreda, quien fue acosada por su agresor antes de ser rociada con combustible y quemada en un bus. “Su asesinato no fue un simple homicidio, sino el resultado de un patrón de violencia de género que no se frenó a tiempo”.
Meléndez destaca que los feminicidios no pueden equipararse a otros crímenes violentos porque responden a dinámicas específicas, donde la víctima es atacada por su condición de mujer. Los agresores no solo buscan causar daño, sino ejercer poder, control y castigo. Retroceder en la legislación sería un mensaje devastador para las víctimas y sus familias.
