Defensoría cambia de postura y respalda proyecto de impunidad para delitos de lesa humanidad
Doble discurso. Antes, un informe de la institución liderada por Josué Gutiérrez consideró “desfavorable” la iniciativa del congresista Jorge Montoya. Sin embargo, el martes 22 hubo un giro y su defensor adjunto manifestó su apoyo a la propuesta.
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La Defensoría del Pueblo, que lidera el exabogado cerronista Josué Gutiérrez, pasó de oponerse a la impunidad para los delitos de lesa humanidad a respaldar la amnistía para estos casos.
El martes 22 de abril el defensor adjunto de Derechos Humanos, Carlos Fernández Millán, participó de una mesa de trabajo de la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, y consideró “necesario” el proyecto de ley del congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien propone la amnistía para investigados por delitos de lesa humanidad durante el periodo de violencia política (1980 – 2000) que se encuentran sin sentencia firme.
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Defensoría no empatiza con las víctimas del periodo de violencia política
Para sustentar su posición no se basó en argumentos legales ni en precedentes, sino únicamente en el tiempo transcurrido y en la afectación que ello causa en los investigados.
“De parte de la Defensoría existe una gran preocupación porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares.(…) Conocemos las realidades penitenciarias en las que han atravesado y están atravesando el proceso”, indicó.
No quedó ahí. Dijo que las personas que resultaron afectadas por la comisión de los delitos entre 1980 y 2000 “se sienten víctimas”.
En sus palabras: “Sería interesante que el sistema de justicia informe por qué tanto ha demorado la administración de justicia, perjudicando a las personas procesadas, la presunción de inocencia y también al otro lado a las personas que se sienten víctimas y no han recibido justicia”.
La postura del defensor adjunto de Derechos Humanos contradice la opinión técnica que la propia Defensoría del Pueblo había enviado seis meses antes.
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Informe de la Defensoría rechaza el proyecto de Jorge Montoya
El 22 de noviembre del año pasado, esta institución envió por escrito un informe sobre el tema.
Las seis páginas que conforman el documento son claras: la iniciativa legislativa no va. La Defensoría emitió una opinión “desfavorable” sobre el proyecto basándose en una serie de argumentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y con sentencias
anteriores de la Corte IDH y el Tribunal Constitucional sobre proyectos de ley similares.
La Defensoría fue determinante al rechazar el proyecto y alegó que varios tribunales regionales han sostenido que “una amnistía no puede abarcar crímenes de lesa humanidad en general, ni impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, tales como tortura, rapto, prisión forzada, incendio provocado intencionalmente, destrucción de bienes, secuestro, ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria y desaparición forzada”.
Asimismo, sostuvo que “ninguna mayoría política puede disponer de las libertades y demás derechos fundamentales”.
En ese sentido, concluyó que una ley de amnistía no podría comprender delitos que expresen un manifiesto desprecio por la vida, la integridad y la dignidad de las personas (…) como son los ilícitos presuntamente cometidos por los civiles, militares y policiales que se pretende amnistiar con el proyecto de ley”.
La Defensoría también recordó que la Corte IDH en su sentencia de fecha 14 de marzo del 2001, recaída en el caso Barrios Altos se pronunció expresamente sobre la incompatibilidad de la Ley n° 26479 y la declaró incompatible con la Convención Americana porque perpetúan la impunidad e indefensión de las víctimas.
El informe de la institución en ningún momento hace suya la propuesta de Montoya. De hecho, el 6 de febrero último, la Defensoría envió un oficio a Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y le recordó el informe presentado y su opinión desfavorable.
Pero ahora hubo un giro inesperado a favor del Congreso. La República se comunicó con el defensor del Pueblo para conocer qué motivó el cambio de postura y cuál sería la opinión definitiva, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta
