Congreso da golpe contra las ONG a través de ley que somete su financiamiento y persigue sus actividades
Con 81 votos a favor, el fujimorismo y sus bancadas satélites dan un golpe contra la sociedad civil para empoderar a la APCI, regular el financiamiento y sancionar actividades de las ONG
El Congreso ha dado un nuevo golpe. Esta vez contra la sociedad civil. Con 81 votos a favor, el fujimorismo y sus bancadas satélites, aprobaron en el Pleno una ley para perseguir el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus actividades.
Solo 16 congresitas se opusieron a este zarpazo. Mientras que 4 votaron en abstención.
Las bancadas que respaldaron esta iniciativa de ley fueron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. Todo el pacto que gobierna el Congreso y defiende el régimen de Dina Boluarte.
Las únicas agrupaciones que rechazaron la propuesta fueron las de izquierda: Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular.
Ley contra las ONG: lo que dice el dictamen
El dictamen había sido presentado por la presidenta fujimorista de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando. Su propuesta señala que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) será empoderada para fiscalizar el financiamiento extranjero que llega a las ONG.
Además, dice que el Consejo Directivo de la APCI estará conformado por el ministro de Relaciones Exteriores, un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas. De esa manera, este organismo tendrá una cuota mayor del gobierno de turno.
Dicha ley considera como infracciones graves que las ONG financien actividades que supuestamente vayan contra el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y el orden interno. Ese planteamiento apuntaría a perseguir a las organizaciones que respaldan plantones y movilizaciones.
También considera una infracción grave que las ONG financien o asesoren acciones administrativas y judiciales en instancias nacionales o internacionales contra el Estado Peruano. De esa manera, también se somete al apoyo legal que estas organizaciones pueden brindar a víctimas de violaciones de derechos humanos.
La ley amenaza a las ONG con denunciarlas ante el Ministerio Público de encontrar indicios o evidencias de que el financiamiento está destinado para actividades ilícitas.
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Las sanciones que plantea esta propuesta de norma es una multa de hasta 500 UIT y la cancelación de la inscripción de la ONG señalada.
Fujimoristas y aliados: el coro que ataca a las ONG
Así fue aprobado el texto. El fujiimorismo no operó solo. Sus demás bancadas aliadas los respaldaron en el debate en el hemiciclo. "No podemos permitir que millones de soles no tengan fiscalización. Acá estamos yendo para que todas, mediante la transparencia, se inscriban y se sepa qué finalidad tienen", exclamó el congresista de Honor y Democracia, José Cueto.
"Hoy estamos ante uno de los proyectos más importantes de este periodo parlamentario. Una propuesta legislativa que va a cortar el modus operandi de quienes, aprovechándose de la cooperación internacional, se llenan los bolsillos a costa del destino de los más pobres del Perú", manifestó el fujimorista Alejandro Aguinaga.
"¡Basta ya de lucrar con la pobreza de nuestro país!", dijo la legisladora del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, para sumarse al coro.
La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, advirtió que sancionar las actividades de las ONG es inconstitucional. "En la propuesta se incluye un registro de organizaciones que realizan activismo político. Esto podría considerarse contrario a lo que señala el artículo 2 de la Constitución. Estaría contraviniendo la libertad de pensamiento y expresión", sostuvo.
Paredes pidió una cuestión previa para que el texto sea mejorado en comisiones, pero su solicitud fue rechazada.
Doble rasero del Congreso
Los congresistas de izquierda, Guillermo Bermejo y Alex Flores, cuestionaron el doble estándar de sus colegas que defienden esta ley y alegan que la aprueban porque defienden la soberanía del país frente al financiamiento extranjero.
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"La creación de las ONG fue promovido por el imperialismo norteamericano. Pero también existen los lobbys religiosos. No es el único. También están los lobbys internacionales que financian partidos políticos de ultraderecha", recordó Bermejo.
"Hay un doble rasero. Esto apunta claramente a las ONG de derechos humanos y ambientalistas. Pero también hay ONGs de derecha. No se puede legislar con nombre propio. Es decir, quieren tener un control político sobre aquellas ONG que no les gusta. El espacio que ha dejado el Estado, al no atender a los más necesitados, fue copado por las ONG. Demos un plan integral de solución. No digan que se atenta contra la soberanía, si fuera así, no aprueben que haya bases extranjeras aquí. Ustedes quieren desaparecer las ONG", protestó Flores.
Pero en el fujimorismo y sus demás aliados, las votaciones ya estaban definidas. La ley fue aprobada y exonerada de trámite de segunda votación. La autógrafa será enviada a Palacio, donde es inminente que la presidenta Dina Boluarte no presentará ninguna observación.
Congreso en línea con Donald Trump
El Congreso aprueba esta ley en un contexto de ataques contra el financiamiento de la cooperación internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el 83% de los programas de ayuda exterior de USAID.
La derecha ultraconservadora peruana y el fujimorismo han apelado a la narrativa de que los fondos de USAID son utilizados en Perú para fines políticos. El trasfondo es que cuestionan la subvención al periodismo independiente que investiga los casos de corrupción.
La paranoia y los ataques llegó al extremo que la bancada de Renovación Popular propuso una moción para crear una comisión investigadora contra el financiamiento de USAID. El pedido todavía no es votado en el Pleno.
Dina Boluarte ataca a las ONG
Al ataque contra las ONG, antes de aprobarse la ley que fortalece a la APCI, se había sumado la presidenta Dina Boluarte. "Muchas financiadas con dinero que provenía del mundo internacional, priorizaban los derechos de aquellos criminales. En muchos países hemos visto como este concepto ha sido tergiversado para justificar agendas que erosionan la seguridad, desestabilizan las democracias y debilitan la soberanía de las naciones", expresó el 6 de febrero.
"No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como arma ideológica para socavar la autoridad del Estado y deslegitimar el principio del orden", agregó Boluarte.
La presidenta, cabe precisar, es investigada por la muerte de 44 personas en las protestas contra su régimen. Se trata de un caso de presuntas violaciones de derechos humanos.
