Vladimir Cerrón y Juan Silva sí tienen orden de captura vigente: Poder Judicial confirma requisitorias vigentes
El Ministerio del Interior cometió un error al sacar del programa de recompensas a Vladimir Cerrón y Juan Silva. PNP también confirma orden de captura.
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Vladimir Cerrón y Juan Silva si tienen una requisitoria vigente pese a ello, el programa de recompensas del Ministerio del Interior los sacó de la lista de los más buscados.
A través de un comunicado, el Poder Judicial informaron que el pasado 23 de enero de 2025, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional sí cumplió con oficiar a la oficina de Requisitorias de la Policía Nacional, la renovación de ubicación, captura y conducción contra Vladimir Cerrón Rojas, en el marco de la investigación por organización criminal y lavado de activos.
De acuerdo a la información que recogió La República, recién el último jueves 24 de abril, el juez Leodan Cristóbal Ayala, evaluaba el pedido de Vladimir Cerrón para dejar sin efecto su mandato de prisión preventiva, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político, Perú Libre.
Efectivamente, la audiencia fue instalada a las 9 de la mañana, pero la defensa de Cerrón pidió al juez reprogramar la sesión porque no tenía la documentación para sustentar la nulidad del pedido de prisión. Además, señaló que se encontraba fuera de Lima por compromisos personales.
A ello, la Fiscalía señaló que la sesión se estableció desde el pasado 19 marzo, por lo que pidió que la audiencia continúe. En tanto, el magistrado llamó la atención a la defensa de Cerrón, debido a que había una falta de interés en debatir la variación de prisión de su patrocinado, por lo que le impuso una multa.
"Si bien la defensa a referido que ha viajado a provincia por motivos personales, no ha presentado un escrito por lo que se ha dispuesto imponer dos unidades de referencia procesal (1070 soles)", dijo el juez Cristóbal Ayala
De esta manera, la audiencia fue reprograma para el próximo 29 de mayo la audiencia a las 3.00 de la tarde. Es decir, se confirma que sí había una orden de captura vigente, por lo que el Ministerio del Interior cometió un error.
Fuentes de la Policía Judicial también informaron a La República que cuando colocas el nombre y apellido del fundador de Perú Libre sale con una orden de ubicación y detención por el presunto delito de lavado de activos.
Ministerio del Interior también se equivocó en el caso de Juan Silva
En paralelo al caso de Cerrón, el Poder Judicial anunció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria renovó las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra exministro Juan Silva Villegas, quien tiene vigente una orden de prisión preventiva por 36 meses.
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El juzgado precisó que se dispuso que la División Policial y la Oficina de Requisitorias del Poder Judicial e Interpol informen, antes de su vencimiento, la renovación periódica de la ubicación y captura de Silva Villegas.
Sobre este caso, en febrero de este año Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el 2022, solicitó ante el juzgado de Juan Carlos Checkley Soria anular órdenes de captura por caso Puente Tarata.
No obstante, Checkley declaró "improcedente" la solicitud que hizo Silva Villegas. La defensa del investigado planteó este pedido al sostener que ya venció el plazo de vigencia del mandato de prisión preventiva por 36 meses.
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En respuesta, el magistrado determinó que la documentación presentada por la defensa legal de Juan Francisco Silva no constituye nuevos elementos de convicción que permitan variar la situación legal de su patrocinado.
Cuestionamientos por designación de nuevo viceministro
Vale destacar que, Maxfredid Félix Pérez Rodríguez, quien acaba de asumir el viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior, lidera la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad, la misma que se encarga de determinar quiénes son incluidos o excluidos del programa
Pérez Rodríguez fue precisamente cuestionado cuando integraba la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) por no vigilar a Nicanor Boluarte luego de que el Poder Judicial ordenó una prisión preventiva de 36 meses en su contra por el caso Los Waykis en la Sombra por el presunto delito de organización criminal.
